Desahucios
Dos familias con menores, pendientes de su desalojo del Cortijo de la Nocla

Las dos familias que residen actualmente en el Cortijo de la Nocla, propiedad compartida proindivisa del Ayuntamiento y el Arzobispado de Granada, presentaron ayer en el Registro del Consistorio un escrito de alegaciones para frenar la amenaza de su desalojo. En él piden que se considere su situación de precariedad, los menores que residen en el cortijo y la ausencia de alternativas habitacionales dignas. Las familias habían recibido de manos de la Policía Local de Granada la orden de desalojo hace cinco días, firmada por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento; sorprendentemente, sin que la otra copropietaria del terreno, el Arzobispado de Granada, tuviera conocimiento, según aseguran en una nota de prensa. Estas familias residen en tres chabolas cuidadosamente construidas en el interior del recinto amurallado de la antigua casa nazarí, completamente destruida en la actualidad, y carecen de agua, luz eléctrica y servicios sanitarios. 

En su escrito, las familias alegan que el uso de este espacio para residir no es algo reciente, sino habitual desde hace años, por diferentes familias, dada la carencia de vivienda pública en Granada y las dificultades que tienen para acceder a la vivienda en mercado libre por sus elevados precios de alquiler. Así, alegan que residen allí “para buscarse un techo y una seguridad, especialmente para sus hijos menores, dada la inacción y la dejación de funciones de los responsables municipales en procurar una alternativa digna habitacional”. Además, insisten en que el desalojo ahora, en plena ola de frío invernal y en pleno rebrote de la pandemia de COVID-19, contraviene el Real Decreto-ley 37/2020, que decreta “la suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio”. Todo ello se agrava más por la existencia de menores de edad residiendo en este asentamiento. Estos menores están escolarizados en la zona, y su desalojo a la vía pública sin otra alternativa de convivencia familiar aceptable, constituiría una agresión directa a sus derechos fundamentales. 

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Los ministros Pablo Iglesias y José Luis Ábalos llegan a un acuerdo para poner fin a los desahucios de hogares vulnerables al menos hasta el 9 de mayo de 2021, cuando finaliza el segundo estado de alarma por el covid-19.

Las familias han sido apoyadas en la formulación de sus alegaciones por las asociaciones que trabajan en la protección de los derechos de las personas que residen en este y en otros asentamientos chabolistas de la ciudad, como Médicos del Mundo, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y Anaquerando. Estas asociaciones denuncian “la falta de respuesta del Ayuntamiento de Granada a la situación de extrema pobreza que se viven en estos asentamientos y el uso cada vez más frecuente de las medidas represivas como los desalojos, que no hacen sino aumentar la vulnerabilidad sin solucionar realmente el problema”. 

La dignificación de las condiciones de vida de los asentamientos y sus alternativas

Pablo Simón y Salvador García, voluntarios de Médicos del Mundo, nos relatan la historia más reciente del Cortijo de la Nocla, un asentamiento que ha albergado a personas sin hogar durante muchos años y que ha sobrevivido diferentes vicisitudes, entre ellas un  incendio. Médicos del Mundo ha elaborado un estudio y seguimiento de la población gitana en Granada y de los distintos asentamientos chabolistas en la ciudad. En este proceso de seguimiento detectaron que el Cortijo de la Nocla estaba habitado de nuevo. A finales de 2019, una familia volvió a una chabola construida allí; esta familia retornó a Rumanía pero, en el curso del confinamiento (marzo-abril de 2020), el Cortijo de la Nocla sirvió de nuevo como refugio a familiares suyos procedentes del Zaidín, dedicados a la recogida de chatarra, que habían tenido problemas para pagar el alquiler de sus viviendas debido a la pandemia. “Una de las mujeres mayores que vive actualmente allí está empadronada en el Cortijo desde 2007, esto demuestra que los asentamientos en este lugar no son actuales como defiende el Ayuntamiento de Granada”, indica Pablo Simón.

La diferencia entre estos grupos familiares y otros asentamientos en la ciudad es que estas familias han hecho una inversión monetaria para construir sus edificaciones: “tienen una base de arena y cemento, las casas son de madera, con un techo impermeable al agua; son bastante sólidas, preparadas, no son como las chabolas que se construyen habitualmente con materiales reciclados de la chatarra”, apunta Salvador García. La explicación dada por estas familias, de cinco adultos y tres menores, es que ahí viven niños y quieren tener una vivienda digna para ellos. Médicos del Mundo contactó con estas familias, según las personas voluntarias de la ONG, para incluirles en un programa de emergencia alimentaria desarrollado durante el confinamiento para dar respuesta a las familias que lo necesitaban y paliar un servicio que el Ayuntamiento de Granada no estaba asumiendo. 

Médicos del Mundo acusa al Ayuntamiento de Granada de una actitud agresiva e irrespetuosa con los derechos fundamentales de las personas, “y no sólo en este caso, también en otros”

Médicos del Mundo contactó con el Arzobispado de Granada, copropietario del Cortijo, y ha mantenido una relación fluida en un proceso de negociación en el que representantes de la Curia han realizado visitas al asentamiento. “La negociación era muy positiva, ellos iban a solicitar al Ayuntamiento el suministro de servicios básicos de agua y luz para estas familias, además de informar que las familias no se iban a mover si no se les proporcionaba una alternativa coherente con su situación. En esas estábamos cuando llegó por sorpresa la orden municipal de desalojo”. Médicos del Mundo acusa al Ayuntamiento de una actitud agresiva e irrespetuosa con los derechos fundamentales de las personas, “y no sólo en este caso, también en otros: en el Camino de Ronda con ‘Las casas del butano’, el caso de la Azucarera, etc.” y entiende que la solución proporcionada por el Ayuntamiento es inasumible para las familias porque “es una solución de unos meses, una no solución”.

La alternativa del Ayuntamiento para este problema es separar a las familias: enviar a los hombres a un refugio y a las mujeres y los niños a otro “y que se deshagan de su material de trabajo, el del transporte de la chatarra con la que sobreviven”. También les ofrecieron una vivienda compartida con otra familia, de Provivienda, “que actualmente no dispone de viviendas así que se encontrarían en una lista de espera”, lamenta Salvador García.

Una respuesta municipal insuficiente

Sonia Sahli, coordinadora de la Asociación Gitana Anaquerando, nos cuenta que el conflicto con el desalojo de este cortijo, que refleja historias de vida muy duras, se repite cada poco tiempo y no se les da ninguna solución por parte de las instituciones; “con suerte”, un alojamiento temporal o en un albergue donde se les da instrucciones de lo que tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer “tratándoles de una manera absolutamente infantilizada”. Además, subraya, el albergue municipal no es sino “una subcontrata barata a una entidad”.

Desde la entidad aseguran llevar mucho tiempo “dándole vueltas al asunto” y una de las posibles soluciones que les parece que podría ser viable es el registro de terrenos o espacios públicos sin uso en la actualidad, para que la gente pudiera construirse allí sus propias viviendas. Se trata de una iniciativa que se está llevando a cabo en diferentes ciudades del mundo como en Barcelona o Los Ángeles, que trata de buscar soluciones para no reubicar a estas personas en viviendas que no corresponden con su modo de vida. Como explica Sonia, “si ponemos a alguien acostumbrado a vivir en espacios abiertos en un piso de 40 metros cuadrados, esto les supone un cambio tan profundo que muchos no pueden superar” y añade que es una idea generalizada pensar que la gente que tiene necesidades no puede tener criterios de cómo puede vivir. Consideran muy extendida la mentalidad de “que se conformen con lo que les damos que mucho es” y que hay una tendencia a imponer soluciones sin tener en cuenta la posibilidad de facilitar las herramientas para que las personas que padecen un problema sean quienes den con la tecla de la solución. 

120 plazas municipales para personas sin hogar

A finales de diciembre de 2020, el Ayuntamiento  de Granada hizo recuento de las plazas disponibles para personas sin hogar: 50 en la Casa de Acogida para Personas Sin Hogar Madre de Dios, en calle Varela; 36 plazas en el Centro de Acogida Mujeres y Familias, que gestiona la asociación Ocrem; 10 en el modelo de atención Housing First, 15 en viviendas sociales comunitarias y otras 10 en el Centro de Encuentro y Acogida (CEA).

Un paso en firme frente a la indigencia

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