Ertzaintza
La Ertzaintza que viene

No todos van con verduguillo, pero casi todos se lo han calzado alguna vez: una especie de pasamontañas negro, como de luto, que les comprime la cara, les hace menos humanos, menos reconocibles y, por tanto, más impunes. Con ETA presente encontraron su razón de ser. Ahora te puedes cruzar con un antidisturbios en el súper, sin darte cuenta. Llevan cámaras de vigilancia pegadas al cuerpo y usan porta granadas made in Israel. Unos pocos no salen de los despachos de las comisarías, que empiezan a incorporar tecnologías para la predicción de delitos. Hay, en total, 7.571 agentes, de los cuales 447 son beltzas (la Brigada Móvil) y aún sobreviven 23 berrozis (el Grupo Especial de Intervenciones). 

Las actuaciones de este cuerpo policial vasco están bajo la lupa, cuestionadas. No solo las que llevan a cabo en la calle, también en los calabozos, en los despachos o incluso cuando dejan su ropa oficial en casa. Desproporción, agresiones en comisarías, gasto público exacerbado, negocios con empresas armamentísticas israelíes y facilidades de ascenso o salida hacia la empresa privada caracterizan la historia de la Ertzaintza.

En 2022, los presupuestos del Gobierno Vasco destinan 725 millones de euros a la Seguridad. En su mayoría, 686 millones, están reservados para el cuerpo de policía autonómico. Echando la vista una década atrás, en 2012 el presupuesto de los ertzainas era de algo más de 615 millones. La progresión es nítida: 100 millones en una década.

El gasto policial medio español supera el europeo, por encima de países como Dinamarca, Finlandia o Suecia, pero se sitúa a la cola si tenemos en cuenta el gasto para políticas familiares, niñez o exclusión. A día de hoy, Euskadi tiene un total de 15.000 agentes armados —Ertzaintza, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local— lo que supone 6,9 efectivos por cada mil habitantes. Por encima, según el Eurostat, del Estado europeo con más policías, Montenegro, con 6,4. Esa cifra baja hasta el 3,7 en Bélgica y al 3,5 en la vecina Francia. En el caso español son 5,3 agentes por cada mil personas. Este dato hunde sus raíces en la constante amenaza terrorista de ETA. Y se mantiene desde entonces, a pesar de su desaparición.

De Cabacas a hoy

La última pelota de goma que se escupió en Euskadi salió de los cañones de las unidades de Seguridad Ciudadana de la Ertzaintza. Esa última bola rebota desde el 9 de abril de 2012 hasta los 40 años recién cumplidos. Entraron a la plaza Kirruli aduciendo que allí había unos “cabezas rapadas” que nunca aparecieron. Iñigo Cabacas tenía 28 años. Era Jueves Santo. Su cuerpo no salió con vida de aquel callejón. 

Nunca más, se perjura desde las instancias competentes, se han vuelto a usar pelotas de goma —aunque sí admiten seguir entrenando con ellas—. Ahora, dicen, los proyectiles viscoelásticos son más eficaces. El caso Cabacas fue cerrado sin sanciones disciplinarias después de que la fase judicial acabara con una única condena de dos años sin cárcel. ESAN, el segundo sindicato con más representación en la Ertzaintza, reivindica el uso de las pelotas de goma en cargas como las recientes de la empresa Tubacex, donde sí se han utilizado balas de foam y porrazos para evitar las manifestaciones y jornadas de huelga de los trabajadores. El uso policial de pelotas de goma ha provocado la pérdida de, al menos, 11 ojos entre los años 2000 y 2020 en el conjunto de España. El informe de los colectivos por los derechos humanos Irídia y Novact revela 14 muertes indirectas tras los disparos de este tipo. 

El perfil ultra del ertzaina medio se hace palpable no solo en la reivindicación de métodos violentos, también en su actuación diaria. Desde la connivencia pública con grupos también ultras como Desokupa hasta las amenazas bajo seudónimo en foros policiales: “Como a algún compañero le ocurra algo ya pueden agarrarse los machos porque no hay ruso que valga que toque a un beltza y se vaya de rositas”, escribía un ertzaina, desde el anonimato, en un conocido foro policial que tiene por lema “Somos policías, somos compañeros”. “De todas maneras el dispositivo será eficaz si los mandos se libran de sus complejos, si no, estaremos recogiendo cadáveres de la hinchada rojiblanca que realmente es lo que deseo personalmente”, amenazaba el mismo agente, bajo el seudónimo de Korokota. Estas “ganas de marcha”, según el sociólogo Joxean Agirre, ejemplifican el “síndrome de Chuck Norris” de los agentes de la policía, en general, y de los beltzas de la Brigada Móvil, en concreto.

Patrón racista

La Ertzaintza ha llegado a su cuarentena con 16 resoluciones en contra y varios informes más sobre su labor (desde 2003) procedentes del Ararteko (Defensoría del Pueblo del País Vasco). Hace un mes, volvía a ser acusada, en este caso por SOS Racismo Bizkaia, de irregularidades en una detención. Se trata de Silvia, una mujer boliviana agredida en 2018 por dos ertzainas en los calabozos de Getxo. “Es un patrón”, denuncian desde SOS Racismo, aludiendo a que el 40% de las personas atendidas por esta asociación en 2021 fueron víctimas de violencia policial. 

Un patrón que cristaliza en el barrio bilbaíno de San Francisco, pertrechado por las patrullas de  diversas autoridades policiales. En una de sus calles, un joven y su madre fueron abordados violentamente y arrestados en pleno confinamiento. El joven estaba autorizado para deambular por la vía pública a causa de la enfermedad mental que padece, según aclaró el Ararteko. A pesar del grito de la madre —“está enfermo”—, los agentes prosiguieron con su actuación y “brutalidad”. Todo comenzó, según SOS Racismo, con una “identificación racista”.

Otro informe sobre el “acoso policial” hacia jóvenes migrantes en situación de calle en Gipuzkoa, realizado por SOS Racismo —con la colaboración del departamento de Psicología Social de la UPV/EHU y la Red de Acogida Ciudadana— señala que el 30% ha relatado haber recibido insultos por parte de la Ertzaintza. De estos jóvenes, además, el 14% dice haber tenido problemas con la Policía Municipal y el 11% haber sido acosado por la Policía Nacional. 

SOS Racismo exige al Gobierno Vasco que retire la acusación de la mujer migrante detenida irregularmente por la Ertzaintza

Iker Mojón

Racismo

Racismo SOS Racismo exige al Gobierno Vasco que retire la acusación de la mujer migrante detenida irregularmente por la Ertzaintza

Iker Mojón

La abogada de la víctima sugiere que el cuerpo policial tergiversó los hechos y les acusa de no incluir las lesiones sufridas grabadas por las cámaras

Las geografías de la militarización en Euskal Herria siempre se han encontrado con una fuerte oposición social: activistas de la propia SOS Racismo de Bizkaia y Gipuzkoa, junto a Rights International Spain y la Koordi (coordinadora de grupos de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala), presentaron en mayo de 2021 en el Parlamento Vasco el manifiesto 29-M. Stop al racismo policial para denunciar la continua sospecha que sufren los vecinos del barrio de San Francisco. Cacheos humillantes en vías públicas y portales, detenciones por perfil racial o étnico, operaciones contra grupos de vecinos en las que participan tanto la Ertzaintza como la Policía Municipal y donde se pueden observar, al caer la tarde, filas de vecinos racializados con las manos contra la pared… Estas prácticas policiales “son ilegales y están prohibidas por los convenios internacionales y europeos”, recordaban los promotores del manifiesto ante la Cámara vasca. 

Ertzaintza 2.0

La policía vasca comenzó a usar cámaras corporales para la grabación de sus actuaciones en noviembre de 2021 en un proyecto piloto. Esa es la excusa, una suerte de transparencia en el desempeño de sus funciones, un espejismo, como constatan desde Estados Unidos, donde los agentes de policía portan ya esas body cams en un contexto histórico de impunidad y supremacía blanca racista. Aquí, los agentes de la policía autonómica vasca de Bilbao, Gasteiz e Irun han probado durante diez semanas este ojo que todo lo ve. Aunque se espera que la medida alcance al resto de agentes de todo el territorio, aún no se ha implantado definitivamente. 

La sofisticación tecnológica para el control ha sido la tónica general de la seguridad vasca. En 2005 se desembolsaron casi cien mil euros por un sistema puntero en reconocimiento facial que se usaba en Estados Unidos, el Face Explorer. El sistema comparaba 80 rasgos de la cara y establecía la identificación con 20 de ellos coincidentes. 

Regresando al presente, el Ayuntamiento de Ermua ya se ha hecho para ese mismo fin con siete cámaras corporales por 852 euros. Se las ha comprado a José María Irazabal S.L., una empresa cuya actividad principal, según su Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), es la construcción especializada, área alejada de la tecnología y seguridad. Esta misma localidad ya compró, para uso policial, otras diez cámaras del mismo modelo, a la empresa Mompol Norte S.L., por 10.144 euros.

El anuncio de la incorporación de las body cams se hizo oficial en el V Congreso de Seguridad Privada en Euskadi, en diciembre de 2021, donde Josu Erkoreka, consejero vasco de Seguridad, y Raúl Otaola, jefe de Inteligencia Operativa de la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza, destacaron “lo fructífera” que ha sido “la colaboración público-privada” en este ámbito vasco “para mejorar los estándares de seguridad y avanzar en las respuestas a los desafíos de futuro”. Puro mantra neoliberal. Llámese futuro o distopía digital donde la policía y las empresas privadas vigilan a poblaciones cada vez más llenas de hartazgo.

La promoción de la empresa privada cuenta con todas las facilidades. Un ejemplo de ello es PCI Security Doctors S.L. Esta empresa, encabezada por exaltos cargos de la propia Ertzaintza, pretendía acabar, a través del contraespionaje, con los sabotajes dentro de la industria de la energía y la sanidad. Jon Uriarte y Miguel Ángel Guergué abandonaron la policía autonómica vasca, y pasaron a esta empresa, para proteger las “huertas solares” del millonario vasco de la lista Forbes, José Luis Grajales. Aquí trabajó también con ellos Vicente Paunero, exdirector de seguridad de varios hospitales de Osakidetza.

El desarrollo tecnológico del modelo de la Ertzaintza culmina con el proyecto piloto de cámaras en el uniforme

El plan es básico: más cámaras de vigilancia en las calles, más patrullas circulando por los barrios, más gasto en ciberseguridad y más dependencia de empresas de vigilancia predictiva, como Eurocop Security Systems, a la que los cuerpos de seguridad españoles se han agarrado, erario público mediante, para alquilar softwares de gestión policial. Madrid, Valencia, Galicia… y, por supuesto, Euskadi. El pasado año esta empresa se alzó con una centena de contrataciones y ya han duplicado sus ingresos de cuatro años atrás. Uno de sus últimos contratos lo ha firmado en 2021 con el Ayuntamiento de Basauri, en un negociado sin publicidad, por 25.976 euros. Zarautz, Santurtzi o Andoain también han apostado por las soluciones de automatización destinadas a “aumentar la eficacia y productividad de los servicios de policía” con Eurocop Security Systems.

Aunque para ello necesitan una gran acumulación de datos, las empresas de este tipo pueden establecer perfiles criminales de los ciudadanos, deshumanizando los criterios de prevención de delincuencia. En esta línea destaca el acceso a las bases de datos policiales internacionales que, desde el pasado verano, tiene la Ertzaintza gracias a un acuerdo entre el Gobierno Vasco y el de España, una colaboración que fomentará las vigilancias “transfronterizas”. 

Actualmente, los fondos europeos Next Generation incluyen varios proyectos tecnológicos, entre ellos la renovación del Sistema de Inteligencia para establecer “predicciones delictivas” o “prevención de actividad criminal”, con un coste de medio millón de euros. El riesgo, aunque digan basarse en decisiones en frío y supuesta información objetiva de la Inteligencia Artificial, está en que las bases de datos incorporan sesgos ya enquistados en la Ertzaintza, como el racismo institucional a través del perfil étnico o la criminalización de la pobreza. Para más inri, la descripción de uno de los proyectos europeos también incluye la “automatización de la escucha en redes sociales y otras fuentes abiertas”, es decir, la hipervigilancia constante a determinados perfiles en Twitter, Facebook o cualquier medio de comunicación digital. 

Los fondos europeos financian la hipervigilancia de las redes sociales a través de una suerte de “automatización de la escucha”

En el informe Euskadi Next (2021-2026), en el que la ciberseguridad aparece nombrada más de 30 veces, en un documento de 132 páginas, también figura la creación de un sistema de evaluación e implementación de medidas de ciberseguridad para el parque móvil de vehículos de la Ertzaintza, con un coste de seis millones de euros. También se prevé que, hasta 2026, el Basque Cybersecurity Centre (BCSC) se refuerce con 45 millones de euros para “mejorar la protección de las redes y sistemas de información”. Por último, se habla del plan Security First, a cargo de la Sociedad Informática del Gobierno Vasco (EJIE), que, entre otras tareas, va a “monitorizar la seguridad”. Costará, según las previsiones, 45,6 millones de euros, de los que casi 26 serán aportados por los fondos europeos y el resto por el Gobierno Vasco, vía presupuestos ordinarios. 

Medidas estéticas

El futuro de la Ertzaintza también pasa por las jubilaciones y nuevas incorporaciones, según los proyectos que Josu Erkoreka, como máximo responsable, ha hecho públicos recientemente. Desde 2014 hasta 2020, seis han sido las convocatorias para acceder al cuerpo. A pesar de la pandemia, que paralizó la contratación pública, año tras año la Academia de Arkaute se ha llenado de nuevo alumnado. Desde 2014, tenemos 2.300 nuevos policías, lo que ha favorecido un rejuvenecimiento de la plantilla. En enero de este mismo año se ha convocado una oferta de otras 424 plazas. 

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Además de una policía autonómica más joven, se requiere, según han explicado sus responsables, también un cuerpo menos masculinizado. No ha sido hasta este año que el Gobierno Vasco se ha percatado de que, entre las filas de la Ertzaintza, cuentan con 5.995 hombres (85,14%) frente a 1.046 mujeres (14,86%)­. Para solucionarlo, desde la consejería de Erkoreka han desarrollado su propio plan de promoción de igualdad de género. 

La Ertzaintza acaba de cumplir 40 años entre elogios mediáticos, actos y celebraciones oficiales, en un clima totalmente acrítico. Y se han trazado líneas para el futuro basadas en el solucionismo tecnológico punitivista, sin replantear el modelo desde la raíz. Nunca se ha cometido un error. Ni siquiera lo han sido las 336 torturas atribuidas a la policía vasca, según señala un informe del Instituto Vasco de Criminología de la UPV/EHU, dirigido por el eminente antropólogo forense Paco Etxeberria. Nada. Nunca se ha hecho nada mal.