Comunidad de Madrid
La ordenanza de terrazas de Almeida, un “traje a medida” para la hostelería según las asociaciones vecinales

El Ayuntamiento de Madrid ultima el proyecto de su nueva ordenanza de terrazas y quioscos de hostelería y restauración, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Su objetivo: conciliar el descanso vecinal con las necesidades del sector hostelero en una ciudad con más de 6.600 terrazas autorizadas. El texto es similar a la ordenanza de 2022, anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por defectos formales, como la falta de informes de impacto presupuestario y medioambiental (en la actualidad está en vigor la de 2013). El borrador recibió 106 alegaciones de asociaciones vecinales y de hostelería, aunque finalmente solo se incorporaron tres de particulares y cuatro de hosteleros “relativas a la adaptación de la norma y a los flujos de peatones”, como informó la vicealcaldesa Inma Sanz. Desde el miércoles 19, ha pasado a la fase de enmiendas.

Esta nueva ordenanza limitará el espacio que pueden ocupar las terrazas en función del ancho de la acera, endurecerá las sanciones y la normativa de cerramientos y exigirá el uso de materiales que minimicen el ruido, entre otras medidas; sin embargo, no contempla reducir los horarios de terraza ni irá acompañada de un aumento de los recursos de vigilancia.  

Conciliar dos intereses enfrentados

Los hosteleros creen que la ordenanza es muy restrictiva y pondrá en riesgo un elemento que dinamiza los barrios y contribuye al motor económico de la ciudad. Hostelería Madrid, una de las veinte asociaciones hosteleras que presentó el escrito de alegaciones, cree que el texto inicial “era claramente perjudicial para el sector, especialmente para las pequeñas y medianas empresas”, como explica José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid, por correo electrónico.

La ordenanza establece que a partir de las 11 de la noche no se pueden realizar actividades por encima de los 45 decibelios, y “una terraza con una ocupación media supera ampliamente esos decibelios”, Jorge Nacarino, FRAV

Aunque no ha detallado sus alegaciones, expresa que limitar el tamaño de las terrazas supondría el cierre de muchas empresas: “Para más del 60% de los hosteleros con terraza, estos espacios suponen más de la mitad de su facturación”. Destaca que el sector asume desde hace años una sustancial reducción de horarios nocturnos, y que la normativa del ruido les afecta de manera injusta y arbitraria: “Según la estadística de denuncias por ruido de la ciudad de Madrid, las terrazas no son ni mucho menos el mayor problema”, asevera, y añade que el suyo es un sector conciliador que ha dado “pasos evidentes en aras de la convivencia”, como dotar a las terrazas de materiales fonoabsorbentes y protectores acústicos para evitar ruido.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM) mantiene, sin embargo, que el nuevo texto repite errores al estar diseñado en función de las necesidades del sector de la hostelería. Ellos mandaron 43 alegaciones, incluyendo el cierre a las 23:00 en zonas residenciales, ampliar el espacio para viandantes o la creación de un Consejo de Terrazas con asociaciones vecinales, de discapacidad, comerciantes y hosteleros. Ninguna fue aceptada. “Es una ordenanza que se ha hecho como un traje a medida de la hostelería”, dice Jorge Nacarino, presidente de la FRAVM, y conjetura que las alegaciones aceptadas beneficiarán aún más al sector.

Un ejemplo de ese trato preferencial a la hostelería, en su opinión, es la aplicación del límite de ruido de la ciudad: la ordenanza establece que a partir de las 11 de la noche no se pueden realizar actividades por encima de los 45 decibelios, y “una terraza con una ocupación media supera ampliamente esos decibelios”, señala Nacarino. Otro ejemplo es que el sector, en su opinión, compite de forma desigual con el resto de los comercios al permitírsele disponer del espacio público: “El alquiler de un bar es mucho más rentable que otro tipo de actividad, porque puede duplicar o hasta triplicar el tamaño de su local con su terraza. Un local de 80 metros se convierte en uno de 300 porque le regalamos el espacio público”. Eso encarece los locales comerciales en las zonas donde hay fuerte presión de hostelería y terrazas, añade, y hace imposible que se desarrollen otras actividades, resultando en calles “monocultivo de bares” como Argumosa, Ponzano o Menéndez Pelayo.

En ciudades de gran actividad hostelera como San Sebastián y Bilbao, donde han reducido horarios de terraza, “no se ha hundido el sector de la hostelería, no han perdido en calidad turística“

También recuerda que las medidas de reducción de horarios de cierre, que la ordenanza no contempla, sí se han adoptado en ciudades de gran actividad hostelera como San Sebastián y Bilbao, donde han reducido horarios de terraza durante los días laborables y fuera del periodo estival. “No se ha hundido el sector de la hostelería, no han perdido en calidad turística, lo que sí han conseguido es que los vecinos y vecinas puedan descansar un poco más. En Madrid, ni se plantea nada similar”, dice.

Una tendencia que disparó la pandemia

Desde que Almeida es alcalde, en 2019, el número de terrazas de bares y restaurantes ha aumentado en un 20,9%. Los distritos donde mas se ha producido este incremento son Salamanca, Tetuán, Chamartín y Villa de Vallecas. El ruido, la ocupación del espacio público y los incumplimientos se han convertido en preocupaciones habituales para muchas asociaciones de vecinos. Entre ellas, la Asociación Vecinal el Organillo, de Chamberí. En este distrito, según las estimaciones de esta asociación con datos de la Junta Municipal, en 2013 había 200 terrazas (casi todas estacionales, es decir, de verano); hoy hay 700 instaladas todo el año. Una presión insostenible para un barrio de calles estrechas y pocas zonas verdes.

En Chamberí en 2013 había 200 terrazas (casi todas estacionales, es decir, de verano); hoy hay 700 instaladas todo el año. Una presión insostenible para un barrio de calles estrechas y pocas zonas verdes

Pilar Rodríguez, portavoz de la asociación, confirma que se trata de una tendencia agravada a partir de la pandemia, cuando se permitieron medidas excepcionales como ampliar el espacio de las terrazas para guardar la distancia de seguridad o montarlas en las bandas de aparcamiento. Esta última medida se eliminó, pero “muchas de las terrazas que ampliaron con la COVID nunca han vuelto a su estado original”, dice. “Calles estrechas como Vallehermoso o Galileo antes de la pandemia no tenían ni una terraza. Ahora pasas y están llenas”. También ha observado que el apilamiento de sillas y mesas en la calle, antes excepcional, ahora es la norma, incluso durante la noche. “Ha cambiado muchísimo el uso del espacio público”, se queja.

Más terrazas y menos inspectores

Esa ocupación abusiva del espacio público afecta a la movilidad y la convivencia. Un informe del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de 2018, con la actual ordenanza vigente, señaló que el 56% de las terrazas de Madrid dificultaban el acceso y el tránsito peatonal.

Hostelería Madrid sostiene que “todas las terrazas que se autorizan en Madrid cumplen con las condiciones de accesibilidad de la ordenanza, que son muy exigentes. Itinerarios peatonales, anchos de acera, distancia a elementos de mobiliario urbano, reservas de estacionamiento y para personas de movilidad reducida, etc.”.

Algo que no concuerda con el relato de Rodríguez. Basta un paseo por su barrio para ver ejemplos de esta continua intrusión: terrazas que ocupan la mitad de la calle burlando la normativa (que no las permite ocupar más del 30% de aceras estrechas y 40% en aceras más amplias), sillas y mesas que obstaculizan garajes, apilamientos, terrazas en negocios que antes no tenían, como panaderías, proliferación de mesas altas de baja ocupación o los cada vez más comunes cerramientos climatizados, instalados todo el año. “Esta acera se amplió porque cerca hay un colegio, para facilita a los niños la salida. Ese mismo día, pusieron una terraza”, señala Rodríguez. “Esa otra no tiene licencia. Desde el día que la instalaron, la denunciamos. La hemos denunciado al Ayuntamiento, a la policía, a la Junta Municipal, a todo lo que te puedas imaginar. Nos contestan que no tiene licencia, pero no hacen nada”.

Desde su asociación, formada por voluntarios, rastrean el barrio comprobando qué terrazas no cuentan con permiso a través del censo del Ayuntamiento, y presentan una denuncia tras otra, pero sin resultados. Aunque la nueva ordenanza endurece las sanciones, no va a acompañada de un aumento de los recursos municipales de vigilancia y control. “Aquí, con más del doble de terrazas que hace 10 años, tenemos menos policías y muchos menos inspectores”, dice la portavoz. “Puedes denunciar una terraza veinte veces y la policía no ir a verla porque no tiene medios. Y se siguen dando licencias para abrir locales de ocio y restauración”.

Eso, sumado a los problemas “insufribles” del ruido en las zonas más tensionadas, se traduce en denuncias continuas, dificultades de descanso y, por lo que Rodríguez testimonia, que mucha gente acabe abandonando el barrio. Esto genera un círculo vicioso: los precios bajan para vivienda habitual, los inversores compran con facilidad y proliferan los alquileres turísticos. Algo que hace que todo el barrio cambie: “Cuando una institución toma una decisión, como en un dominó, se mueve todo”, dice. Para Nacarino, que en el borrador de la ordenanza hablen del espacio público como el “elemento que circuncida a las terrazas” es muy revelador: “Es lo que están pensando, que las ciudades son el lugar para comercializar cada rincón y no es un espacio democrático donde pueden coexistir diferentes modos de vida”, dice.