Derechos Humanos
Afganistán, Iraq y Guantánamo: las otras vulneraciones del derecho internacional por parte de Estados Unidos

“Estoy profundamente perturbado por estos acontecimientos y por algunas de las reacciones que he visto. Está surgiendo una narrativa que busca justificar la intervención militar estadounidense como respuesta al atroz historial de derechos humanos del Gobierno de Maduro”, escribía hace apenas unos días en El País el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

El secuestro de Nicolás Maduro y la toma de Venezuela por parte de Estados Unidos ante la pasividad y la tibieza de gran parte de la comunidad internacional ha sacudido el panorama de la política global; y ha socavado todos los principios fundamentales del derecho internacional. Sucedió hace apenas siete días, el 3 de enero, pero las implicaciones de esta acción están siendo —y serán— mayores.

“Ningún estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”, se puede leer en uno de los comunicados emitidos por Naciones Unidas a lo largo de esta semana. Es lo mismo que se dice en la Carta de Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional.

Adoptado tras la Segunda Guerra Mundial y enmendado hasta tres veces (1963, 1965 y 1973), este texto ha sido, desde entonces, el principal instrumento de derecho internacional, vinculante para los Estados Miembros de Naciones Unidas. La Carta recoge los principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los Estados, hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

La caducidad de la Carta de Naciones Unidas y los consensos internacionales

Con esta última acción, pero también con todas sus proclamas e intervenciones en otros ámbitos —como en arancelario— Donald Trump está dinamitando el orden establecido desde 1945 tras la Segunda Guerra Mundial. Los consensos adquiridos en aquel momento y que hasta ahora han regido, con más o menos acierto, los quehaceres internacionales, ya son historia. El derecho internacional ha claudicado ante la ley del más fuerte —esto es algo que se ha oído mucho a lo largo de la última semana—, pero si bien Venezuela se presenta como un precedente que abre las puertas a una nueva era de colonialismo e intervencionismo, Estados Unidos hace años que lleva a cabo intervenciones militares unilaterales que profanan los principios internacionales con el fin de lograr sus objetivos, sean estos cuales sean.

En el caso de la intervención en Venezuela, Estados Unidos no contaba —porque tampoco nunca se planteó— con la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La abducción de Maduro y todo lo que ha venido después, además, no está justificado bajo la defensa propia, lo que sí podría amparar una intervención militar. “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”, se puede leer en el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas.

La Carta de Naciones Unidas se regula “claramente” cuándo hay riesgos para la seguridad o para la paz, y cómo hay que actuar cuando eso sucede

Para Maite Parejo, abogada socia de Penal y Derechos Humanos Maio Legal y copresidenta del Observatorio Derechos Humanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, está claro que Donald Trump ha hecho “un uso ilegítimo de la fuerza”. Señala que en la Carta de Naciones Unidas se regula “claramente” cuándo hay riesgos para la seguridad o para la paz, y cómo hay que actuar cuando eso sucede. “Lo primero es intentar una solución negociada. Después, ir al Consejo de Seguridad. Si estos intentos de solución negociada no funcionan, se pueden llevar a cabo determinados procedimientos. Luego ya entraríamos en el famoso capítulo séptimo [Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión]. En ese caso, el Consejo de Seguridad podría adoptar otro tipo de medidas que no implicaran el uso de la fuerza, como la interrupción de las relaciones económicas o la ruptura de las relaciones diplomáticas, entre otros”.

Todos estos procedimientos no se han dado en el caso de Venezuela, pero no es la primera vez que Estados Unidos hace caso omiso de los principios que rigen el derecho internacional. En los últimos veinte años (2005-2025) el historial de violaciones de la Carta que rige, o debería regir, el orden global ha sido quebrantado en multitud de ocasiones por parte de diferentes Estados, pero sobre todo, por parte de EEUU. Venezuela es un capítulo más en la larga lista de desprecios por el derecho internacional en estas últimas dos décadas.

Al secuestro de Nicolás Maduro hay que sumarle una larga lista de violaciones del derecho internacional por parte de Estados Unidos que van desde el incumplimiento del derecho humanitario en el contexto de conflicto armado, al uso de la fuerza sin que haya una resolución favorable por parte de Naciones Unidas o el ataque a instituciones judiciales internacionales, entre otros.

Guantánamo, el pozo más oscuro del derecho internacional y los derechos humanos

La base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba, ha sido, desde 2002, un coladero para el derecho internacional y los derechos humanos. El trato a los prisioneros y las penas indefinidas, así como la ausencia de juicios ha constituido una de los grande hitos de la violación del derecho internacional de los últimos años; algo permitido por la comunidad internacional. Las detenciones arbitrarias y el maltrato a las personas allí capturadas por parte de las administraciones estadounidenses han sido, a lo largo de las últimas dos décadas, denunciados de manera reiterada por decenas de organizaciones internacionales de derechos humanos.

El trato inhumano, ha incluido, a lo largo de estos años, palizas, insultos, agresiones sexuales, sometimiento al hambre o privación del suelo, entre otras torturas.

La prisión de Guantánamo ha sido escenario de repetidos escándalos de tortura, donde se ha puesto en riesgo la integridad tanto física como psicológica de los allí presos. El trato inhumano ha incluido, a lo largo de estos años, palizas, insultos, agresiones sexuales, sometimiento al hambre o privación del suelo, entre otras torturas.

El 10 de enero de 2022, el panel independiente de expertos en derechos humanos designado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió una declaración en la que se afirma que en esta prisión en suelo cubano se han violado las leyes internacionales de derechos humanos, lo que supone “una mancha en el compromiso del Gobierno de Estados Unidos con el Estado de derecho”.

En el comunicado se habla de prácticas “inaceptables” y los expertos consideran que “Guantánamo es un símbolo de la falta sistemática de rendición de cuentas y prohibición de la tortura patrocinada por el Estado, así como de la impunidad de la que gozan los responsables”.

Afganistán e Iraq, las tumbas más recientes del derecho internacional 

En las últimas dos décadas, los ataques y las operaciones militares sin la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas más escandalosos se han producido en Afganistán y en Iraq. Estas dos intervenciones militares se llevaron a cabo bajo el manto de la manida “guerra contra el terrorismo”. En las invasiones de estos dos países, en 2001 y en 2003, respectivamente, no se respetó el principio de distinción entre personas civiles y combatientes, en el que se determina que: “Las partes en conflicto deberán distinguir en todo momento entre personas civiles y combatientes. Los ataques sólo podrán dirigirse contra combatientes. Los civiles no deben ser atacados”. Si esta medida no se respeta, constituye una violación de las normas humanitarias en un contexto de conflicto armado.

En Afganistán, la invasión iniciada en 2001 bajo el nombre de “Operación Libertad Duradera” —rebautizada en 2015 como operación “Centinela de la Libertad” y que terminó con la salida de las tropas estadounidenses en agosto de 2021, puso en pausa el régimen de los talibanes que había gobernado el país de 1996 a 2001, pero se cobró decenas de miles de vidas civiles y los combates dejaron una región devastada.

Antes de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, el Consejo de Seguridad había manifestado cierta “inquietud” respecto al régimen talibán, a quien se acusaba de “tráfico de drogas, exportación de terrorismo y violaciones de los derechos humanos”. Por ese motivo, en las resoluciones 1.267 (1999) y 1.333 (2000) el Consejo impuso sanciones contra el régimen que incluían el embargo de armas y la prohibición de viajar, junto con medidas financieras. En ningún caso se había autorizado un ataque. Apenas tres meses antes del 11S, concretamente el 5 de junio de 2001, se creó un mecanismo de vigilancia para que se cumpliesen las sanciones y se adoptaron una serie de medidas contra el régimen. Tampoco en esta sesión se habló nunca de intervención militar.

Si bien desde Naciones Unidas se autorizó la creación de una misión internacional de seguridad, no existe una resolución del Consejo de Seguridad que autorizara la invasión

Y tampoco se hizo durante la siguiente sesión del Consejo, celebrada tras el 11S, concretamente el 13 de noviembre. De hecho, para cuando se produjo este encuentro, Estados Unidos ya había iniciado acciones armadas en el país. Si bien desde la ONU se autorizó la creación de una misión internacional de seguridad, no existe una resolución del Consejo de Seguridad que autorizara la invasión por parte de Estados Unidos.

En el momento de la salida de las tropas estadounidenses del país, en 2021, ACNUR contabilizó los refugiados afganos en 2,6 millones, de los cuales 2,2 vivían entre Irán y Pakistán. Actualmente, ACNUR cifra en 3,5 millones las personas desplazadas internamente por la violencia y la inseguridad causada, inicialmente, por aquella invasión. Estados Unidos abandonó el país al borde del colapso. Hace años que miles de afganos viven una crisis humanitaria permanente. El pasado mes de diciembre, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas advertían que más de 17 millones de afganos y afganas están en situación crítica de hambre.

Los talibanes volvieron al poder en Afganistán y los grandes vencedores de esta guerra fueron los contratistas en defensa estadounidenses, que multiplicaron sus beneficios. “Para los contratistas, afirmar el éxito, ya fuera real o imaginario, era vital para conseguir un negocio futuro. Así que el gasto se convirtió en la medida del éxito”, escribió John F. Sopko en el ensayo Estados Unidos, Afganistán y el precio del autoengaño, publicado en el New York Times en enero de 2025. John F. Sopko es inspector general especial para la reconstrucción de Afganistán desde 2012. La guerra de Afganistán ha sido, hasta el momento, la más costosa y la más duradera para Estados Unidos.

La intervención en Iraq, dejó un saldo de medio millón de muertos y unos dos millones de iraquíes desplazados

En Iraq, la invasión estadounidense, con el apoyo de Gran Bretaña y España —pero sin el beneplácito del Consejo de Seguridad de la ONU— fue considerada, desde el inicio, ilegal. Como en Afganistán, se cobraría la vida de miles de personas y también haría saltar por los aires el derecho internacional. Iniciada el 20 de marzo de 2003 con el objetivo inicial de derrocar al régimen de Sadam Husein bajo la presidencia de George W. Bush y finalizada a finales de 2011 por el presidente Barack Obama, la intervención en Iraq dejó un saldo de medio millón de muertos y unos dos millones de iraquíes desplazados. Así lo estimó en su momento la revista científica Plos Medicine en un estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores iraquíes y estadounidenses. Aproximadamente el 60% de las muertes se produjeron por ataques directos y el restante 40% por causas derivadas de la guerra.

Según el proyecto Costs of War, del Instituto Watson —perteneciente a la Universidad de Brown, en Estados Unidos— se estima que más de 940.000 personas murieron a causa de la violencia bélica que se desató después del 11 de septiembre en Iraq, Afganistán, Siria, Yemen y Pakistán entre 2001 y 2023. De ellas, más de 432.000 eran civiles. “El número de personas heridas o enfermas como consecuencia de los conflictos es mucho mayor, al igual que el de civiles que murieron indirectamente, como consecuencia de la destrucción causada, los sistemas de salud, las infraestructuras y el medio ambiente. Se estima que entre 3,6 y 3,8 millones de personas murieron indirectamente en zonas de guerra posteriores al 11S, lo que eleva la cifra total de muertos a al menos 4,5-4,7 millones, y la cifra sigue aumentando”, se puede leer en las conclusiones del estudio.

Sanciones, bloqueo económico y persecución institucional

La “guerra contra el terrorismo” perpetrada por Estados Unidos ha matado a decenas de miles de personas y ha devastado países enteros; pero este no que han llevado a cabo los 'gringos' para intervenir en países siguiendo intereses de diferente índole.

El bloqueo y las sanciones económicas han estado al orden del día, un tipo de actuación que, según varios estudios internacionales, tiene más efecto en la población local que en los mandatarios al frente de los gobiernos. Si bien este sí es un mecanismo contemplado en el marco de la Carta de Naciones Unidas (Capítulo VII, artículos 41 y 42) para presionar regímenes, en muchas ocasiones se ha usado para forzar cambios de gobierno al antojo de quien imponía las sanciones.

Las sanciones económicas a países como Siria o Cuba han incrementado la pobreza de las poblaciones locales. En varias ocasiones, la Asamblea General de la ONU ha votado a favor de que se obligue a Estados Unidos a poner fin al bloqueo cubano, hecho que no ha sucedido. En el caso de Irán, por otra parte, las sanciones estadounidenses al sector petrolero han tenido como resultado una crisis de la que estos días podemos ver las consecuencias, con miles de personas manifestándose contra la inestabilidad económica, además de por otras causas. La caída del valor del rial iraní ha sumido a la población en una pobreza estructural; y en gran parte se debe a las sanciones.

La persecución a las instituciones que velan para que se respeten las normas internacionales globales es una manera más de quebrantar el orden internacional

Por último, no hay que olvidar que Estados Unidos —que no es miembro del Estatuto de Roma— no solo viola de manera sistemática el derecho internacional, sino que hace todo lo posible para socavar su viabilidad. Un buen ejemplo de ello son las sanciones impuestas, el pasado mes de junio, a cuatro jueces del Tribunal Penal Internacional (TPI) por la investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por el gobierno israelí en Gaza y Cisjordania. La persecución a las instituciones que velan para que se respeten las normas internacionales globales es una manera más de quebrantar el orden internacional.

El pasado 7 de enero Donald Trump retiró a Estados Unidos de la Convención Marco sobre Cambio Climático y otras 66 organizaciones internacionales; casi la mitad de ellas vinculadas a Naciones Unidas. La Orden Ejecutiva 14199, de Retirada de Estados Unidos y Financiación a Ciertas Organizaciones de las Naciones Unidas y Revisión del Apoyo de Estados Unidos a Todas las Organizaciones Internacionales, señala que estas organizaciones son “contrarias a los intereses de Estados Unidos”, por lo que prohíbe “seguir siendo miembro, participar o prestar apoyo de cualquier otra forma” a ninguna de ellas.

El presidente estadounidense está convirtiendo el mundo en un polvorín para la seguridad internacional

“En vez de regresar a las instituciones y a los procedimientos de los que nos autodotamos para preservar la paz y la seguridad internacional, estamos haciendo lo contrario, o algunos están haciendo lo contrario”, subraya Maite Parejo. “Creo que en estos momentos lo que tenemos que recordarnos es cómo queremos solucionar los conflictos”. Para la experta en derecho internacional, “el desprecio por los derechos humanos luego se paga caro”. Con sus acciones recientes —el secuestro de Maduro o las amenazas a Colombia, México, Cuba y Groenlandia, entre otras—, el presidente estadounidense está convirtiendo el mundo en un polvorín para la seguridad internacional.

La sumisión de la comunidad internacional al hegemón no es una circunstancia nueva y hoy por hoy, la restauración de un derecho internacional basado en un enfoque de derechos humanos parece una quimera. Ciertamente, lo sucedido en Venezuela sienta un precedente y legitima la ley del más fuerte; una lógica, sin embargo, ya observada en los casos de Iraq o Afganistán, si nos remitimos al pasado reciente, o de Chile y Panamá si se viaja unas décadas más atrás.

Malos tiempos para el derecho internacional y los derechos humanos

Sergio Maydeu Olivares, analista e investigador asociado del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), escribía hace unos días en sus redes sociales que “la prohibición del uso de la fuerza en el derecho internacional no ignora la existencia de regímenes autocráticos y dictaduras. Responde a una lógica distinta: limitar la discrecionalidad de los Estados poderosos y evitar que la intervención armada se convierta en una herramienta arbitraria. Hablar de derecho internacional, de reglas, del ‘orden’ internacional creado hace 80 años, puede sonar ridículo tal y como está el mundo. Pero es lo único que tenemos aquellos que creemos en algo que sí ha supuesto un antes y un después en la historia de la humanidad: los derechos humanos. Pura poesía visto lo visto”.

Existe un “doble rasero” a la hora de aplicar el derecho internacional, algo que “perjudica a toda la ciudadanía”

También Maite Parejo considera que “no tenemos un sistema perfecto, pero no tenemos otra cosa. Tendríamos que centrarnos en hacerlo efectivo”. La analista, que piensa que “son malos tiempos para el derecho internacional y los derechos humanos”, subraya la existencia de un “doble rasero” a la hora de aplicar el derecho internacional, algo que “perjudica a toda la ciudadanía. La historia nos ha demostrado que depende de quién viola el derecho, se reacciona de una forma y otra; y eso nos lleva a plantearnos qué papel tiene el poder político y el poder económico en la protección en la vigencia y la protección del derecho internacional y los derechos humanos”.

Se hace, Parejo, una última pregunta: “A Maduro se le va a juzgar por unos crímenes; ¿pero quién va a juzgar lo que ha sucedido?”. Y concluye: “Si no volvemos a reafirmar los principios de los que nos dotamos desde 1945, presiento que vamos a volver a presenciar otros numerosos actos de barbarie”.