Comunidad de Madrid
El Gobierno amenaza con llevar a los tribunales a Ayuso si no crea el registro de objetores del aborto

“La señora Ayuso se ha creído que está por encima de la ley y por encima de las mujeres y ni una ni otra”. La Ministra de Sanidad, Mónica García, se ha mostrado firme en la rueda de prensa tras el Consejo Ministerial de este martes 14 de octubre con respecto a la negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a crear un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia con respecto al aborto. En este sentido ha indicado que ha enviado un requerimiento a esta comunidad, así como a Baleares y a Aragón, que son las únicas tres comunidades que incumplen la ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva. Madrid, Baleares y Aragón no han hecho el registro, pero solo Ayuso ha manifestado de forma explícita que incumplirá la ley.

Es por esto que desde el Gobierno de España han dado un toque a estas tres comunidades que tienen un mes para responder y ejecutar el registro de objetores. Si no se obtiene respuesta, el Ejecutivo tendría dos meses de plazo para plantear un contencioso administrativo y llevar a estas autonomías ante los tribunales.

“La semana pasada lo dije y esta también: La ley se cumple. Punto. La señora Ayuso está mandando a las mujeres a otro lado a abortar. Las mujeres no nos vamos a ir a ningún sitio. Las mujeres nos quedamos y vamos a ejercer nuestros derechos libremente”, ha expresado García después de que Ayuso, en la Asamblea de Madrid se negara públicamente a crear el registro con el argumento de que es una “lista negra” para “señalar” a médicos y mandara a las mujeres a abortar a otro sitio.

La ministra de Sanidad ha vuelto a recordar que el protocolo con el que se establece el registro de objetores del aborto se elaboró con el voto favorable de todas las comunidades

La ministra de Sanidad ha vuelto a recordar que el protocolo con el que se establece el registro de profesionales de la sanidad pública que se niegan a practicar abortos se elaboró en Consejo Interterritorial con el voto favorable de todas las comunidades, incluidas las tres insumisas. El acta de la reunión se firmó el 4 de abril de 2025 y desde entonces se ha hecho un seguimiento de su implementación.

“Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, señala Pedro Sánchez en la carta. “Dicho registro es una herramienta indispensable para poder garantizar que exista un número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso a este derecho en los hospitales públicos”. “En el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubiera hecho, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento”, avisaba Sánchez. 

Blindar el aborto en la Constitución

Al mismo tiempo, el Gobierno ha informado en la misma rueda de prensa que ya están comenzando los trámites para una reforma de la Constitución que blinde el aborto, tal y como ya había adelantado Pedro Sánchez el pasado 3 de octubre en su cuenta de X.  Todo ello ante la “ola reaccionaria” donde los derechos de las mujeres “están en el foco”, tal y como ha explicado la Ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Así, se propone incluir en el artículo 43.4 el siguiente texto: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.

Redondo ha explicado que se ha decidido incluir en el título 1 de la Constitución sobre los derechos y deberes fundamentales, dentro del capítulo 3 de principios rectores de las políticas social y económica, porque es una prestación que el Estado debe de garantizar dentro del sistema sanitario público. 

La reforma necesita las tres quintas partes del Congreso y las tres quintas partes del Senado para salir adelante

¿Cómo lo harán? siguiendo el artículo 167, mediante la reforma ordinaria, utilizada para todas las que se han producido con anterioridad, que necesita las tres quintas partes del Congreso y las tres quintas partes del Senado para salir adelante. Un hecho “complejo” en el contexto actual, tal y como ha reconocido la propia ministra. Tanto PP como Vox han avanzado que no apoyarán esta reforma, con lo cual será difícil de que prospere.

“Si no hubiera acuerdo, iríamos a una comisión paritaria de Congreso y Senado que propondría un nuevo texto”, ha explicado la ministra de Igualdad. En palabras de Redondo, ese texto tendría también que someterse a la mayoría de las cámaras y bastaría con dos tercios en el Congreso y con mayoría absoluta en el Senado para que saliera adelante, “e incluso más allá si lo solicitara una décima parte del Congreso o una décima parte del Senado, se podría solicitar un referéndum de ratificación”, ha añadido.