100.000 personas piden en Bilbao el fin de la dispersión de los presos del conflicto vasco

Este sábado 13 enero, como cada año desde 2008, una gran manifestación recorrió Bilbao para demandar el acercamiento de los presos vascos. Más de 95.000 personas, según el recuento de GARA y NAIZ, han secundado la manifestación organizada por la plataforma ciudadana Sare para reclamar el fin de la “vulneración de derechos de las presas y presos políticos vascos y sus familiares”.

Ni la lluvia ni el frío impidieron que decenas de miles de personas acudan a esta manifestación multitudinaria que se celebra cada año en enero. Una movilización que los convocantes consideran necesaria para hacer mover a los Estados ya que estos “o se mueven, se les mueve”.

En una rueda de prensa celebrada este 14 de enero, Sare interpretó la marcha como un “no rotundo a una política penitenciaria, que hace de ella una herramienta de odio y de venganza”. Para esta plataforma de organizaciones sindicales y de derechos humanos, es la ciudadanía quién debe impulsar los cambios demandados: “Es la sociedad articulada, organizada, la que debe ser la punta de lanza de los cambios profundos que en la cuestión de las cárceles necesitan acometer los Gobiernos español y francés”.

Política antiterrorista

“Granada 875 kilómetros” o “Almería 1.040 kilómetros” son carteles que suelen encontrarse los familiares de los presos y presas vascas, que se ven obligados a conducir durante larguísimas horas poniendo en peligro sus vidas, tal como denuncia el colectivo Etxerat. La condena de las personas que están en prisión se extiende a sus familiares, que deben recorrer mensualmente o incluso semanalmente cientos de kilómetros para obtener solo 40 minutos de visita. Desde el año 1989, se han producido 16 víctimas mortales en accidentes de tráfico. De los cerca de 300 presos vinculados a ETA y a la izquierda abertzale solo cinco están ahora mismo en prisiones de Euskal Herria.

La Ley Orgánica 7/2003 —que aumentó la pena máxima para las personas condenadas por terrorismo de 30 a 40 años—, la política de dispersión carcelaria —que ha alejado de sus domicilios a los presos de ETA y la izquierda abertzale— o la doctrina Parot son algunas de las leyes que han hecho imposible el acercamiento de los presos vascos. Además, es habitual la prorrogación sucesiva de las condenas, dando lugar a una cadena perpetua encubierta, tal como denuncian las asociaciones de familiares de presos.

Una situación que se ve agravada en el caso de los 21 presos políticos vascos gravemente enfermos. Son los casos de Ibon Iparragirre o de Mikel Arrieta, en Algeciras, ciudad situada a cerca de 1.100 kilómetros de su hogar. 

Esta dispersión está interpelada a nivel europeo en el Tribunal de Estrasburgo y ahora también por el Estado francés, a través del Ministerio de Justicia. Las prisiones de Mont de Marsan —en Las Landas— y Lannemezan —en Altos Pirineos— serán los destinos de los presos y presas que se beneficiarán de las medidas de acercamiento del Estado francés. Actualmente son 60 los presos políticos que hay en Francia. En España actualmente existen alrededor de 250.