Comunidad de Madrid
¿Qué pasa en Avalmadrid?

“Las estamos liquidando de forma discreta para no tener líos, porque claro lo que no queremos es que esto… dice como lo de AVAL MADRID me ha contado pero peor, yo es que no lo conozco muy bien lo de AVAL MADRID, bueno sé lo que es quiero decir no, digo que sepas que ellos los del CANAL DE ISABEL II están aterrados”. La afirmación, transcrita de forma literal del auto de la operación Lezo, que en 2017 acabó con más de una decena de detenidos, es una conversación mantenida entre dos de las personas investigadas por posibles actividades de corrupción en la gestión de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II. Hasta ahora no se ha clarificado qué es “lo de Aval Madrid”.

La sociedad madrileña dio un aval por 400.000 euros a una empresa participada en un 25% por el padre de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según ha destapado InfoLibre. Pero no es la única polémica en cuanto a su gestión que ha llegado a medios.

Avalmadrid fue creada en 1985 como una “entidad financiera constituida por y para pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid”, según aparece en la presentación de su web. Su objeto era facilitar financiación y avales a pequeñas y medianas empresas ante las administraciones públicas y ante otras entidades “en condiciones mucho más ventajosas que las que pueda ofrecer la banca tradicional”.

Sus socios protectores fueron el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), dependiente de la Comunidad de Madrid, y el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial (IMPI), organismo público autónomo creado por el Ministerio de Industria. Estos dos organismos aportaron la mayor parte de su financiación inicial: 1,2 y 0,6 millones de euros respectivamente. Otros socios protectores de Avalmadrid en sus inicios fueron la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM-CEOE) y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

Entre los años 2005 y 2008, un convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y Caja Madrid (la actual Bankia) ampliaría en 48 millones de euros —aportando 24 millones cada entidad— los fondos de la sociedad. En 2009, la Comunidad de Madrid y Caja Madrid seguirían echando leña a Avalmadrid con ocho millones más cada uno para compensar sus pérdidas: 3,4 millones de euros en 2007, 4,8 millones en 2008 —su año récord en pérdidas—, 2,6 millones en 2011, 3,5 en 2012, hasta bajar a los 875.000 euros en 2018, según aparece en las cuentas de Avalmadrid, a las que ha tenido acceso El Salto.

En esos años, la empresa llegó a tener hasta 91 trabajadores y unos gastos de personal de hasta 4,1 millones de euros, además de pagar hasta más de dos millones de euros por servicios exteriores. Cada año, el resultado de explotación de Avalmadrid en sus cuentas presentaba una cifra en negativo que era compensada con la misma cifra en positivo de ingresos financieros. Y mientras, según aparece en la web de Avalmadrid, su índice de morosidad no ha dejado de aumentar, pasando del 4,32% en 2012 al 11,62% en 2018.

A 31 de diciembre de 2018, el capital suscrito de Avalmadrid, según aparece en su web, ascendía a 38,67 millones de euros. De ellos, 16,7 millones eran de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, una suma parecida —16,2 millones de euros— de Bankia. El resto de capital aparece aportado por COCIM —2,7 millones de euros—, Banco Santander, CaixaBank y Banco Popular —un millón cada uno—, la aseguradora Plus Ultra —15.000 euros— y CEIM —12.000 euros—.

A pesar de que en el reglamento de la entidad se especifica que los socios de Avalmadrid no podían ser también clientes de la entidad, una inspección realizada por el Banco de España entre noviembre de 2016 y enero de 2017 destapaba que la sociedad avalista había otorgado préstamos “de dudoso cobro”, entre los años 2007 y 2013, tanto al entonces presidente del CEIM —Arturo Fernández, investigado en el caso Púnica— como al de la CEOE —Gerardo Díaz Ferrán—.

Eran unos créditos que en el informe se tachaban de “carecer de lógica económica”. Los concedidos a Fernández, a través de su empresa de restauración Central de Compras Cantoblanco —que en 2010 recibiría una adjudicación irregular para gestionar la cafetería de la Asamblea de Madrid, hecho por el que Fiscalía ha pedido la imputación también de Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre— sumaron más de 1,82 millones de euros y se otorgaron a pesar de que las cuentas de la empresa presentadas para que se valorara el crédito en Avalmadrid no son las mismas que la empresa depositó en el Registro Mercantil.

En el caso de Díaz Ferran, los siete avales recibidos en febrero de 2007, de entre 200.000 y 917.978 cada uno, se otorgaron a pesar de los “fuertes riesgos y de la mala situación financiera del Grupo Marsans”, señala el informe. Fueron concedidos después de que Antonio Beteta, entonces consejero de Economía —y que también aparece en el sumario de Lezo por un supuesto contrato a una emrpesa de cristóbal Montoro— enviara una carta al presidente de Avalmadrid, según publica eldiario.es. 

La Fiscalía abrió una investigación en mayo de este año sobre estos préstamos y otros concedidos a José Miguel Guerrero Sedano y Patricio Rodríguez-Carmona y González, que eran miembros del consejo de administración de Avalmadrid cuando recibieron los préstamos, pero en julio archivó la investigación al haber prescrito los posibles delitos cometidos.

Ese mismo mes, el Banco de España anunciaba su anuncio de sanción al director general de Avalmadrid, a la Consejería de Economía y Hacienda madrileña y a las personas que confirmaban el consejo de administración de la entidad. La sanción responde a una inspección anterior, de 2012, en la que se urgía a Avalmadrid a reducir los riesgos de los préstamos concedidos y a mejorar el seguimiento de los mismos, cosa que la entidad no hizo hasta octubre de 2014 en cuanto a la concentración de riesgos y hasta 2018 respecto a su seguimiento.

Entre los sancionados: José María Rotellar —asesor de Pablo Casado, también implicado en el caso Madrid Network, según publica InfoLibre—, Pedro Irigoyen —fichado por Díaz Ayuso como director general de recursos humanos de la Consejería de Justicia—, Alfonso Carcasona —socio de Javier López Madrid y también investigado en la Púnica—, Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo —que fue destituido como director general en 2016— y Jorge Morán Santor —que dimitió del cargo de director general en 2018—.

Los préstamos a los dos empresarios investigados por Fiscalía coincidieron en el tiempo con crédito de 400.000 euros que Avalmadrid otorgó en marzo de 2011 a MC Infortécina SL, empresa, propiedad en un 24% de los padres de Isabel Díaz Ayuso. Cuatro meses después, según explica en un artículo de Manuel Rico en Infolibre, la ahora presidenta de la Comunidad de Madrid se pondría en contacto con trabajadores de Avalmadrid a través de Eva Piera —hija de Mercedes Rojo, una de las condenadas por las Tarjetas Black, y representante del IMADE en Capital Riesgo Madrid, entidad que también se utilizaría para desviar dinero público a empresas privadas a través de préstamos en condiciones ventajosas y muchas veces no devuelto, según una querella interpuesta por el Observatorio Code y CGT— para saber si sus padres responderían al préstamo no devuelto con su patrimonio.

En los siguientes meses la empresa cerró y ella recibió como donación de sus padres un piso y un local de oficinas. “A mi padre le preocupaba que el poco patrimonio que él tenía lo heredáramos”, admitió Díaz Ayuso el pasado lunes 26 de agosto.