Cooperativismo
La piscina de Puerto Real, un servicio recuperado por el cooperativismo (I)

El cooperativismo abrió las puertas de un servicio público en la Bahía de Cádiz, la piscina municipal de Puerto Real. Entidades como Coop57, Autonomía Sur y la Asociación de Técnicos de Actividades Acuáticas del Aljarafe sirvieron de apoyo para que Cooperactiva, compuesta por la antigua plantilla que trabajaba en la piscina, pasase de reclamar sus salarios atrasados a autogestionar estos equipamentos que incluyen, además de 4 piscinas, salas de máquinas y actividades para todas las edades.

En esta primera parte, entre 2006 y enero del 2015, se hace un balance de cómo se llegó a una situación insostenible justo antes de dar con la solución.

La piscina cubierta de Puerto Real, antes de las obras acometidas por Cooperactiva
La piscina cubierta de Puerto Real, antes de las obras acometidas por Cooperactiva Daniel Melendro
Gestora de la piscina recuperada de Puerto Real
23 abr 2019 11:28

2006: los inicios

La historia de este proceso comienza en el año 2006. Las 25 personas en plantilla del complejo municipal de Piscinas de Puerto Real fuimos seleccionadas para trabajar en un servicio púbico privatizado.

Puerto Real, un municipio caracterizado por la lucha obrera y de resistencia frente a las tendencias liberales, iba a dar paso, por decisión del también histórico gobierno de izquierdas, a una gestión indirecta de la instalación. La ganadora del concurso público fue la empresa Sidecu S.A., que operaría bajo la marca comercial “Supera”. Dentro del sector, un "grande" de la gestión de instalaciones deportivas. Desde un primer momento comenzaron las turbulencias que años después conllevó la huida de la empresa abandonando el servicio.

En un primer momento, tuvo lugar un recurso de la segunda empresa calificada en el proceso de selección. Según esta, su oferta era más favorable a los intereses municipales, e iniciaron un procedimiento contencioso administrativo. Rápidamente, el asunto de la piscina municipal saltó al plano político. Toda la oposición abanderó las pretensiones de la segunda empresa calificada apoyando en Pleno la decisión de revocar la concesión.

Mientras tanto, los trabajadores y trabajadoras, ajenas a los interminables trámites que suponen un proceso judicial administrativo, tratábamos de resistir a una empresa que disponía de todas las cartas para explotar el servicio sin dar excesivas explicaciones. La empresa concesionaria no se sentía responsable, cínicamente, de haber sido calificada como ganadora en el concurso, pero tal situación de precariedad, les justificaba frente a la falta de inversiones y calidad en el servicio. Durante todos los años de gestión de la empresa concesionaria fueron múltiples los conflictos laborales generados.

2013: Sidecu cesa la prestación del servicio. El Ayuntamiento busca concesionaria para la piscina

Habiendo aguantado la empresa durante varios años vía decreto de alcaldía para resistir a la decisión plenaria, llegó la sentencia del contencioso administrativo. Corría ya el año 2013 y se inició el proceso para un nuevo concurso público. El 31 de mayo, la concesionaria cesó la actividad en el complejo municipal de piscinas, sin haberse decidido aún el concurso de adjudicación y, por tanto, sin conocerse a la compañía que se haría cargo de la instalación.

Ya con otro equipo de gobierno, en este caso con una mayoría absoluta del Partido Andalucista, en la plantilla estábamos, de alguna manera, tranquila por la subrogación. Por fin cabría la opción de encontrar una empresa que apostara por la instalación a largo plazo.

Este primer concurso quedó desierto al determinar los pliegos un excesivo volumen obligatorio de inversión y un canon anual excesivo. Ninguna empresa parecía interesada en la instalación.

Tras este primer fracaso, y a pesar de una rebaja en las expectativas económicas vino un segundo concurso, también desierto. El nerviosismo ya era patente, corría peligro la prestación del servicio. En ningún momento se planteó una alternativa a esta situación como una gestión directa. En esta situación, comenzamos a plantearnos qué sería de nuestro futuro.

2014: se encuentra concesionaria

Contra todo pronóstico, una unión de dos empresas en UTE, Activa T Formación y Consulting S.L, y Xerez Wellness S.L., que operarían bajo el nombre comercial de Mi-Gym, gestionaría el servicio de piscinas.

El 29 de enero de 2014 se formalizó la adjudicación del contrato, mediante la aprobación en Pleno municipal, de la gestión del servicio del complejo municipal de piscinas mediante concesión administrativa, por un canon anual fijo de 25.000 €.

Esta empresa se hizo con el servicio por un periodo de diez años prorrogables por periodos de cinco años, hasta un máximo de veinte años, con un contrato provisional al principio y el definitivo poco tiempo después. El ayuntamiento respiró aliviado ante la perspectiva real de que la piscina municipal tuviera que cerrar sus puertas.

Poco tiempo tardó en descubrirse la verdadera personalidad de esta empresa. Los proveedores impagados que arrastraba se presentaban continuamente en la instalación exigiendo las deudas contraídas.

Desde el punto de vista laboral, absolutamente ningún tipo de legalidad se cumplía: contratos, nóminas, horarios, etc. El convenio que se nos aplicaba, el estatal de instalaciones deportivas, era papel mojado en manos de esta empresa.

Ya cerca de la navidad del año 2015, la situación se hizo insoportable. Decenas de reuniones con representantes políticos municipales, técnicos, sindicatos, etc., parecía no tener ningún tipo de efecto en los representantes de Mi-Gym. El propio ayuntamiento tenía que mediar con las empresas de agua y luz para evitar cortes, “su plantilla” tenía que traer manualmente garrafas de gasoil para las calderas porque ya no se encontraba suministradores, e incluso los propios trabajadores y trabajadoras no eran recibidos por su asesoría laboral al no ser abonadas las minutas de la gestión de personal.

El inicio del cierre de la instalación comenzó con una huelga indefinida convocada en enero de 2015. El impago de las nóminas suponía un punto de inflexión en el recorrido de esta concesionaria. Toda la plantilla original, no contratada por esta empresa, comenzamos las movilizaciones que también fueron apoyadas por toda la ciudadanía del municipio que entendieron la lamentable situación a la que había llevado esta empresa un servicio público.

Los trabajadores y trabajadoras pusimos sobre la mesa una serie de propuestas. Entre ellas destacaba la de realizar un secuestro administrativo que revertiera la situación. Establecer una intervención municipal, que asumiera el control financiero de la instalación temporalmente, hubiera evitado todas las consecuencias desastrosas e incluso el cierre de la instalación por tantos años. Se trataba de un servicio solvente y que era solo una cuestión de negligencia en la administración de la sociedad la que estaba generando problemas.

Esta propuesta no fue bien acogida por el equipo de gobierno ni por los técnicos municipales. Entendían que no era un servicio esencial y que tendría repercusiones negativas por las demandas que planteara la empresa. Obviamente era una cuestión política de no reconocer la mala adjudicación y no querer asumir técnicamente tampoco unas medidas obviamente contundentes.

Ante esta cerrazón, poco más se podía hacer excepto esperar que el gestor abandonara el servicio, o entrara en razón asumiendo sus responsabilidades y pagos; cosa esta última que nunca ocurrió. Durante la huelga, contrató esquiroles para sustituirnos a los cuales ni dio de alta en la Seguridad Social. Una doble ilegalidad que sorprendió incluso a la Inspección de Trabajo. Después de varias semanas de huelga y la instalación vacía, la empresa concesionaria dio de baja a toda la plantilla en la Seguridad Social estando en huelga.

La sociedad gestora de la instalación terminó abandonando el servicio, quedando éste suspendido y a la espera de resolución administrativa y judicial por diferentes partes reclamantes, entre ellas el ayuntamiento del municipio.

Para febrero de 2015 nos encontrábamos en el municipio con una instalación cerrada, un ayuntamiento desbordado por las quejas de una ciudadanía que acudía en masa a protestar por el cierre de una instalación utilizada por miles de personas, y con la plantilla en pie de guerra luchando por sus legítimos puestos de trabajo.

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Realidades jurídicas, sociales y económicas desde una perspectiva transformadora. Coordinado por Autonomía Sur Cooperativa Andaluza.
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