Comunidad de Madrid
Paralizado el desahucio de seis familias en María Guerrero 1 tras cuatro horas de cerco policial

El desahucio de seis familias en un bloque de María Guerrero 1, en el barrio de Comillas de Carabanchel, se ha paralizado tras más de cuatro horas de cerco policial al edificio y un pequeño sainete judicial. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), propietaria de las viviendas e impulsora del desalojo, pidió su suspensión el pasado viernes 7 de noviembre a última hora, pero con lunes festivo en Madrid capital, el juzgado no pudo decidir al respecto hasta la misma mañana de este miércoles, 12 de noviembre.

Ahora la negociación entre el Sindicato de Vivienda de Carabanchel (SVC) y la Sareb continuará a través de los juzgados y de las gestoras que comunican con la entidad pública, el ‘banco malo’ heredero de los inmuebles tóxicos y las deudas de las empresas y bancos de la crisis de 2008.

En principio había ofrecido contratos para regularizar la situación a ocho de las 14 familias que actualmente residen en María Guerrero y pedido el desahucio de otras seis. El sindicato rechazaba tanto dejar fuera a parte de los inquilinos sin razón como las clausulas abusivas presentes en la primera oferta, y su intención es una negociación colectiva en condiciones accesibles para el bloque completo.

La situación sigue siendo precaria, ya que el desahucio está suspendido sin fecha, no paralizado, y se ha llegado a esta tregua no sin tensión

Zona acordonada con siete furgones de la UIP

La situación sigue siendo precaria, ya que el desahucio está suspendido sin fecha, no paralizado, y se ha llegado a esta tregua no sin tensión. Oficialmente, hasta las 10:30 horas de la mañana de este miércoles el proceso de lanzamiento continuaba vigente y hasta siete furgonetas de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Municipal de Madrid, los antidisturbios locales, se desplegaron en la mitad de la calle de María Guerrero que colinda con el Parque de Comillas entre las 6:00 y las 6:30 de la mañana, llegando a entrar en el edificio e impedir a algunos vecinos acceder al rellano de su planta durante varias horas.

El desahucio se había anunciado para las 9:00 horas y el SVC había convocado una concentración para las 8:00, así que se movilizó a militantes y vecinas de forma casi improvisada vía redes. A las 7:00 ya se encontraban alrededor de medio centenar de personas en la zona, que fueron aumentando a lo largo de la mañana. Los manifestantes tenían como objetivo que el desalojo no se produjera antes de la llegada de la comisión judicial y de que la representación legal del Sindicato pudiese hablar con el juzgado.

En el interior del tramo cortado se vivieron momentos casi surrealistas, con vecinos de otros edificios a los que se les impedía salir de sus viviendas o sacar sus coches para ir a trabajar

En el interior del tramo cortado de María Guerrero y calles colindantes se vivieron momentos casi surrealistas, con vecinos de otros edificios a los que se les impedía salir de sus viviendas o sacar sus coches para ir a trabajar, e incluso siendo identificados para poder pasear al perro. Esta actitud de la Policía Municipal se fue relajando conforme pasaron las horas, y aunque la vía permaneció cortada hasta las 10:25 no se permitió moverse a los residentes con cierta normalidad. En el interior, algunos vecinos y miembros del SVC mostraron a los agentes el escrito judicial de Sareb pidiendo la suspensión en fecha del pasado viernes, sin éxito.

Mientras las vecinas se manifestaban y permanecía el despliegue policial en la esquina de la calle Baleares y Parque de Comillas con María Guerrero, padres y madres pasaban para llevar a sus hijos al cercano Colegio Público Perú, se retomaban como cada día los trabajos de la línea 11 del Metro en Comillas y un conductor preguntaba “si ya estaban echando de casa a otra persona mayor”.

Vecinas como Lucía daban las gracias y lamentaban lo “innecesario” de como se había procedido: “No nos estamos negando a regularizar, no hemos entrado aquí de mala manera o de forma ilegal”

Tras aclarar el enredo judicial, la situación se resolvía pasadas las 10:00 de la mañana y los antidisturbios se comenzaban a retirar 20 minutos después, con los vecinos del bloque afectado pudiendo salir de sus casas y los manifestantes acceder a la vía. Vecinas como Lucía daban las gracias y lamentaban lo “innecesario” de como se había procedido: “No nos estamos negando a regularizar, no hemos entrado aquí de mala manera o de forma ilegal”.

Un conflicto que se arrastra desde 2008

El conflicto de María Guerrero 1 se remonta a la crisis inmobiliaria de 2008, cuando la promotora del bloque quebró dejando una deuda de seis millones de euros y el edificio ya se encontraba con la obra concluida pero sin recepcionar. Uno de los empresarios comenzó a alquiler las viviendas con agua y luz de obra y sin explicar a los inquilinos la situación, de forma ilegal. Sin mantenimiento en las zonas comunes, con la dirección desaparecida del catastro —en la puerta consta María Guerrero 3 bis, provocando confusión con el edificio vecino, aunque oficialmente es el número 1—, algunos vecinos se fueron marchando al descubrir lo que ocurría, con problemas para empadronarse y así matricular a los niños en el colegio o acceder a su centro de salud.

Actualmente permanecen 14 familias en el edificio, algunas desde hace 10 años, que accedieron todas a sus viviendas sin conocer las condiciones legales del bloque. De hecho, aunque Sareb lo adquirió, asumiendo la deuda de la empresa, hace más de dos años, el antiguo propietario continuó cobrándoles el alquiler a algunos de ellos durante al menos otro año más porque no se les había notificado el cambio. Que el ‘banco malo’ era el nuevo dueño del bloque lo supieron en octubre de 2024, cuando les notificó un aviso de desahucio.

Desde entonces a través del Sindicato de Vivienda de Carabanchel los vecinos se han estado movilizando para negociar un alquiler social con la entidad pública similar al que ya se consiguió en los números 11, 13 y 15 de la misma calle. Allí 15 familias iban a ser igualmente desahuciadas tras pasar a Sareb sus bloques de manos de una promotora quebrada en 2010 y a pesar de que ellos habían adquirido o alquilado sus viviendas legalmente. Finalmente se logró no solo conseguir alquileres sociales, sino que la propiedad pasase a la  Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid (EMVS).