Desahucios
Aplazado el desahucio de una mujer de 76 años de Vallecas

El 18 de octubre de 2018 Rosario fue víctima del desahucio de su vivienda, en la que vivió más de 60 años, aún y cuando la amparaba un dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas. La señora Charo, como la conocen vecinas y vecinos del barrio de Vallecas siempre vivió de alquiler y se unió a la PAH Vallekas para luchar por aquella vivienda del barrio de Palomeras. En esa ocasión, los herederos de su casero de siempre la llevaron a juicio para echarla con la excusa de querer la propiedad para el uso de un familiar. Cuatro años después esa vivienda sigue sin habitarse se exhibe en los portales inmobiliarios para venta y alquiler.

A pesar de tener el dictamen de la ONU que avalaba la exigencia de Charo de una alternativa frente al desahucio, y tras haber demostrado haber intentado todas las vías existentes para conseguir una vivienda pública y carecer de recursos suficientes, los jueces no la hicieron valer. Tampoco los poderes públicos garantizaron el derecho a la vivienda recogido en la Constitución y los servicios sociales solo llegaron a ofrecerle un albergue por tres meses. Así, Charo, con una pensión de 400 euros y con una dura historia de violencia machista a cuestas, se quedó en la calle para que multipropietarios pudieran seguir adelante con sus negocios.

Pero Charo no estaba sola, y consiguió refugiarse en una casa vacía de otro multipropietario, también en Vallecas, donde tiene su entorno vital. En todo este tiempo, esta mujer mayor que no tiene alternativa ni de acceso al mercado inmobiliario, ni de acceso a una vivienda pública, ha ofrecido en repetidas ocasiones su voluntad de pagar un alquiler acorde a sus ingresos. Pero la historia se repite. Un grupo de herederos con diversas propiedades quieren desahuciar a la Señora Charo de la casa en la que lleva viviendo cuatro años. La especial vulnerabilidad de Charo se ve agravada por su delicado estado de salud, una larga recuperación de un cáncer de mama del que todavía no ha salido por completo, y que en estos días tiene prevista cita para una nueva ecografía.

“Este piso estaba vacío. Cuando vine no se podía ni entrar de cómo estaba la casa. Yo vine, limpié el piso, y me metí. ¿Que qué opino? Pues que tendrían que permitirme pagar lo que yo pueda por vivir en ella. ¿Qué quieren, que me vaya debajo de un puente?”, alcanza a decir Charo entre sollozos. A pesar de los intentos de negociar un alquiler asequible los propietarios han preferido recurrir al desalojo policial. Ya hubo un intento el miércoles pasado que la asamblea vallekana de vivienda logró parar, sin embargo solo le dieron ocho días más de tregua. El segundo intento de desahucio también ha sido parado. Pero Charo a día de hoy sigue sin tener una vivienda. 

“Este piso estaba vacío. Cuando vine no se podía ni entrar de cómo estaba la casa. Yo vine, limpié el piso, y me metí. ¿Que qué opino? Pues que  tendrían que permitirme pagar lo que yo pueda por vivir en ella"

Charo lleva años solicitando una vivienda pública pero ni la Comunidad de Madrid, ni el Ayuntamiento, ni el Gobierno central se han hecho cargo de la situación de esta mujer en especial estado de vulnerabilidad. Desde PAH Vallekas aseguran que, como el caso de Charo, lo mismo “sucede con cientos de miles de personas y la única solución que se les ofrece es la de pagar los precios desorbitados de mercado, la de vagar de alquiler en alquiler, cada vez en peores casas, cada vez más lejos de su lugar de arraigo, o bien, la de ocupar de forma recurrente, siempre con el miedo en el cuerpo al momento del desahucio, en casas muchas veces ruinosas. La dejación de funciones por parte de los poderes públicos tiene efectos en el sufrimiento de miles y miles de personas en nuestro país”.

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Segundo intento de desahucio del matrimonio octogenario, esta vez con la presencia de unidades de antidisturbios. Su sindicato, el de Vivienda de Carabanchel, convoca este viernes 18 de febrero en el portal de Vía Carpetana 109 para impedirlo.

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Insisten en que además el Gobierno se ha negado a aprobar medidas políticas como la ley de vivienda presentada por diversos movimientos sociales, entre ellos el amplio movimiento de vivienda, “una ley que abogaba por rebajas del precio de los alquileres hasta niveles asumibles por una población cada vez más y más precaria” aseguran. PAH Vallekas ve incluso problemático que el gobierno de coalición se niega a aprobar incluso una la ley descafeinada que está en negociación, y actúa contra la ley catalana que garantizaría ciertos derechos.

Por el derecho a defender una vivienda digna para todos y frenar la amenaza de desahucio de la señora Charo, buscar una vivienda pública o una negociación justa con la propiedad, la asamblea vallecana PAH Vallekas convocó a una concentración la mañana del martes 20 de diciembre frente a la Junta de Distrito de Puente de Vallecas. “El que pueda que venga a colaborar un poquito a ver si lo podemos parar hasta que yo tenga una solución o me pueda mover a algún sitio“, exhortaba Charo a sus vecinos y vecinas. Tras varios días de presión de PAH Vallekas y ante el escándalo de un desahucio en plenas fiestas de esta mujer de 76 años,  el juzgado ha suspendido el desalojo la tarde de este martes y los aplaza hasta el día 11 de enero de 2023.

Nos emplazan a después de Reyes, porque esperan cogernos con el estómago lleno, pero no vamos a relajarnos. Difundid la nueva fecha y acudid, por favor. #SolucionParaCharo
El 11-Enero les amargaremos los Reyes pic.twitter.com/n4Ex2ZBe70

— PAH Vallekas (@pahvallekas) December 20, 2022

Nueva condena de la ONU a España

La mañana de este lunes Amnistía Internacional hizo pública la condena del Comité DESC de Naciones Unidas (el mismo que amparó previamente el desahucio de Charo y otros siete casos más) a España, por haber violado el derecho a la vivienda de la familia integrada por Josefina, Richard y sus tres hijas pequeñas. Esta familia lleva solicitando vivienda pública desde hace 16 años a la Comunidad de Madrid y se ha enfrentado a nueve órdenes de desahucio desde 2016. Como ha informado la Coordinadora de Vivienda “se trata del octavo dictamen condenatorio emitido por el Comité DESC de la ONU, todos por vulneraciones del derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid”. Este nuevo fallo del organismo internacional es de obligado cumplimiento y condena al Estado español “a indemnizar a la familia por el daño causado y concederle una solución de vivienda estable, además de la obligación de desarrollar mecanismos legales que impidan que tales vulneraciones vuelvan a suceder”. Pero el movimiento de vivienda teme que esta nueva sentencia sea nuevamente ignorado por los poderes públicos.

Hoy hacemos pública que las ONU a través del Comité DESC ha condenado a España por haber violado el derecho a la vivienda de la familia integrada por Josefina, Richard y sus tres hijas pequeñas. #ViviendaEsDerecho

Hilo va 👇 https://t.co/dyMwpGFDq4 pic.twitter.com/BQDAKczDym

— Coordinadora de Vivienda de Madrid (@AlertaDesahucio) December 19, 2022

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