Educación pública
Marea Palestina interpone una denuncia en el Ministerio por la censura de la solidaridad con Gaza

Colegios e institutos de tres comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (Madrid, Andalucía y Cantabria) y de una gobernada por el PSOE (Castilla La Mancha) son señalados por Marea Palestina por la repetición de patrones de censura, presiones y restricciones al profesorado relacionados con muestras de solidaridad o actividades pedagógicas que abordan la actual situación de genocidio en Palestina.

Una denuncia interpuesta hoy, 20 de octubre, por este movimiento ante la Alta Inspección de Educación de España, dependiente del Ministerio de Educación, quiere que se investiguen una serie de hechos y se ponga freno a medidas de supuesta “neutralidad institucional” que son, a juicio de los denunciantes, usadas de manera improcedente e indebida.

Además, la denuncia tiene como motivación que se tomen medidas de garantía y protección del profesorado por parte de Inspección para evitar que se produzcan represalias y amenazas que vulneran la libertad de cátedra, protegida por el artículo 20.1.c) de la Constitución Española. “Dicha libertad no constituye un privilegio personal del profesorado, sino una garantía institucional que protege el derecho de la sociedad a una educación plural, crítica y libre de injerencias ideológicas”, señalan las representantes de Marea Palestina.

Amenazas y silenciamiento

La denuncia recaba una serie de actuaciones concretas en cuatro institutos de secundaria, en el Centro Superior de Enseñanzas Artísticas, en el Colegio Alemán de Madrid, en un Colegio de Educación Infantil y Primaria de Fuengirola y en otro centro sin especificar de la comunidad de Castilla La Mancha. 

“Se ha llegado a censurar símbolos, cancelar actividades pedagógicas y a impedir que los órganos colegiados de los centros debatan sobre derechos humanos”, señalan las personas que han interpuesto esta denuncia, que previamente han informado de los pasos tomados en los contextos del Consejo Escolar del Estado y los Consejos Escolares Autonómicos.

Entre las medidas que se denuncian están la prohibición de símbolos o actividades solidarias con Palestina, así como la emisión de advertencias verbales y amenazas disciplinarias contra docentes, y la revisión o retirada de materiales pedagógicos. También se refieren distintos momentos de bloqueo del debate en órganos colegiados como los consejos escolares.

Además de los casos consignados, según especifican los denunciantes, se han "recibido decenas de consultas, testimonios y comunicaciones de contenido análogo”

Los casos más graves de advertencias y amenazas corresponden a un centro de Castilla La Mancha, donde se ha registrado que la dirección advirtió de consecuencias a los docentes si se 'insistía' en este tipo de acciones. En el caso del Colegio Alemán de Madrid, se refiere asimismo que se instó a que los docentes se abstuviesen de llevar a cabo actividades y menciones a la situación de Palestina y que hacerlo “podría tener consecuencias laborales” para el profesorado.

A modo de ejemplo, se recogen otro tipo de medidas concretas tomadas por centros como el IES Gerardo Diego en Pozuelo de Alarcón (Madrid). En este centro, la dirección denegó expresamente la participación del profesorado y del alumnado en una iniciativa solidaria y posteriormente impidió que ese veto llegara a ser debatido en el consejo escolar.

Marea Palestina advierte también del efecto silencioso de ese tipo de medidas discrecionales, como es el llamado “chilling efect” o efecto disuasorio, que lleva al personal no docente, especialmente el interino o no funcionario no de carrera, a no hacer nada por el “reproche disciplinario” o la amenaza de “no renovación”.

Además de los casos consignados, según especifican los denunciantes, se han “recibido decenas de consultas, testimonios y comunicaciones de contenido análogo procedentes de docentes y equipos educativos de diversas comunidades autónomas”. 

Como señala la denuncia, el paradigma con respecto a la situación en Palestina ha sido completamente distinta al que se dio después de la invasión rusa de Ucrania, cuando las consejerías autonómicas emitieron signos de apoyo, tolerancia y estímulo a las actividades, campañas y con respecto al uso de simbología solidaria con el pueblo ucraniano. “En ese momento, las administraciones no invocaron la ”neutralidad institucional“ ni señalaron un riesgo de adoctrinamiento para prohibir estas actividades”, apunta la denuncia.