Enrique Costoya Allegue

Tras conocer la sentencia del "Procés", multitud colectivos, profesionales y sociales, han salido a denunciar la criminalización de la protesta ante una realidad que se antoja difícil para quienes denuncian la pérdida de derechos sociales y laborales. Un marco jurídico y mediático que arrincona, cada vez más, la necesaria movilización ciudadana que reivindica valores tan universales como la solidaridad y la justicia social.

A mediados de julio del 2019, llegó un correo al Ministerio de Economía y Competitividad y al Ministerio de Trabajo cuyo contenido ha sido anunciado, paralelamente, por todos los periódicos del país, concediendo entrevistas a su remitente en los principales espacios informativos audiovisuales. ¿La noticia? Las plataformas digitales van perdiendo la batalla jurídica frente a los “riders”. Pero en la derrota también existen clases.

Tras la muerte de un "rider" en Barcelona, la empresa destaca que el fallecido "no tiene relación alguna con Glovo".

Mientas que la reina Letizia declaraba su adhesión a la huelga feminista del 8M, tres mujeres recibían una sentencia de 18 meses de cárcel por participar en un piquete en la llevada a cabo durante el 8M del 2018. Existe una "guerra" por el relato donde siempre pierden quienes defienden los derechos de la clase trabajadora.

La amenaza de desmantelar la industria portuaria a través de ERE y reducciones de salario se acerca.