Coronavirus
Los Servicios Sociales de Granada reclaman al Ayuntamiento recursos para afrontar la crisis del covid-19

Esta semana, la quinta desde el confinamiento decretado para frenar el impacto del coronavirus, varios agentes sociales de Granada han elevado sus demandas al Ayuntamiento de la ciudad para exigir lo que no puede esperar más: la intervención institucional en las necesidades de quienes “no tienen de nada”.

Palacio Deportes Granada personas sin hogar coronavirus
El Ayuntamiento habilita el Palacio de Deportes de Granada para las personas sin hogar en la crisis del COVID-19 Marta González

El colectivo de profesionales de los Servicios Sociales ha sido el primero en alzar la voz, se sienten “impotentes al no poder dar respuesta a las necesidades planteadas por las personas en situación de máxima vulnerabilidad”. A través de un comunicado del sindicato CGT,  acusan al Ayuntamiento de Granada de “paralizar 125.000 euros de las ayudas económicas familiares que había pendientes desde antes de la crisis y que ya estaban concedidas”.

A CGT le parece gravísima esta situación en la que “no sólo no pueden otorgar nuevas prestaciones surgidas durante la crisis del COVID -19, sino que las que ya eran urgentes no se han dado a las familias y están todavía pendientes”. Denuncian la falta de respuesta institucional a “los derechos y la dignidad de las personas que peor lo están pasando en Granada”, debido por un lado a la  precariedad de los medios que ofrece la administración municipal para el teletrabajo de los Servicios Sociales, y por otro al colapso que están sufriendo estos servicios a causa de la avalancha de demandas relacionadas con la cobertura de las necesidades básicas para garantizar el bienestar de las familias sin posibilidad de respuesta: “el ayuntamiento sólo reparte, después de demorarse más de tres semanas, bolsas de comida para cada familia por valor de 12 € para comer toda la semana”, alertan. Según el sindicato, “el plan de alimentos anunciado por el alcalde se tradujo en una entrega totalmente insuficiente en cantidad y tipo de alimentos, e indigna de una administración pública, que ha soliviantado a los profesionales del Área de Derechos Sociales y continúa sin resolver la emergencia alimentaria y social que se está produciendo en la ciudad de Granada".

El equipo de gobierno municipal de Cs y PP en Granada ha defendido, según una noticia publicada en Ideal, la respuesta del consistorio hasta el momento y achacado el “bloqueo” de esos 125.000 euros “a las dificultades que el confinamiento está provocando a la hora de hacer llegar a las familias los cheques” y han señalado que “el área acaba de diseñar un operativo que permite simplificar el abono”. Consultados por este medio, hasta el momento se encontraban reunidos, y no han hecho declaraciones sobre el tema.

El Colegio de Trabajadores Sociales de Granada pide al Ayuntamiento la apertura de los centros de Servicios Sociales Comunitarios “en vista de la precaria situación que están viviendo actualmente muchos ciudadanos”

Por otro lado y apoyando la labor esencial de los Servicios Sociales Comunitarios, el Colegio de Trabajadores Sociales de Granada ha presentado un escrito al ayuntamiento solicitando la apertura de los centros de Servicios Sociales Comunitarios “en vista de la precaria situación que están viviendo actualmente muchos ciudadanos como consecuencia del cese de la actividad o las medidas de confinamiento”. Instan al ayuntamiento a que se garantice la apertura de los centros con las condiciones de trabajo seguras y los medios de protección adecuados — guantes, mascarillas y acondicionamiento de los despachos— y rotación de turnos pertinentes a la mayor brevedad posible, porque actualmente estos recursos se encuentran cerrados y las prestaciones se realizan por vía telefónica.

Un plan de emergencia social

Más de 30 entidades sociales granadinas -asociaciones, colegios profesionales, colectivos y fundaciones- han solicitado al ayuntamiento, como administración más cercana, la puesta en marcha de un “plan de emergencia social para atender a aquellos colectivos, familias y personas a las que las ayudas promovidas por el Gobierno central no llegan”.

Piden, entre otras medidas de aplicación urgente, la atención de las necesidades más perentorias (alimentos, productos de higiene) y la ayuda con los gastos de luz, agua y alquiler “para paliar las situaciones de marginación social”. También la puesta al servicio de las personas más vulnerables de una parte importante de los recursos económicos que desde la administración central y autonómica han librado para los ayuntamientos, y el refuerzo a los Servicios Sociales Comunitarios para dotarlos con más personal y recursos para atender esta emergencia social que requiere de respuestas urgentes.

Coronavirus
El estado de alarma agrava la situación de los colectivos vulnerables

Aunque creamos que las disposiciones del estado de alarma por coronavirus han rebajado en buena medida el ritmo de la vida de nuestras ciudades, las circunstancias de importantes grupos de la población, sobre todo los más desprotegidos, no entienden de virus ni de estados de excepción.

Recuerdan que el Gobierno de España ha permitido relajar la regla del gasto y poder aplazar el pago de las deudas para que los ayuntamientos dediquen más dinero a los servicios sociales y así poder “flexibilizar las trabas burocráticas y la brecha tecnológica para que no se conviertan en un impedimento para acceder a las medidas de protección”.

Ayudas ágiles y efectivas que no estigmaticen a quienes las necesitan

Manuel Martín, Defensor del Ciudadano de Granada, ha recibido numerosas llamadas de auxilio en este sentido, “algunas de estas personas se habían puesto en contacto con los Servicios Sociales, otras no; las hay que ya se encontraban en una situación vulnerable y también quienes tenían un trabajo y de repente se han encontrado con que ya no pueden pagar el alquiler o atender a sus necesidades básicas” ha explicado a El Salto Andalucía.

Manuel Martín: “Las crisis no entienden de leyes sino de necesidades, así que se han de agilizar los procesos”

El Defensor del Ciudadano de Granada ha remitido estas quejas a quien puede darles respuesta y entiende que en este momento de emergencia, “que se va a extender en el tiempo”, es la administración quien se enfrenta al reto de conjugar legalidad y rapidez en la respuesta: “El hambre no espera y la administración debe buscar soluciones excepcionales canalizadas a través de los Servicios Sociales Comunitarios. Las crisis no entienden de leyes sino de necesidades, así que se han de agilizar los procesos. Las personas necesitan de alimentos y productos básicos de higiene y aseo; tenemos que unirnos todos y articular mecanismos de ayuda más justos, equitativos y que no estigmaticen a las familias: prestaciones económicas directas o tarjetas monedero-bono, que además se consuman en comercios locales que garanticen el anonimato de los usuarios y que incluso pueden resultar más económicas y ayudar a propagar menos el virus”.

La respuesta institucional

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha proporcionado datos de la asignación a Granada de 3,1 millones del Fondo Social del Gobierno contra el COVID-19 y dado cuenta del crédito que corresponde a la Consejería, pero no ha concretado cuándo se realizará la transferencia de ese dinero que el Gobierno ha estimado hará efectiva entre el 10 y el 30 de abril.

El ayuntamiento podría adelantar parte de esa cantidad y dotar de recursos efectivos a los Servicios Sociales Comunitarios hasta que llegue el dinero. C.H., técnico en Economía y Hacienda consultado por El Salto Andalucía, confirma que si hay un acuerdo formal ya comprometido con otra administración, como el de la concesión del Fondo Social Extraordinario aprobado por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 marzo, para hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19; “no habría ningún problema para habilitar inmediatamente un crédito y poder utilizarlo sin problema”; por otro lado, y al ser una situación excepcional, se podría modificar una partida presupuestaria de otra área que no se esté utilizando actualmente, en beneficio de la partida de Servicios Sociales, “hay que echarle imaginación y compromiso político, en economía siempre se puede habilitar un proceso extraordinario para circunstancias extraordinarias y esta, desde luego, lo es”.

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