Ecologismo
Operación Urdaibai: pagar con dinero público algo que ya lo es

El Diputado Foral de Infraestructuras, Carlos Alzaga, compareció la semana pasada en las Juntas Generales de Bizkaia por las negociaciones entre la Diputación Foral de Bizkaia y la empresa Astilleros de Murueta SA. El ente público pretende adquirir las parcelas que actualmente ocupa el grupo industrial en zona de protección absoluta y exclusión de actividades humanas dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en la comarca de Busturialdea. La comparecencia ocupó titulares en varios medios de comunicación prensa de Bizkaia y para Zain Dezagun Urdaibai, lo manifestado es un escándalo de dimensiones inauditas.

En primer, lugar el diputado reconoció que Astilleros de Murueta SA sigue con sus actividades de astillero. “Un astillero que está en marcha. No es un erial, no está en medio de un desierto”, recogía Deia. Sin embargo, el convenio firmado entre la DFB y el MITECO, con fecha de entrada en Juntas de 4/72023, dice que la aportación del Ministerio al proyecto del Guggenheim quedaba “vinculada a la realización de actuaciones de carácter ambiental en el entorno de Urdaibai”, entre las que cita la “descontaminación de un suelo de 42.384 m2 correspondiente a los antiguos Astilleros Murueta (sic) en el municipio de Murueta, incluida la demolición de la ruina”. ¿Han resucitado los antiguos Astilleros?

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La DFB tiene dos fines: pagar con dinero público algo que ya lo es y realizar la descontaminación de los 42.000 m2 de Astilleros de Murueta SA igualmente a costa del erario público, un gran operación de malversación de fondos públicos

En su comparecencia, Carlos Alzaga enmendó a Iñigo Urkullu y Elizabete Etxanobe, quienes en  enero anunciaron que se tomaban dos años para estudiar la viabilidad del proyecto. El lehendakari incidía en que la moratoria no era una decisión suya, sino del propio Patronato del Guggenheim Bilbao Museoa. Si realmente este se está planteando la viabilidad del proyecto, ¿a qué viene adelantar la compra de los terrenos que ocupa Astilleros de Murueta SA?

Según Deia, Alzaga advirtió que será un proceso “largo”, no solo porque la actividad sigue en funcionamiento, sino porque “existen otros ámbitos a analizar como la demolición de los edificios existentes o la descontaminación de los suelos”. ¿Hasta cuándo piensa Astilleros de Murueta SA seguir con la concesión ya caducada? Zain Dezgun Urdaibai pidió hace meses a la Demarcación de Costas que ejecute la caducidad de la concesión.

Es de suponer que cuando Alzaga habla de una negociación “larga” se está refiriendo al precio a pagar. Además, parece haber hecho suyas las aspiraciones de la empresa, como plasmaba Deia: “El diputado foral ha precisado que el terreno que se encuentra entre el mar y la línea de dominio marítimo-terrestre es propiedad del Estado español y, en ella, los astilleros tienen otorgado una concesión para explotar dos diques secos, una serie de muros de escollera, unos muelles y una pequeña explanada. La Diputación no va a solicitar ninguna concesión para este espacio y, además, lo va a revertir a su estado original”. A continuación reproducía unas palabras del diputado: “Recuperamos esta zona, previo acuerdo y autorización del Miteco, para que se haga una profunda recuperación ambiental, devolviéndolo a su estado original. Incluye la demolición de las instalaciones existentes, lo cual creo que es una ganancia para todos”.

¿Ganancia para todos? “A continuación, tierra adentro, se encuentra la zona de servidumbre, esta sí de propiedad privada, de unos 9.000 m2, en la que no se plantea levantar ningún edificio, sino simplemente una urbanización y adecuación del espacio tras demoler las instalaciones del astillero. Y un poco más en el interior, la zona privada propiamente dicha, de 30.000 m2, donde está previsto que se construya la sede que albergará el museo Guggenheim. A todas ellas se une el vial que, partiendo de la carretera entre Gernika y Mundaka, llega hasta el astillero, que también pertenece a la empresa”.

En Zain Dezagun Urdaibai sabemos que el deslinde de la costa en ese tramo del Oka fue negociado y pactado entre la empresa, la Demarcación de costas y el Gobierno Vasco con el fin de hacer posible la continuidad de ese uso industrial singular en esa ubicación sensible (se puede consultar en las actas del Patronato de la Reserva de Urdaibai). También sabemos que esa delimitación de la línea del mar no sigue la realidad física del litoral de Murueta, la afectada por el flujo y reflujo de las mareas. Ese deslinde de 2004 también se contradice con los antecedentes y datos científicos: la realidad geológica, los planos del ferrocarril y de la canalización de la Ría, los usos históricos, además de los planos topográficos, vuelos aéreos y estudios que establecen que los terrenos de todo el polígono de Larrabe de Murueta son y han sido ejecutadas por los humanos sobre terrenos del estuario del Oka para pastos y sembrados, en lo que originariamente eran marismas y marjsles. Hace meses Zain Dezagun Urdaibai pidió a la Demarcación de Costas que proceda a nuevo deslinde.

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Parcelas escrituradas por los baserritarras en el siglo XIX que tenían que formar parte del dominio público y propiedad ‘demanial’ del estado

Las parcelas denominadas “itzak” de Larrabe (Murueta) eran originalmente de propiedad comunal (siglos XVII y XVIII). Posteriormente fueron escrituradas por los baserritarras del entorno para su aprovechamiento agrícola-ganadero en la época de las dos guerras carlistas para pagar los gastos bélicos impuestos a las localidades. Aún así, todas esas parcelas de las marismas y marjales, en aplicación de las disposiciones del Código Civil de 1889 y de las siguientes leyes de puertos y costas, tenían la condición de formar parte del dominio público y propiedad ‘demanial’ del estado.

Son antecedentes que apoyan esta realidad física la petición de concesión por el astillero en 1943, el deslinde de 1956 y las solicitudes de autorizaciones de obras en el astillero que se solicitaba a la Demarcación de Costas. Aquí habría que incluir las autorizaciones de dragados y posterior vertido de arenas y lodos contaminados (nunca retirados, a pesar de ser condición) en esas mismas parcelas partes del catastro de rústica de Murueta de 1956 (Nº 190 al 196), como queda recogido en los listados del libro Itzak, Urdaibaiko Kultur Pasaia (SCN Aranzadi). Si todas ellas eran marismas y marjales en 1943, ¿cuándo y por qué han perdido esa condición? Según todas las fuentes, por la acción industrial de esa empresa y la de su histórica filial ‘Inmobiliaria Murueta’, con el abandono y la desidia de las administraciones públicas con competencias.

Hay que decir que la condición de dominio público marítimo terrestre de una parte del territorio es un acto reglado, no de libre decisión, tal y como pretende Carlos Alzaga. Si un terreno del litoral cumple con los requisitos la Ley de Costas de 1989 en sus artículos 3, 4 y 5, o si es terreno ganado al mar por la actividad humana, es imperativamente dominio público marítimo terrestre. Es decir, de propiedad pública y, por lo tanto, inalienable, imprescriptible e inembargable, por mucho que una empresa o particular lo haya registrado o escriturado.

Si todas las parcelas eran marismas y marjales en 1943, ¿por qué han perdido esa condición? Por la acción industrial de Astilleros de Murueta y el abandono y la desidia de las administraciones públicas

El diputado foral oculta su actividad de “desbroce administrativo”, es cómplice en este pelotazo inmobiliario a favor de la empresa que históricamente más ha contaminado en Busturialdea y le exime de las obligaciones contraídas por sus acciones, con desecaciones y destrozos ambientales realizadas desde 1943. Alzaga nos explica sus negociaciones para la adquisición del suelo como si fuera a comprar un solar en la Gran Vía bilbaína, cuando sabemos que la DFB tiene dos fines: pagar con dinero público algo que ya lo es y realizar la descontaminación de los 42.000 m2 de las instalaciones ocupadas por Astilleros de Murueta SA igualmente a costa del erario público. Un gran operación de malversación de fondos públicos, haciendo caso omiso del principio “del que contamina paga”.

En resumen, trata de facilitar un proyecto privado edificatorio y urbanizador, de demostrables daños ambientales irreversibles directos e indirectos a un espacio natural protegido de rango internacional, con su posterior cesión a una empresa particular, “a dedo”, para su conversión en aparcamiento de vehículos de un restaurante con vistas y museo.

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