Crisis energética
El trazado de gasoductos a Europa, otro foco de tensión entre España y Marruecos

Pocas políticas brindan mejor su propia metáfora que la de los gasoductos con sus tuberías, trazados y conexiones y desconexiones, y hasta por el propio recurso que transportan, que es incoloro e inodoro, pero también combustible. El analista alemán Wolfgang Münchau señalaba días atrás que los notorios problemas de la Unión Europea con la importación de gas natural van más allá de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, el cierre del Nord Stream y su posterior explosión –aún bajo investigación oficial– y las sanciones. En 2021, recordaba Münchau, ya se registraron “precios de mercado elevados y niveles de almacenamiento inusualmente bajos” a finales del verano, y, desde entonces, la sucesión de los acontecimientos arriba mencionados ha hecho que “algunas industrias del continente todavía no se hayan recuperado”.

Según Münchau, ahora mismo hay “síntomas de que están incubándose problemas que son inquietantemente similares a los que vimos a comienzos de aquel año”. Por una parte, una tendencia al alza de los precios del mercado de futuros como consecuencia de la respuesta iraní a la campaña de bombardeos estadounidenses contra su territorio y que ha afectado, entre otros, a Qatar, que es el proveedor de gas natural licuado (GNL) de cerca de una quinta parte del mercado mundial. Y, por la otra, unos niveles de reservas de nuevo bajos: se calcula que la diferencia respecto a la media de los últimos 10 años se encuentra entre los 16 y los 17 mil metros cúbicos, más del consumo anual de gas de Bélgica. La UE puede desentenderse políticamente –o hacer ver que se desentiende– de lo que ocurra en el estrecho de Ormuz si así lo desea, pero le afecta económicamente: de repente, la distancia respecto al Golfo Pérsico y a las economías asiáticas con las que compite por este recurso se acorta considerablemente.

En ausencia del suministro de gas ruso, las principales economías importadoras de la UE, ante todo Alemania, se ven obligadas a intentar diversificar su cartera energética. Uno de los beneficiarios de esta situación ha sido Azerbaiyán, cuyas múltiples violaciones de los derechos humanos han sido barridas bajo una abultada alfombra para convertirse en un “socio energético valorado y fiable para la Unión Europea”, en palabras de la Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas. El pasado 19 de julio se dio luz verde a otra pieza de este nuevo rompecabezas gasístico de la UE en Freetown, la capital de Sierra Leona, y que tiene el potencial de provocar no menos quebraderos de cabezas.

Desde Nigeria hasta Europa

En Freetown se celebró la última cumbre de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) –de la que son miembros Benín, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo–, en la que se aprobó la construcción del gasoducto africano-atlántico (AAGP). Este gasoducto, que se espera que esté en funcionamiento en 2031 y tiene un coste estimado de 25 mil millones de dólares, tendrá una capacidad anual de 30 mil millones de metros cúbicos. Con un espectacular recorrido de 6.900 kilómetros, también será el segundo gasoducto más largo del mundo. Su construcción, que comenzará en 2028, estará financiada por los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el Banco de Desarrollo Islámico, el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y el Banco Europeo de Inversiones (BEC).

Marruecos ha convertido Dajla (Sáhara Occidental) en una pieza clave de su iniciativa atlántica, con la que, mediante acuerdos, quiere atraerse a los estados africanos como Mali, Burkina Faso o Níger,

El trazado del gasoducto comienza en Nigeria, el mayor productor de gas natural de África, y recorrerá la costa africana hasta llegar a España, desde donde se distribuirá el recurso al resto del continente. ECOWAS ve el proyecto como una manera de reforzar y consolidar la posición económica de los estados africanos en los mercados internacionales y promover a un mismo tiempo la cooperación entre ellos. No todo el mundo está no obstante de acuerdo con esta opinión. Un experto en energía nigeriano, Dan Kunle, ha señalado algunos de los problemas de la operación. Kunle ha cuestionado, por ejemplo, que su país priorice la exportación de energía mientras la población nigeriana sigue padeciendo inseguridad energética. También ha advertido que el proyecto se enfrenta a obstáculos importantes, como la cantidad de países participantes con sistemas políticos, marcos legales y regímenes fiscales diferentes. “Un gasoducto de casi 7.000 kilómetros es tan fuerte como el tratado más débil, la jurisdicción más débil y el participante más débil financieramente.”

Uno de esos obstáculos –más allá de que la inestabilidad global afecte al coste del proyecto vía inflación en los próximos años– es que para alcanzar España el gasoducto tiene que hacer escala en Dajla, una ciudad del Sáhara occidental ocupada por Marruecos. La importancia de esta ciudad para la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) no es sólo simbólica: Estados Unidos y Reino Unido han realizado en su costa prospecciones petrolíferas, además de ser explotada por Rabat como destino turístico y, ahora también, como escenario para rodajes cinematográficos debido a sus pintorescos paisajes naturales (la escena del caballo de Troya de La odisea de Christopher Nolan se filmó allí). Marruecos también ha convertido Dajla en una pieza clave de su iniciativa atlántica, con la que, mediante acuerdos, quiere atraerse a los estados africanos como Mali, Burkina Faso o Níger, que carecen de ella.

Las maniobras diplomáticas de Rabat

No puede decirse que Marruecos no haya sido transparente en su interés por cimentar su control sobre los territorios ocupados y, por extensión, los recursos minerales que atesoran, y tampoco que haya escatimado esfuerzos en sus maniobras para conseguirlo. Durante años, y como se comprobó el pasado 30 de julio, Marruecos ha recurrido cuando lo ha creído necesario a su control de la presión migratoria sobre los exclaves de Ceuta y Melilla, también a tramas de espionaje, para mantener a raya a España –quien, como antigua potencia colonial, tiene una responsabilidad especial en el contencioso entre la RASD y Marruecos–, Rabat ha cultivado buenas relaciones con Tel Aviv, gracias a lo cual, además de la compra de armamento (en particular, drones israelíes empleados en sus acciones contra los soldados del Frente Polisario) y software de espionaje (como el tristemente célebre ‘Pegasus’), se ganó el favor de la administración de Donald Trump, que en 2020 reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara occidental.

Uno de los estados de ECOWAS, Togo, se adhirió al reconocimiento en 2022, mientras que Cabo Verde, Costa de Marfil, Guinea-Bissau y Liberia congelaron o suspendieron sus relaciones con la RASD entre 2020 y 2022. La mayoría de estados miembro de la UE, incluyendo España –bajo el gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez–, ha aceptado el plan de autonomía marroquí de Marruecos para España.

En paralelo a todos estos acontecimientos, una organización fundada en 2020 –en cuya conferencia inaugural participó el hoy caído en desgracia José Luis Rodríguez Zapatero como “invitado de honor”– llamada Saharauis por la Paz, opuesta al Frente Polisario y partidaria de una tercera vía basada en “un compromiso y una solución duradera”, ha ido en ascenso en la esfera pública. Saharauis por la Paz denuncia reiteradamente las supuestas vulneraciones de derechos civiles cometidas por el Frente Polisario en los territorios bajo su control y la acusa de ser un obstáculo a la consecución de la paz por su ideología. Llamativamente, esta misma organización no considera que las violaciones de derechos humanos de Marruecos supongan un obstáculo a un acuerdo de paz.

Argelia se perfila, cada vez más, como un socio a tener en cuenta para el petróleo, el gas natural, el gas natural licuado y el hidrógeno

En fecha tan reciente como a finales de junio varios representantes de Saharauis por la Paz se reunieron en Nueva York con el embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, el republicano y trumpista Mike Waltz. Actualmente EEUU trata como es sabido de convertir a Marruecos en un socio militar estratégico en la región e incluso ha cerrado un acuerdo para la construcción de un centro de formación militar en Tan Tan, cerca de los territorios ocupados. Un informe elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en 2021 tildó a Saharauis por la Paz de “pantalla” de los servicios secretos marroquíes, lo que no ha impedido su cercanía con el PSOE todos estos años. A finales de noviembre de 2025, por ejemplo, Sánchez se dejó fotografiar con el líder de Saharauis por la Paz, Hach Ahmed Bericalla, en la capital de Malta, La Valeta, donde el Presidium de la Internacional Socialista (IS) celebraba una reunión, en un gesto que fue ampliamente interpretado como una manera de socavar la autoridad internacional del Frente Polisario, que también forma parte de la IS como “miembro consultivo” desde 2017.

El AAGP se enfrenta por si fuera poco a un importante competidor, el gasoducto transsahariano (TSGP), que, partiendo también de los campos nigerianos, ya está en construcción y presenta considerables ventajas: una longitud más corta (4.128 kilómetros) y sólo dos países de tránsito, Níger y Argelia, desde donde se distribuiría hacia España e Italia. Además de la oposición local del Movimiento para la Emancipación del Níger Delta (MEND), Marruecos, por supuesto, tiene intereses en que este proyecto no avance, a pesar de que el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, visitó en julio Berlín y Madrid para sellar el acuerdo. Francia, bajo el gobierno de Macron, actúa aquí como contrapeso: su diplomacia busca compensar la pérdida de influencia en el Sahel alineándose con Rabat, con quien espera firmar un tratado de amistad e intensificar sus relaciones comerciales y militares.

Argelia, que es además como es sabido un importante productor de petróleo y gas natural, es un socio relativamente incómodo para la Unión Europea, ya que no sólo es el principal garante del Frente Polisario, sino que mantiene unas excelentes relaciones estratégicas con Rusia y pésimas con Marruecos. En agosto de 2021 Argel rompió sus relaciones diplomáticas con Rabat, a quien acusó de apoyar el separatista Movimiento para la Autodeterminación de la Cabilia de manera interesada –la legislación marroquí prohíbe expresamente la creación de partidos políticos basados en la etnia y el gobierno ha perseguido una estrategia de asimilación de la población amazigh y sus representantes políticos mediante promesas de un mayor reconocimiento y concesión de derechos lingüísticos–, en marzo de 2023 Tebboune afirmó que las relaciones habían llegado a “un punto de no retorno” debido a “las provocaciones continuadas de Marruecos a Argelia”, y en septiembre de 2024 endureció los visados para los marroquíes, llegando a acusar a Rabat de promover “acciones que amenazan la estabilidad de Argelia”, incluyendo el “espionaje sionista” y “el tráfico de drogas y de personas”. Ante la necesidad cada vez más urgente de diversificar sus importaciones energéticas para alejarse de la dependencia rusa y ahora estadounidense, Argelia se perfila, cada vez más, como un socio a tener en cuenta para el petróleo, el gas natural, el gas natural licuado y el hidrógeno.

El Polisario anuncia que recurrirá la decisión

En declaraciones a El Salto, Salamu Hamudi, responsable de Asuntos Políticos en la Representación Saharaui del Frente Polisario en España, se muestra crítico con los planes del gasoducto. “Marruecos no puede decidir sobre un territorio que ocupa militarmente: tanto para nosotros como para la comunidad internacional Marruecos es una potencia ocupante, no tiene ninguna potestad para construir ni permitir que haya una actividad económica sin el permiso de las autoridades saharauis”, aclara Hamudi al precisar que “como Estado soberano puede tomar esa decisión para su territorio reconocido internacionalmente, pero bajo ninguna condición puede hacerlo para el Sahara occidental”. Hamudi recuerda que “los recursos naturales no pueden ser explotados por Marruecos sin el consentimiento del pueblo saharaui”, algo “reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”. “Cualquier empresa que quiera hacerlo debe contar con el consentimiento del Frente Polisario”, remacha.

Preguntado por la posición del Gobierno de España, Hamudi muestra cautela. “Como todavía es un proyecto, el gobierno español no se ha pronunciado, pero hay empresas españolas que participan de este expolio general”, asegura para lamentar el hecho de “que España o Francia digan que la autonomía es la mejor opción”, algo que considera “un atropello contra la legalidad internacional.” Para el político saharaui, “países que dicen defender el derecho internacional y el derecho a la autodeterminación” no pueden legitimar “una política de hechos consumados que vulnera los derechos humanos y del pueblo saharaui.”

“Después de controlar militarmente la zona de ocupación y llenarla de colonos marroquíes, Marruecos comenzó la explotación de los recursos naturales y ahora intenta atar bien este andamiaje económico de la ocupación a través de la implicación directa de las grandes potencias occidentales, facilitándoles la participación en la explotación de los recursos naturales”, explica a El Salto Hamudi, ya que “cuanto más implicadas estén esas empresas en el tejido económico, más complicado es sacarlas o que salgan del territorio saharaui más adelante.” Por este mismo motivo, continúa, Rabat “trata de implicar también a los estados africanos de la región, y lo mismo puede decirse de las empresas españolas, europeas y estadounidenses.”

Con todo, Hamudi se muestra optimista y anuncia que el Polisario recurrirá llegado el momento la decisión ante los tribunales, como ha hecho ya en el pasado. “A largo plazo creo que no se va a poder llevar a cabo”, sostiene, y cree que en este proyecto hay por parte de Marruecos “mucha propaganda y mucho vender humo.”