Energías renovables
La burocracia se cobra dinero y confianza ciudadana en el autoconsumo colectivo de energía renovable

Hace cinco años que el Real Decreto-ley 15/2018 del Gobierno de Pedro Sánchez derogó el polémico impuesto al sol, un gravamen introducido por el entonces ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, del Partido Popular, con el que los usuarios del autoconsumo debían contribuir económicamente sólo por estar conectados a la red eléctrica. Un año antes de su derogación, el Congreso de los Diputados ya había reconocido el derecho al autoconsumo de energía eléctrica sin tener que pagar por ello; además, las directrices europeas de apoyo al autoconsumo de energía renovable declaraban ilegal este tipo de tasas. Para contrarrestar el efecto negativo de este freno al autoconsumo energético en el país con más horas de sol de Europa, el Gobierno socialista anunció la implantación de medidas encaminadas a fomentar el autoconsumo como la compensación de excedentes a los pequeños consumidores, el apoyo del autoconsumo colectivo en comunidades de propietarios o empresas y la reducción del proceso administrativo.

Sin embargo, las empresas y organismos que trabajan en proyectos colectivos de autoconsumo de energía renovable se quejan de forma casi unánime del retraso que sufre el proceso para registrar y legalizar su funcionamiento, donde se encuentran atrapados por un ir y venir de documentación, permisos y trámites entre el Gobierno autonómico, las distribuidoras y las comercializadoras que puede alargarse hasta dos años y que ha generado, además de un aumento del coste, falta de amortización de la inversión y otras consecuencias económicas; sobre todo, una muy difícil de revertir: la desmotivación y pérdida de confianza ciudadana por el autoconsumo energético colectivo. 

Los trámites para el autoconsumo energético, una gincana para cualquier iniciativa vecinal

Vergy es una empresa en Granada que trabaja en proyectos de autoconsumo energético colectivo de energía renovable. Su estimación “optimista” acerca de los plazos de ejecución de sus proyectos es de 3 a 6 meses como mínimo, algo que consideran “una locura”, “Nosotros hacemos la inversión en el proyecto y la gente compra o alquila sus 'parcelas' de la instalación. Por culpa de los retrasos, podemos llegar a estar un año sin monetizar, lo que supone un desgaste tremendo. Me imagino un grupo de vecinos que se unen con la ilusión de poner su proyecto en marcha, se dejan su dinero y el proceso tarda un año. Seguro que piensan: esto no es lo que me esperaba”, nos relata Rafael Bahamonde, CPO de Vergy,  “Nosotros tenemos recursos para estar atentos de los plazos pero para una comunidad de vecinos, es imposible”.

“Me imagino un grupo de vecinos que se unen con la ilusión de poner su proyecto en marcha, se dejan su dinero y el proceso tarda un año, y seguro que piensan: esto no es lo que me esperaba”, Rafa Bahamonde, CPO de Vergy.

Carlos Díaz es técnico legal de Vergy en Granada, detalla la espiral de burocracia en la que se tiene que sumergir para pedir el punto de conexión de las instalaciones, el permiso de acceso a la conexión, el certificado y boletín que certifica la instalación eléctrica, el documento A1, la inspección de equipos de medida y el contrato técnico de acceso, trámites con los que las empresas y organismos dedicados al autoconsumo energético van aprendiendo a lidiar a base de  experiencia, prueba y error; y mucha, mucha paciencia. 

“Hay comercializadoras que introducen modificaciones contractuales abusivas a la hora de adaptar el contrato vigente al pasar al autoconsumo, otro escollo que debemos salvar para que la gente confíe”, Carlos Díaz, Técnico Legal en Vergy.

El principal escollo parecen ser los tiempos de respuesta, una situación que puede abarcar meses de espera y definen como “desesperante”, “los tiempos y estado de la tramitación es sumamente opaca no sabemos en qué punto están esos papeles, nos encontramos en un bucle en el que todos los actores  — la Comunidad Autónoma, el distribuidor y la comercializadora de energía—  apuntan a otro lado para no asumir la responsabilidad”. Por su parte y durante el proceso, le gustaría que le atendiera personal especializado, “en los teléfonos de atención de Endesa no encuentras a nadie que sepa del tema, una operadora recoge tu información y dice que la trasladará y pasan meses sin una respuesta técnica; y nosotros tenemos un equipo de ingeniería trabajando en esto, pero me imagino un grupo de vecinos que intente hacerlo por ellos mismos y es realmente complicado”. Carlos también advierte acerca de las comercializadoras que realizan modificaciones contractuales abusivas a la hora de adaptar el contrato vigente al pasar al autoconsumo, “otro escollo que debemos salvar para que la gente confíe en el autoconsumo energético”.

Autoconsumo colectivo y Comunidades Energéticas, parece lo mismo pero no lo es 

Hay algo muy importante que diferenciar cuando hablamos de autoconsumo energético colectivo: el autoconsumo colectivo, que no necesita de un régimen legal específico, es una posibilidad para que varios consumidores compartan la energía generada por una planta fotovoltaica, lo que se puede llamar “compartir unas placas”; y las Comunidades Energéticas, que sí se constituyen como entidades legales y pueden dedicarse a generar y comercializar energía entre las personas que se asocien. Las Comunidades Energéticas son entidades sin ánimo de lucro que persiguen el beneficio de los vecinos y asociados (particulares, empresas o entidades) a través de la reducción de los costes energéticos y la adquisición de hábitos de consumo energético más sostenibles, además de generar otras medidas que puedan mejorar la eficiencia energética y el bienestar de la comunidad. 

Ni una sola de las comunidades energéticas andaluzas reunidas en el Foro de Iniciativas de Transición Energética y Economía social celebrado en 2021 en Monachil, Granada, de las que dábamos cuenta en El Salto Andalucía, se ha puesto en marcha. Cada una ha sufrido retrasos en su funcionamiento por diferentes motivos, pero ninguna de las personas asociadas disfruta actualmente de los frutos de la inversión de esfuerzo, tiempo y dinero, ni de los objetivos de carácter social como la atención a las personas en situación de pobreza energética, que motivaron sus iniciativas.

Comunidades energéticas de economía social, un modelo que se abre paso en Andalucía

Susana Sarrión

Energía

Transición energética Comunidades energéticas de economía social, un modelo que se abre paso en Andalucía

Susana Sarrión

El primer Foro de Iniciativas de Transición Energética y Economía Social ha reunido en Monachil (Granada) a centenares de personas con el objetivo de construir un futuro energético sostenible, democrático y solidario.

Ni siquiera uno de los proyectos pioneros de autoconsumo energético en Andalucía, la Comunidad Energética del Río Monachil en Granada, ha sido capaz de acceder a esa energía limpia y comunitaria. José Miguel Granados, que forma parte del proyecto y trabaja en la Oficina Municipal de Energía de Monachil, nos comenta que todo han sido trabas desde que se constituyeron como asociación en 2020 para comenzar su aventura, “Entonces nadie te podría aclarar cuál era la mejor forma jurídica que adoptar, por ejemplo para poder conveniar de forma más sencilla con el Ayuntamiento la cesión del uso de los tejados para la instalación fotovoltaica, tuvimos que ir descubriendo todo por nosotros mismos”. 

Confirma que el marco legal y técnico para poner en marcha un proyecto de autoconsumo energético colectivo es muy farragoso y tampoco ayudó que la reforma del mercado eléctrico diera más capacidad en el proceso a las distribuidoras de energía que a la CMNC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, reguladora de protocolos de comunicación entre implicados. Su experiencia durante estos dos años es que se ha producido mucho descontrol con los plazos de ejecución de las distribuidoras y comercializadoras, básicamente porque no tenían una normativa o un órgano de control que les obligase a cumplirlos. Por otro lado critica el vacío de conocimiento, la falta de información y comunicación con la distribuidora, “Endesa dice liderar la transición energética, pero no ha cumplido ni en tiempo ni forma”, y las comercializadoras a la hora de preparar las instalaciones para que estén listas para su aprobación legal y abordar los cambios que se producen por el camino que, como afectan a muchas personas, alargan muchísimo el proceso, “por eso es tan importante que en la nueva normativa se haya incluido la figura jurídica del representante de la Comunidad Energética, que pueda actuar en nombre de todas las personas y dinamice la interacción con las comercializadoras”.

“La gente que está en el proyecto desde el principio está aguantando el chaparrón pero han hecho inversiones económicas significativas y ya va para dos años. Esto mina completamente la moral”, José Miguel Granados de la Comunidad Energética del Río Monachil en Granada.

Uno de sus proyectos, la instalación en el Pabellón de Miraflores, con 15 viviendas asociadas a seis diferentes comercializadoras está a punto de conseguir la ansiada conexión a red, “La gente que está en el proyecto desde el principio está aguantando el chaparrón pero han hecho inversiones económicas significativas y ya va para dos años. Esto mina completamente la moral”, lamenta José Miguel. 

Rosario Alcantarilla, experta en temas energéticos de la Escuela Andaluza de Economía Social, y asesora en la implantación de distintos proyectos de autoconsumo en Arroyomolinos de León, Huelva, atribuye la falta de agilidad de las grandes distribuidoras energéticas, a una falta de interés cuanto menos, “no estamos hablando de procedimientos tan complejos para su tipo de estructura de empresa pero como son monopolios territoriales, tienes que operar con ellos sí o sí”. 

El encarecimiento de los proyectos por el retraso acrecientan la desconfianza ciudadana por los mismos: “he invertido para ahorrar en mi factura pero está cada vez más cara ”, Rosario Alcantarilla, Escuela Andaluza de Economía Social.

Reconoce que es un tema que preocupa y sale a colación en cada encuentro de iniciativas de autoconsumo colectivo energético y que están tratando que trascienda y logre incidencia política, “hay asociaciones, grandes ONG como Greenpeace o Amigos de la Tierra u otras entidades del tercer sector como Fundación Renovables, que están presentando informes a nivel nacional, reclamando que se agilicen y se cumplan los plazos por parte de las distribuidoras. Aquí en Andalucía, hemos pedido a la Agencia Andaluza de Energía que ejerza algún tipo de presión en la mesa de autoconsumo energético, donde están representadas las distintas distribuidoras eléctricas implantadas en Andalucía”. Rosario señala que este retraso, además de acrecentar todavía más la desconfianza en proyectos de este tipo, los encarece de forma que si las personas o la entidad que los han iniciado han pedido préstamos o recibido alguna subvención, tienen que cargar con los intereses de demora durante periodos muy largos en los que se cuestionan, “he invertido para ahorrar en mi factura pero mi factura está cada vez más cara”.

Un ejemplo práctico, la Comunidad Energética Urroztarra

Esther Muñoz es técnica experta en energías renovables y eficiencia energética en KISAR, que, junto a dos mujeres más, Arankoa y Artelan, participan en el proyecto ko-energia, que, aborda, entre otros trabajos, el acompañamiento a la ciudadanía en la creación de comunidades energéticas. Hace más de un año que trabajaron para el Ayuntamiento de Urroz, en Navarra, comunidad donde el gobierno autonómico apuesta fuerte por la transición energética, en un proyecto que impulsó su acompañamiento a la ciudadanía del pequeño pueblo para que crearan una Comunidad Energética y que las personas fueran el motor de cambio de la tan necesaria transición energética. El Ayuntamiento cedió el 70% de la energía de una pequeña instalación fotovoltaica municipal a la Comunidad, razón por la que debía hacerse un nuevo acuerdo de reparto de la energía. Este cambio de acuerdo de reparto debía notificarse a la distribuidora eléctrica, Iberdrola, a través de las comercializadoras y ahí empezó su periplo.

La comunidad en cuestión repartía menos de 25 kWp entre 52 vecinas y vecinos de Urroz. La energía generada por esta potencia fotovoltaica equivale a la energía eléctrica que consumirían menos de 10 viviendas (según las medias de consumo publicadas por IDAE). Carmentxu, presidenta de la comunidad, tuvo que solicitar al Gobierno de Navarra su mediación, el 5 de diciembre de 2022, cuando, después de 12 meses desde el primer contacto con Iberdrola no había conseguido el cambio de acuerdo de reparto de la energía de la instalación que dio de alta el Ayuntamiento de Urroz en febrero de 2021 (según la normativa actual se pueden solicitar cambios en este acuerdo cada cuatro meses). Carmentxu explicaba en una misiva a la que ha tenido acceso este medio que esta mediación fue solicitada, “debido al cansancio, la pérdida de socios, la impotencia ante una situación inexplicable, el envío repetitivo de la documentación, en un trámite que desde su inicio tuvo enormes trabas y dificultades por parte de Iberdrola”. La vecina expresa que “el tiempo y dinero perdido en una energía que debería ser nuestra desde hace meses no tiene retorno y eso no es justo. No vamos a renunciar. Nosotros si estamos por las personas y el planeta”.

“El tiempo y dinero perdido en una energía que debería ser nuestra desde hace meses no tiene retorno y eso no es justo. No vamos a renunciar. Nosotros si estamos por las personas y el planeta”, Carmentxu, Comunidad Energética de Urroz, Navarra.

Esther confirma esas trabas administrativas por parte de la distribuidora a la que en ocasiones han tenido que enviar el mismo documento 54 veces,”también sucede que las comercializadoras les cambian las tarifas, les dicen que les suben la tarifa de la luz, es tremendo, la gente se cae del proyecto a medida que se complica la tramitación. Dice mira, yo no quiero formar parte de este autoconsumo”. Su empresa acompaña técnicamente a los grupos ciudadanos, casi siempre impulsados por entidades locales, en la creación de comunidades energéticas. Afirma que la dificultad y el retraso en la tramitación está encareciendo las instalaciones en una media del 10% de la instalación. “Además de lo caras que son por sí mismas, se les añade un coste por lidiar con la distribuidora que se supone que está al servicio de nuestras redes”. Para ella lo peor de todo esto es que discentiva a las personas que ponen toda la ilusión del mundo en juntarse para compartir un poquito de energía solar, que tienen muchas ganas de hacer cosas juntas, de generar comunidad y de estar con sus vecinas moviendo cosas, “me frustra que se rompa la ilusión de un proyecto tan pequeño que dices qué bonito”. 

Cargarse la ilusión a base de papeleo

Laura Feijóo García, Coordinadora del área de Autoconsumo de Ecooo Energía Ciudadana S. Coop, también destaca la pérdida de la ilusión de la gente, de personas pioneras que se atreven a montar “lo que podríamos llamar casi las primeras instalaciones colectivas o de comunidades energéticas en España, que lo hacen con toda la ilusión después de haber pasado mucho tiempo convenciendo a sus vecinos y vecinas, allegados, etcétera, y comprueban cómo se han cargado toda esa ilusión a base de papeleo”. Apunta a la figura de líderes de la comunidad, personas que están poniendo la cara frente al resto de su comunidad, para ayudarles, impulsarlos, convencerles, “y cuando el proceso empieza a torcerse, les afecta directamente a su credibilidad”. 

“Ahora mismo hay mucha gente que teme al sector energético, y se trata de empoderar a las personas para que se crean que la energía es cosa suya, es cosa nuestra”, Laura Feijóo, de Ecooo Energía Ciudadana S. Coop.

Para Laura, este 2023 supone un punto de no inflexión, de no retorno, un momento en el  que tenemos la oportunidad de conseguir que esas instalaciones sean una realidad, “para que en el 2024 podamos sumar más gente en este camino, es fundamental que las instalaciones que están ahora mismo en cuestión consigan tramitarse en tiempo y forma, y  funcionen para lo que han sido concebidas”. 

Su cooperativa trabaja en Madrid, con muchas comunidades de vecinos, “es el germen, si no eres capaz de ponerte de acuerdo con tu vecino de arriba, cómo vas a ponerte de acuerdo con un barrio entero para poder empezar a gestionar juntas la energía”. Para ella, el primer reto es de pedagogía y acercamiento a las personas, un reto de culturización energética y colaborativa, “hay que vencer algunas barreras como la de ponernos de acuerdo todas juntas y colaborar y trabajar conjuntamente por algo que no es lucro, que no es negocio, que trata de asegurar nuestro medio de vida y supone un ahorro económico doméstico. Ahora mismo hay mucha gente que le teme a este sector y se trata de empoderar a las personas para que se crean que la energía es cosa suya, es cosa nuestra”.