Comunidad de Madrid
El Gobierno de Ayuso se mete en el fango, pero no tapa las dudas abiertas por el caso ático

“¡Lo que ahora tienen que hacer es pedir perdón a la presidenta de Madrid!”, reclamaba a los gritos el consejero de Presidencia y número dos del ejecutivo madrileño, Miguel Angel García Martín, mirando a las bancadas de las izquierdas en la Asamblea. Tardó casi dos meses en convocar una comparecencia que se realizó finalmente el jueves 17 de septiembre, pero aclaró que era “a petición propia”, negando los pedidos de Más Madrid y el PSOE.

Imbuido en una especie de Torquemada ayusista empoderado por folios en vez de una Biblia, García reclamó justicia para la baronesa y que los partidos opositores dejaran de ejercer su función como controladores del poder. Que “pidan perdón” por hacer acusaciones falsas a su jefa, quien le ha encargado poner la cara en el escándalo mayúsculo en el que se convirtió el caso del ‘aticazo’.

El ‘superconsejero’ (lleva las competencias de Presidencia, Justicia y Administración Local) incluyó insultos graves a Pedro Sánchez sobre su salud mental (ya todo pasa desapercibido) pero no pudo evitar incurrir un mar de contradicciones y verdades tergiversadas o manipuladas.

La génesis oculta

En su comparecencia, el consejero ha puesto el foco en los documentos que ocultó hasta última hora a la oposición y que acabado el pleno publicaron en el Portal de Transparencia. Allí en la memoria del expediente aparecen las justificaciones para la compra del ático de lujo.

En esos párrafos se narran varios motivos, siendo los principales que la residencia se utilizaría para albergar a mandatarios extranjeros o visitas oficiales, para sustitución de las dependencias de la Real Casa de Correos (sede del gobierno de la Comunidad) que entraban en período de reformas y para algún “alojamiento temporal” de altos cargos del Ejecutivo, como ocurrió en la pandemia. El problema con esto es doble: primero porque la adquisición fue el 14 de abril y el documento de las justificaciones de la compra tiene fecha del 2 de julio, dos meses y medio después.

Las fuentes consultadas no niegan que la cúpula de Sol sepa quién fue el alto cargo o funcionario que tuvo la primera ocurrencia de esas presuntas necesidades

Pero segundo y más grave, es que se trata de un documento posterior, muy posterior, a la génesis de la toma de decisión. No hace falta ser un erudito en administración pública para saber que si algo es comprado con dinero público un 14 de abril, el proceso fáctico (no el documental) de la operación ha comenzado varias semanas o hasta meses antes.

Fuentes conocedoras de esta operación vinculadas al gobierno de Ayuso han admitido a El Salto que los primeros contactos al respecto, es decir, el “traslado de necesidades” inicial, primigenio, entre el ejecutivo y Planifica, fue “oral” e informal y que no existe –o desean hacer creer que no existe— ni un correo electrónico que pueda retratar ese momento.

El eufemismo de “traslado de necesidades” se refiere a que lo que aparece en los justificativos del expediente. Esto implica que la idea de la compra se le ocurrió a alguien de la administración madrileña y que ese mismo alguien u otro y se lo trasladó a miembros de Planifica Madrid, empresa pública que efectuó la compra.

El gobierno de Ayuso ha decidido mantener oculto esto. Ante la repregunta de El Salto, las fuentes no niegan que la cúpula de Sol sepa quién fue el alto cargo o funcionario que tuvo la primera ocurrencia de esas presuntas necesidades y que se lo expresó luego a alguien del consejo de administración de Planifica Madrid. O quizás lo saben y no lo pueden confesar. Lo que señalan periodistas de investigación y la oposición madrileña es que fue la propia Ayuso o su entorno más próximo.

El dato no es para nada baladí. No solo porque estamos hablando de 6,3 millones de dinero público en un ático de lujo en Chamberí (un euro con cinco céntimos de cada residente adulto de la región) sino porque conocer eso, o que se exhiba alguna prueba de las primeras conversaciones sobre la compra, podría desenterrar la acusación principal: que fue una idea de Ayuso para beneficiarse a ella misma. Que no haya un solo informe preliminar, o email, sobre quién decidió su relevancia quién lo informó a Planifica y quién buscó la inmobiliaria es la peor evidencia.

Horas antes de la comparecencia se conoció otro dato: el consejero delegado de Planifica, Pedro Corbalán, tenía un poder notarial para efectuar compras con mínimas limitaciones, firmado por el número 2 de Ayuso. Sobre esto, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, le preguntó dos veces a García, quien no respondió.

Otros agujeros negros que han quedado expuestos es que García no ha explicado por qué la primera respuesta oficial al periódico El País —que estaba incluida en la exclusiva— fue que la adquisición era para uso como despacho de la presidenta por las reformas en Sol y no lo que aparece en la memoria del expediente. Y por qué, si había una necesidad, se decidió abruptamente su venta con el argumento de que ese dinero iría para las víctimas de los feroces incendios en la Sierra de Guadarrama.

No dijo nada tampoco sobre la muy llamativa coincidencia que la compra haya sido en la calle Martínez Campos, la misma en donde vive la madre de Ayuso. La misma calle donde ella vivió de joven.

Pervertere

La palabra perversión proviene del latín (pervertere), que en su origen significa invertir, dar vuelta. La sociedad moderna le ha dado otra connotación más vinculada con la vileza y el mal obrar a sabiendas y sin importar. De todo esto y quizás más dio una exhibición el número 2 de Ayuso en el hemiciclo el pasado jueves.

No solo por su exigencia de pedido de perdón a las izquierdas (sin siquiera esperar a que se archive la causa judicial), invirtiendo roles, sino que sus primeros minutos no fueron una explicación de los hechos sino un contragolpe: “La adquisición se enmarca en la total normalidad legal. Este escándalo ha sido para tapar lo de Ceuta y a un presidente en chancletas de vacaciones mientras nuestros compatriotas sufrían, y para tapar los gravísimos casos de corrupción del entorno de Sánchez”.

Prosiguió afirmando sin ruborizarse que “esta propiedad nunca se adquirió para residencia de la presidenta y ha sido una gran mentira de la izquierda; han buscado un fantasma todo el verano para tratar de tapar sus propias vergüenzas pero no alcanzará para tapar el lodazal en el que se revuelca el ‘sanchismo’”.

En su intento de salpicar barro en su réplica ignoró las preguntas de la oposición (hasta las de Vox, que preguntó algo tan simple como por qué se decidió venderlo si todo estaba tan en regla y era tan necesario) y embistió contra el Consejo de Ministros: “¿Y dónde viven los ministros sanchistas y comunistas? Entre todos los pisos donde residen superan los 4.000m²”. Si alguien se sorprende porque haya pedido a sus asesores que cojan su tiempo para contar los metros cuadrados, espere porque hay más: aseguró que TVE ha dedicado 1.500 minutos de su programación para el ‘áticogate’.

Y en la tercera y última réplica, García dio la estocada: anunció que se querellará con las portavoces de Mas Madrid y del PSOE (no con Vox) y que encargará una batería de rectificaciones a TVE. Fuentes de Sol han añadido luego que la querella no incluirá a Pedro Sánchez, aunque él haya dicho lo mismo que las portavoces, palabras más palabras menos. Antes de irse, García lanzó un insólito “solo les queda dimitir a todos por mentir” a los diputados.

Del “se iban a morir igual” al “pidan perdón a la presidenta”. La perversión y la insolencia como baza, y con mayoría absoluta.