Espionaje
Pegasus: el espionaje marroquí que llegó hasta la Guardia Civil

El teléfono personal de un alto mando de la Guardia Civil aparece entre los objetivos del espionaje con Pegasus atribuido a Marruecos. Alberto Aguilera, actual responsable de innovación tecnológica y transformación digital de la Guardia Civil y antiguo jefe de Información en Cataluña, fue además agregado de Interior y uno de los principales enlaces entre España y Marruecos.

Durante su destino en el país vecino llegó a participar en la creación de un centro de coordinación hispanomarroquí en Tánger. Sin embargo, según las últimas revelaciones del Proyecto Pegasus, su teléfono personal fue seleccionado para ser infectado con el software de espionaje israelí después de que abandonara Marruecos.

El caso de Aguilera se suma a una investigación que permite reconstruir con mayor detalle el alcance de la utilización de Pegasus por parte de los servicios de inteligencia marroquíes y los perfiles que fueron situados en el punto de mira.

Las pruebas que apuntan a Marruecos

Una de las primeras evidencias obtenidas por el equipo de investigación para certificar el uso de Pegasus por Marruecos fue la identificación de números pertenecientes a altos cargos de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) entre los primeros dispositivos seleccionados.

Según las fuentes consultadas por el Proyecto Pegasus, esos teléfonos fueron utilizados para probar y testar el sistema antes de decidir su incorporación al arsenal tecnológico marroquí. Los periodistas que participan en la investigación han podido hablar además con personas que estuvieron presentes en aquellas demostraciones.

La investigación dispone también de listas de números que, durante un determinado periodo, Marruecos intentó infectar con Pegasus en diferentes países, entre ellos España, Francia y Alemania. El volumen de posibles víctimas es tal que, según uno de los investigadores, todavía no han podido contactar con todas ellas.

Asimismo aseguran haber localizado la estructura desde la que la DGST operaría Pegasus y los ordenadores utilizados por sus analistas. “Según fuentes humanas consultadas por el Proyecto Pegasus, cuando el objetivo es una persona de especial relevancia, la decisión no partiría directamente de la DGST”, precisa a El Salto el periodista José Bautista, que forma parte del equipo de investigación.

Concretamente, sitúa al “consejero real Fouad Ali El Himma y su área, denominada Bureau 21 (despacho 21) y ubicada en el Palacio Real, como parte de la cadena de órdenes que llegan hasta el director de la DGST, Abdellatif Hammouchi”.

El propio Gobierno ya confesó en 2022 que había sufrido espionaje con Pegasus un año antes, aunque eximió a Marruecos de su autoría

El traslado de información entre la DGST y el Palacio Real se realizaría, según estas mismas fuentes, a través de vehículos conocidos popularmente entre los agentes como “Óscar”. “La información viaja en unos sobres de un color y un tipo de sellado específicos, cerrados de una manera muy especial por arriba”, específica a este medio José Bautista.

Dentro de Marruecos, según la investigación, la DGST operaría Pegasus de manera exclusiva, aunque mantendría coordinación con la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio de inteligencia exterior cercano a la Corona. “La sala de máquinas está en la DGST e incluso tenemos localizada la sede donde están los ordenadores a los que acceden los analistas para operar Pegasus”, confiesa Bautista.

Igualmente, Proyecto Pegasus tiene identificados a los intermediarios, no solo a las empresas. Entre ellos un ingeniero reconocido en Rabat, que funciona como mediador, organiza las demostraciones con israelíes que vienen a enseñar Pegasus a los marroquíes. En Emiratos Árabes Reunidos también están implicadas personas cercanas al jeque Mohamed bin Zayed Al Nayahan, quienes dirigen en el país los servicios de inteligencia.

España, en el punto de mira

En España, entre los objetivos aparecen los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. El propio Gobierno ya confesó en 2022 que había sufrido espionaje con Pegasus un año antes, aunque eximió a Marruecos de su autoría a pesar de que las infecciones se produjeron durante la crisis diplomática bilateral por la acogida de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario.

En el caso del ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, los investigadores señalan que su número fue seleccionado, aunque los intentos de infección no tuvieron éxito. La explicación que ofrece una fuente de la investigación es que Planas mantenía actualizado el sistema de seguridad de su teléfono.

El caso de Alberto Aguilera añade una dimensión especialmente sensible: no se trata únicamente de un responsable político, sino de un alto mando de la Guardia Civil con experiencia directa en la cooperación policial con Marruecos.

La relación entre los aparatos de seguridad de ambos países continúa, además, siendo estrecha. El pasado 2 de julio, Abdellatif Hammouchi recibió a una delegación española de alto nivel encabezada por el general Luis Peláez Piñeiro, jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil.

Hammouchi ha recibido también dos condecoraciones del Ministerio del Interior español. La última fue la Gran Cruz del Mérito de la Guardia Civil, concedida por el ministro Fernando Grande-Marlaska en noviembre de 2025.

De esta manera, mientras las investigaciones sitúan a la DGST como responsable de la utilización de Pegasus contra objetivos españoles, su máximo responsable mantiene una relación institucional estrecha con los responsables españoles de seguridad.

Perfiles de opositores al régimen

Los objetivos identificados por la investigación tienen perfiles diversos, aunque muchos comparten una característica: su posición crítica con el régimen marroquí o su interés estratégico para los servicios de inteligencia.

Entre ellos aparecen periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, participantes en el movimiento rifeño Hirak y activistas saharauis. Pero la vigilancia habría alcanzado también a personas con poder institucional o político potencialmente relevantes para Marruecos: miembros de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (Minurso), diplomáticos argelinos y altos cargos políticos de Francia.

Para Bautista, el Gobierno habría priorizado la relación bilateral y habría cedido ante las estrategias de los servicios de inteligencia marroquíes, incluida la posición española sobre el Sáhara Occidental

El hecho de que un número de teléfono se introduzca en el sistema y se seleccione como objetivo ya demuestra la intención del operador de Pegasus de llevar a cabo una vigilancia encubierta sobre ese dispositivo, independientemente de si finalmente se infectó o no.

Cuando la infección tiene éxito, el sistema permite al operador acceder y gestionar información extraída del teléfono: llamadas, mensajes, correos electrónicos, calendario, contactos, navegación, archivos, aplicaciones y fotografías.

El acceso a estas credenciales robadas brinda una oportunidad para que el operador de Pegasus obtenga y mantenga el acceso a cuentas en línea confidenciales de la víctima, incluso cuando el dispositivo móvil en sí ya no está infectado.

El problema, advierten los investigadores, va mucho más allá de los teléfonos de unos cuantos altos cargos. “Los que piensen que están libres se equivocan de lleno”, señala José Bautista. La amenaza, sostiene, afecta al derecho a la información y a derechos fundamentales y no se limita a Marruecos, España o Francia.

Este periodista de investigación considera que Pegasus ejemplifica cómo los regímenes autoritarios combinan métodos tradicionales de represión con las tecnologías de vigilancia más avanzadas. El resultado, sostiene, es una “mayor capacidad para actuar en la sombra con mucha más violencia y más virulencia, silenciar voces, extorsionar, encarcelar o crear pruebas falsas”.

Es una cuestión también de responsabilidad subsidiaria, porque ese tipo de tecnologías en casi la mayoría de los casos se fabrica en países donde rige el Estado de derecho, como Alemania, Francia o Reino Unido.

Por ello Amnistía Internacional reclama una moratoria global sobre el comercio y la exportación de este tipo de herramientas, controles estatales sobre las licencias, posibilidad de revocarlas cuando existan indicios de uso abusivo y mecanismos efectivos de rendición de cuentas e investigación de las violaciones de derechos humanos.

La organización sostiene en una entrevista con El Salto que “la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos es independiente de la voluntad de los Estados e independiente de la existencia o no de normas nacionales que regulen el espionaje y cómo afectan a los derechos humanos”.

España y el coste de mirar hacia otro lado

Para José Bautista, España ha evitado confrontar con Marruecos pese a conocer el espionaje sufrido por responsables españoles. A su juicio, el Gobierno habría priorizado la relación bilateral y habría cedido ante las estrategias de los servicios de inteligencia marroquíes, incluida la posición española sobre el Sáhara Occidental.

Una fuente de la DGST consultada por la investigación llega a afirmar que España estaría “infiltrada a todos los niveles”, algo que, según el investigador del Proyecto Pegasus, “supone un problema potencialmente grave para la seguridad nacional”.

La respuesta judicial española tampoco ha estado, según estas fuentes, a la altura de la gravedad del caso. José Bautista critica la falta de colaboración y recuerda la clasificación como secreto de buena parte de la información solicitada por las víctimas. Eso contribuye, según Amnistía Internacional, a aumentar la sensación de indefensión.

Amnistía Internacional reclama también una respuesta europea. La organización lamenta que la Comisión Europea no esté haciendo un seguimiento suficiente de las conclusiones alcanzadas por la Comisión Pegasus.

En España, la intervención de las comunicaciones en investigaciones judiciales está regulada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando se trata de investigaciones ordenadas por el CNI existe una regulación específica que contempla un control judicial previo, pero Amnistía considera insuficiente la ausencia de un control posterior.

La organización alerta además de que la naturaleza extremadamente invasiva de Pegasus hace especialmente difícil garantizar la proporcionalidad de su utilización. “Lo que hemos observado es que lejos de utilizarlo para los fines que se describen, lucha contra el terrorismo o crimen organizado, los Estados lo han usado contra defensores de derechos humanos, periodistas o personas disidentes”, revela Amnistía Internacional en España.

El Consejo de Derechos Humanos consideró en una resolución de 2025 que el uso de programas espía contra defensores de derechos humanos constituye una amenaza para la democracia y el espacio cívico. “Por lo que es fundamental que los Estados se abstengan de aplicar medidas que violen derechos humanos, y establezcan mecanismos para proporcionar recursos adecuados a las víctimas relacionadas con las actividades de vigilancia, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”, mantiene AI.

Y un informe publicado el 15 de abril de 2026 por la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, alerta de las consecuencias de la vigilancia digital: miedo, desconfianza, estigmatización y un estado permanente de hipervigilancia. Pegasus, por tanto, no es únicamente una herramienta capaz de entrar en un teléfono. Es una tecnología que permite a los Estados conocer las comunicaciones, relaciones, movimientos y secretos de una persona sin que esta lo sepa.