Laboral
Plataformas digitales: Derechos laborales en la última milla
A mediados de julio del 2019, llegó un correo al Ministerio de Economía y Competitividad y al Ministerio de Trabajo cuyo contenido ha sido anunciado, paralelamente, por todos los periódicos del país, concediendo entrevistas a su remitente en los principales espacios informativos audiovisuales. ¿La noticia? Las plataformas digitales van perdiendo la batalla jurídica frente a los “riders”. Pero en la derrota también existen clases.

La Asociación de Economía Digital (@adigital_org), de la cual forman parte las principales plataformas de reparto como Deliveroo, Glovo o Uber Eats, ha hecho una propuesta de reforma legislativa de gran calado que pretende adaptar la legislación a su realidad concreta, planteando una excepción a la normativa laboral, excluyendo del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores la relación que se establece entre las plataformas digitales y los repartidores conocidos como "riders". Esta es la forma que tiene la patronal de la economía digital de incumplir las sentencias judiciales desfavorables: plantear un cambio legislativo a medida que otorgue legitimidad a lo que hasta ahora había sido una conducta proscrita por el ordenamiento. Su planteamiento es claro: transformar algo “ilegal” en “legal” es solo una cuestión de voluntad, una formalidad puramente gramatical.
Porque lo que subyace de la exposición del Sr. Zimmerman (@josezimmer), presidente de la Asociación de Economía Digital, ante la caverna informativa es que para el desarrollo de la evolución tecnológica es necesaria una involución de los derechos sociolaborales. Un planteamiento, por cierto, muy laboral, ya que constituye el eje central de la estrategia negociadora de todas las empresas en el seno de la negociación colectiva, vendiendo la renuncia de derechos como única alternativa para la viabilidad del conjunto de puestos de trabajo. Un viejo y efectivo argumento, el del miedo. No es casual que en todas las notas informativas se haya resaltado que la industria de la economía digital genera actualmente 15.000 puestos de trabajo, con una previsión de que en pocos años pueda llegar a los 50.000. No hace falta leer mucho entre líneas para concluir que lo que omite la propuesta de la patronal digital es, precisamente, destruir gran parte de esos 50.000 puestos de trabajo, convirtiéndolos en relaciones mercantiles donde predomine de forma abusiva el poder contractual de las grandes empresas, que disponen de un gran margen de maniobra para negociar las condiciones de forma individualizada con esos “riders” precarizados y despojados de las herramientas de negociación colectiva que les otorga la legislación laboral.
Tras las últimas sentencias judiciales que han fallado a favor de los trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales, ha quedado demostrado que no existe una relación mercantil que pueda liberalizar las negociaciones sobre las condiciones de la prestación, sino que las mismas han de estar circunscritas al derecho laboral ya que existen las notas de ajenidad, dependencia y subordinación que establece la Ley. Y ante esa constatación de la realidad material reconocida por varias sentencias, Adigital hace una propuesta clara que no se basa en modificar su conducta ilegal (eso es cosa de pobres), sino en modificar toda ley que les penalice (Estatuto de los Trabajadores, Estatuto del trabajador Autónomo, Ley General de la Seguridad Social…), creando nuevas normas que interpreten esa misma realidad bajo el velo de su parcialidad, romper el principio de realidad para imponer un relato ficticio por decreto.
Porque cuando la oportunidad de negocio de una gran empresa está basada únicamente en el fraude y en el quebrantamiento del ordenamiento jurídico, su solución no es pagar las consecuencias de sus actos y replantear su actividad. Su solución es cambiar las leyes, ya que, para la patronal, estas no son herramientas para la ordenación de la convivencia pacífica sino meros instrumentos para garantizar los excesos de su avaricia y para que únicamente prevalezca la violencia que emana de sus actos. Porque podremos adornarlo con toda la técnica jurídica que queramos, pero, sin ánimo de ser riguroso, la realidad se impone: las Plataformas de Economía Digital roban a sus trabajadores y trabajadoras. Y sin ánimo de ser subversivo, conviene aclarar: roban por encima de sus posibilidades, es decir, más de lo que la Ley le permite por su condición de empresario.
Y ante el actual contexto político de negociación del futuro Gobierno, conviene que no pase por alto las declaraciones del Sr. Zimmerman: “en el caso de que el PSOE logre formar gobierno, la Propuesta normativa en materia de trabajo en plataformas digitales puede tener recorrido”. Ahora ya sabemos que la próxima reforma laboral puede acelerar el camino hacia la liquidación de las relaciones laborales.
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