Educación
Familias y profesorado se organizan para expulsar a policías y militares de las aulas

Hay un documento que legitima la presencia de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en centros educativos de todo el Estado español, el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos. Lo elabora y controla el Ministerio del Interior, sin embargo lo aplican, en la práctica, tanto el Ministerio de Educación como las consejerías autonómicas del ramo. Es una manifestación de la creciente securitización de la vida social, en este caso temprana, en el ámbito educativo. Bajo esta lógica, problemáticas complejas como el acoso escolar, la violencia de género, el consumo de drogas o los conflictos de convivencia son redefinidas como cuestiones de seguridad que requieren la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por eso, con la creciente escalada bélica en los hechos y en los discursos políticos y mediáticos, decenas de agrupaciones de madres y padres junto con docentes por todo el Estado han arrancado una campaña con la que señalar que este desplazamiento conceptual no es neutro: implica priorizar enfoques de vigilancia, control y prevención del riesgo por encima de estrategias pedagógicas, comunitarias o estructurales, transformando parcialmente la naturaleza de la escuela como espacio formativo.

Uno de esos grupos es el Espazo Aberto Antimilitar: “Frente a la extensión del poder policial en el tejido cotidiano, queremos reflexionar sobre las respuestas que estamos ofreciendo desde lo educativo”. “En un análisis intuitivo percibimos que gran parte del profesorado normaliza y naturaliza la presencia de policías, guardias civiles y militares. Para una mayoría, no se percibe ni se considera problemática la entrada de personas uniformadas y armadas en colegios e institutos”, reflexiona Diego Lores, profesor, padre y parte del colectivo radicado en Galicia.

La normalización del militarismo y la policialización atraviesa la frontera del monopolio de la violencia definido por Max Weber a comienzos del siglo XX para dibujar al Estado como la única entidad dentro de un territorio que reclama el derecho legítimo de ejercer fuerza física o coacción. Va mucho más allá. “Estamos dejando que sean policías quienes enseñen al alumnado sobre violencias machistas, drogas, acoso escolar o nuevas tecnologías. Es decir, los conflictos educativos se redefinen como problemas de seguridad. Hay profesionales más capacitados y especializados dentro y fuera de los centros para llevar a cabo este trabajo”, recalca Lores.

La presencia de agentes policiales en centros educativos, a través de charlas, asesoramiento y programas de prevención, contribuye a normalizar la autoridad policial como actor educativo

En este contexto, la presencia de agentes policiales en centros educativos, a través de charlas, asesoramiento y programas de prevención, contribuye a normalizar la autoridad policial como actor educativo. De hecho, esta es una de las ramas de trabajo de Sin Poli, un grupo de investigación colectiva para afrontar conflictos al margen del poder policial a cuyo marco teórico y práctico miran la mayor parte de organizaciones que están surgiendo alrededor de los centros educativos.

Desde esa mirada crítica, autores como Sergio García, señalan que estas situaciones antes definidas no solo amplían el papel de la policía más allá de sus funciones tradicionales, sino que también configuran una forma específica de socialización del alumnado, en la que el orden social aparece ligado a la vigilancia y a la intervención institucional. La escuela deja de ser un espacio relativamente autónomo para convertirse en un entorno donde se internalizan tempranamente determinadas lógicas de control, “algo que puede limitar el desarrollo de formas alternativas de resolución de conflictos basadas en la mediación, la cooperación o la justicia restaurativa”, señalan.

Esta suerte de forma de gestión tecnocrática de los conflictos sociales evita cuestionar sus causas profundas y refuerza la idea de que estos deben ser contenidos más que transformados

Otro elemento relevante que también abordan movimientos sociales de otros países como el estadounidense #policefreeschoolses el modo en que el plan aborda problemas de raíz estructural como si fueran fundamentalmente conductas individuales desviadas: “Al centrarse en la detección precoz y la prevención de riesgos, se tiende a despolitizar cuestiones vinculadas a la desigualdad social, el patriarcado o la exclusión, trasladando la respuesta al ámbito de la intervención policial o informativa”. Desde una perspectiva antimilitarista, esto supone una forma de gestión tecnocrática de los conflictos sociales que evita cuestionar sus causas profundas y refuerza la idea de que estos deben ser contenidos más que transformados.

Asimismo, el énfasis en la prevención anticipatoria introduce dinámicas de vigilancia sobre la juventud que pueden derivar en procesos de estigmatización. En base a los trabajos de Michael Foucault, Howard S. Becker, Pierre Bourdieu, Didier Bigo o David Garland, estos grupos sostienen que determinados perfiles de alumnado, especialmente aquellos atravesados por variables de clase, origen o género, pueden ser percibidos como potencialmente problemáticos, lo que refuerza desigualdades preexistentes. En lugar de concebir al alumnado como sujeto de derechos y agente activo en la construcción de la convivencia, se le sitúa parcialmente bajo la sospecha preventiva, en línea con lógicas contemporáneas de seguridad que buscan actuar antes de que el conflicto se materialice.

El avance del antipunitivismo y la despolicialización requiere de una nueva cultura del conflicto y de una educación orientada a convivir con él: “Ya no se trata simplemente de resolver el conflicto, sino de comprenderlo y emplearlo como palanca de transformación social, comunitaria y colectiva. Es necesario admitir también que, a veces, sentimos miedos o dudas y que no siempre disponemos de los recursos ni de los conocimientos necesarios para afrontar una realidad cada vez más compleja”, explican desde el Espazo Aberto Antimilitar. Y rematan: “Es por ello que apostamos por una educación no violenta, por una enseñanza libre que rechace colaborar con la policialización y la militarización del mundo”.

Como una de las claves para el cambio, Diego Lores, profesor, padre y activista del colectivo anteriormente citado, señala que deben ser profesores y profesoras quienes se afanen en adoptar una perspectiva crítica hacia este tipo de charlas, exhibiciones militares o cualquier tipo de pretexto que permita a agentes entrar en las escuelas: “Muchas veces se peca de acceder a lo fácil y ellos lo saben. Dan todo masticado para que sea sencillo organizar este tipo de encuentros. Sin duda, el primer cambio de mentalidad debe venir del profesorado”.