Desahucios
No habrá paz si no se paran los desahucios

El 1 de abril de 2020, se publicó el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaban medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, y en el que se acordaba la suspensión de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento de hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Esta medida, aprobada durante el estado de alarma, tenía como objetivo evitar que, como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia, miles de hogares vulnerables fueran expulsados de sus viviendas.

La crisis habitacional coyuntural que se intentó paliar, ha ido adquiriendo el carácter de estructural, ya que, cinco años después, esta suspensión, a la que se han ido sumando hogares, sigue dando un respiro a quienes no tienen un alternativa habitacional y están atrapados en un procedimiento de desahucio.

Es importante señalar que durante este tiempo no se ha producido una paralización total de los desahucios de hogares en situación de vulnerabilidad. De hecho, hemos sido testigos de cómo la policía ha sacado a menores de sus casas o dejado a pensionistas en la calle con todas sus pertenencias.

A 22 de diciembre de 2025, a menos de diez días de que acabe el año y caiga esta moratoria, decenas de miles de personas siguen a la espera. Son hogares que no tienen otra opción, ya que, de tenerla, la habrían escogido antes que esperar a cada resolución judicial que paralizaba el desalojo o a cada comunicación del Gobierno anunciando la prórroga de la medida un poco más.

No solo se beneficiarían de la ampliación de la moratoria las personas con procedimientos de desahucio en suspenso a día de hoy, sino también las que puedan ir acogiéndose a esta medida en el futuro. En un escenario de crisis habitacional, en el que el acceso a una vivienda es cada vez más difícil para sectores más amplios de la población y en el que las políticas públicas son ineficaces y prácticamente inexistentes, es un imperativo evitar que cualquier persona quede en riesgo de situación de calle.

En el caso de que no se prorrogase esta medida, confluirían una serie de circunstancias que dejarían en evidencia el ya flaco estado social: incapacidad absoluta del Estado para proporcionar vivienda a las más vulnerables; colapso de las instituciones implicadas en el procedimiento ante la reanudación de los desahucios: contestación social para paralizar los lanzamientos en las puertas de las casas, con el correspondiente ejercicio del monopolio estatal de la violencia; expulsión de las vecinas de los barrios y las ciudades; mayor destrucción del tejido social de la ciudad y más especulación inmobiliaria — porque no nos engañemos, no va a ir a vivir a la casa de la que se expulsó a una familia migrante con tres menores una señora pensionista, ni viceversa—.

La ineficacia del Estado para hacer efectivo el derecho a la vivienda tiene otra cara: garantizar la defensa de la propiedad privada sin límites y, por consiguiente, de la especulación. El resultado es el crecimiento de la desigualdad y el empobrecimiento de la población.

Si no se prorroga la moratoria de los desahucios  —que no es una medida perfecta, pero que permite ganar tiempo y coger aire—, cabe preguntarse si todas aquellas personas que acabarían en la calle se conformarían con su nueva situación, o si, por el contrario, se abriría un nuevo escenario. Quizás se produjera un giro de los acontecimientos y el derecho a la vivienda se hiciera realidad desde abajo, desde las que necesitan un techo para vivir y no desde donde se prioriza garantizar la propiedad privada en lugar de atender al bien común.