Comunidad de Madrid
La población afectada por el confinamiento se movilizará mañana contra las medidas del gobierno madrileño

El tejido asociativo de los barrios y distritos afectados por las medidas que el gobierno regional anunció ayer viernes a través de su presidenta Isabel Díaz Ayuso, y su vicepresidente Ignacio Aguado, no se resigna a aceptar un confinamiento selectivo que se hará efectivo el próximo 21 de septiembre. Así lo vienen manifestando colectivos y asociaciones de vecinas y vecinos en los últimos días. Mañana saldrán de nuevo a la calle para mostrar su indignación.

La decisión de restringir el movimiento a las personas que viven en 37 zonas sanitarias en la Comunidad de Madrid que tienen en común, más allá de las alta incidencia de positivos, ser lugar de residencia de población de renta baja, trabajadoras y trabajadores precarios, y personas de origen migrante, ya provocó el mismo viernes una concentración de protesta en la Puerta del Sol a la que acudieron medio millar de personas. 

Las críticas a una decisión que se considera segregacionista se han adueñado de las redes y el debate público después de que el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, apuntara en una entrevista a un próximo confinamiento por barrios. Una indignación agudizada, horas después, por las palabras de la Presidenta achacando los mayores índices de contagio a “los modos de vida de nuestros migrantes”.

En la jornada de ayer, en la que la rueda de prensa prevista para comunicar el alcance de las medidas y el nombre de las zonas sanitarias afectadas se postergó varias veces caldeando los ánimos, cientos de personas vencieron la amenaza de lluvia y se dirigieron hacia el centro para mostrar su oposición. Mañana domingo 20 de septiembre se repetirá la misma escena en distintos puntos de los barrios y municipios.

En Villaverde, Vallecas, Latina, Usera (donde se concentrarán a las 19 ante la Junta del distrito), Carabanchel, Getafe, Parla, Fuenlabrada, bajo el lema #Porladignidaddelsur, hay un creciente número de convocatorias fijadas para las 12 o 19 horas, en centros de Salud y juntas de distrito, según cada barrio. En los mensajes y tweets que se están difundiendo se denuncia la criminalización de los barrios obreros, el clasismo y racismo de los planes de confinamiento, la inacción de las autoridades ante a pandemia y las políticas que perpetuan y amplian las desigualdades en la Comunidad de Madrd. Reclaman el refuerzo de la Atención Primaria, centros educativos seguros, y la mejora en la gestión del transporte público.

exigen la dimisión de Ayuso

En paralelo, alrededor de 80 colectivos sociales e inmigrantes exigen la dimisión de la Presidente de la Comunidad a través de un Manifiesto que cuenta ya con más de 300 firmas de activistas, cargos públicos y otros referentes. En el documento, acusan de “racismo institucional” a la Presidenta por sus palabras sobre “los modos de vida de nuestros migrantes”, también señalan al periodista Federico Jiménez Losantos por comentarios racistas respecto a la Comunidad Peruana. De hecho es el colectivo Peruanxs en Madrid quienes están al origen de esta iniciativa.

El escrito reivindica el rol de la población migrante en la lucha contra la pandemia, su trabajo en centros sanitarios y en empleos esenciales para la continuidad de la vida. También la implicación migrante en los espacios de “solidaridad vecinal y autorganización antirracista”. “No somos ni pobrecitos ni delincuentes, somos aporte vivo y constante”, apuntan ante lo que consideran es una campaña de estigmatización, una forma de responsabilizarles de la ineficencia en la gestión de la crisis por parte del gobierno de la región.

“Díaz Ayuso ha desatendido los barrios que sufren los efectos de la pandemia. Barrios en la que la población en general —y no sólo la migrante— vivimos hacinadas, con centros de salud cerrados o colapsados, sin inversión en la sanidad pública. Las políticas públicas son determinantes de la salud”, afirman, recordando que la Ley de Extranjería, además, implica que las personas migrantes se vean abocadas a la explotación laboral, peores condiciones habitacionales y en general a la exclusión institucional y la imposibilidad de acceder a ayudas en este contexto de crisis.