Ceuta
Tardón se declara competente para investigar la entrada del 30J como atentado contra la integridad de España

Este lunes, 7 de septiembre, la Audiencia Nacional se ha declarado competente para investigar la entrada a Ceuta de miles de personas del pasado 30 de julio. La juez María Tardón, concejala del Ayuntamiento de Madrid entre 1999 y 2003 bajo el mandato del Partido Popular, ha tomado los argumentos de la fiscalía de que el episodio del 30 de julio supone un ataque contra la integridad territorial de España y afecta a la paz o independencia del Estado. Además, la Audiencia Nacional examinará los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros derivados de las muertes en el espigón del Tarajal, así como de posibles delitos por organización criminal.

Tardón sigue en la cresta de la ola de la polémica después de que, la semana pasada, trascendiera la filtración de un informe encargado por su juzgado al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional. Según este tribunal, el CENIF probaba en su informe que los acontecimientos del 30J no fueron de “naturaleza incidental, ocasional o espontánea, sino que fue un proceso en el que la finalidad migratoria operaba solo como cobertura formal”. Eso da pábulo a la teoría de la ”invasión“, palabra que ha utilizado hoy el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acto para ensalzar al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

La AN investigará, en este sentido, ”todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con tal entrada masiva e irregular de decenas de miles de inmigrantes, vulnerando la frontera española por el puesto fronterizo referido, en la forma que se ha detallado, tales como la articulación de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva”.

Pese a que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar a un presidente del Gobierno en ejercicio, este último párrafo abre la puerta para la posible elevación al Tribunal Supremo de un delito por traición o contra la seguridad del Estado, establecido en el artículo 102 de la Constitución, que ha enarbolado la extrema derecha de Vox en sintonía con la idea de que el Gobierno no dio la respuesta adecuada a la entrada del 30J por motivos ocultos. Para que esa elevación al Supremo se llevara a efecto es necesaria una mayoría en el Parlamento que Vox y Partido Popular —que no se ha pronunciado sobre ello— no tienen, pero que podrían intentar formar con el acuerdo de Junts. 

Un informe controvertido

El informe policial, que no es concluyente en las cuestiones básicas sobre la mesa fue solicitado por el Juzgado Central de Instrucción número 3 con el requerimiento de que no fuese puesto en conocimiento del ministro de Interior. En él si se explicita que gendarmes marroquíes guiaron y fueron permisivos con las personas migrantes que quisieron llegar a Ceuta, aunque no se establece la responsabilidad del Régimen de Marruecos en la entrada masiva del 30J ni el posible conocimiento del Gobierno de esa entrada antes de que se produjera.

Según ha justificado Tardón en su auto, el episodio vivido en Ceuta desde el 30 de julio, “ha atacado gravemente la integralidad (sic.) territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución”. El juzgado considera que, aunque se trata de un delito cometido en el extranjero, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) fija “la competencia de la jurisdicción española para conocer los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional”.

El informe del fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, que fue emitido el pasado viernes, sigue a la denuncia inicial planteada por la formación de extrema derecha Iustitia Europa. El Gobierno sigue tratando de eludir la posible responsabilidad de Rabat en unos hechos que han puesto a prueba la ya delicada relación entre los dos gobiernos y el sistema de externalización de fronteras puesto en marcha por la Unión Europea en base a acuerdos con terceros países. El lunes, el ministro de Exteriores José Manuel Albares explicó que el Ejecutivo sigue “analizando las causas y los motivos” de la entrada masiva del 30J y que, tras el aluvión recibido, siempre están las causas de la pobreza y la desigualdad.

En la otra acera, Feijóo y Vivas han seguido cargando las tintas contra el Gobierno acusándolo de estar a merced del Reino de Marruecos. Para Feijóo, solo la intervención de Vivas ha puesto freno a un supuesto plan “que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino”.