Colombia
El declive del negocio de la cocaína en Colombia impacta en millones de campesinos sin alternativas

Los cultivos de coca empezaron a extenderse por el territorio colombiano en la década de 1980, pero crecieron exponencialmente durante el Gobierno de Iván Duque, desplazando en muchas regiones al café como principal producto agrícola. Por ejemplo en el caso de los departamentos de Nariño y Norte de Santander, entre otros, donde hay muchas más hectáreas sembradas de coca que de cafetales. El rendimiento del cultivo ilícito solía superar ampliamente al del tradicional producto de exportación. Pero en los primeros meses de 2023 se produjo un vuelco inesperado: debido a una drástica reducción de la demanda de coca, el cultivo de café empezó a resultar más rentable que el cultivo de hoja de coca, cuyo precio se ha desplomado a menos de la mitad y aun así no encuentra compradores.

Colombia en busca de la Paz Total: la desactivación de las organizaciones narcoparamilitares

Eduardo Giordano

América Latina

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Enfocadas las negociaciones de paz con las guerrillas, el Gobierno de Petro se enfrenta a otro gran foco de violencia que afecta de manera especial a las comunidades rurales y étnicas, las bandas narcoparamilitares.

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En este nuevo contexto económico podrían darse condiciones objetivas que favorecieran la sujeción a la justicia de las organizaciones narcotraficantes. El negocio de la cocaína colombiana está en franco declive desde que Gustavo Petro asumió la presidencia, en agosto de 2022. El principal termómetro de esta situación es que los grupos narcos redujeron sustancialmente la compra de coca a los campesinos que se la suministraban. Entre las causas, cabe incluir los cambios realizados por el nuevo Gobierno en la cúpula de la fuerza pública, los cuales habrían conllevado la suspensión de los contactos de las organizaciones mafiosas con sus viejos aliados en el Ejército y la Policía, así como un mayor control estatal de las rutas de comercialización de la cocaína.

Entre las causas, los cambios realizados por el nuevo gobierno en la cúpula de la fuerza pública, los cuales habrían conllevado la suspensión de los contactos de las organizaciones mafiosas con sus viejos aliados en el Ejército y la Policía

El problema económico derivado de esta situación se percibe con extrema gravedad en los departamentos sudoccidentales, especialmente en el Cauca y Nariño, cuyos campesinos dependen de la venta de la coca para su supervivencia. Víctor Ocampo, un líder social de la región del Cauca, aseguraba el 10 de abril de 2023 en un evento convocado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Bogotá: “Para las personas que vivimos en la región no es un secreto que la economía ilícita es lo que dinamiza la región. El departamento del Cauca no tiene fuentes de empleo, más allá de la informalidad y los empleos derivados de la contratación pública”.  Puesto que “eso es lo que mueve la economía de la región”, Ocampo ve con preocupación “que haya un represamiento —digámoslo así— en los términos de la compra de hoja de coca a los campesinos que la siembran y que no tienen muchas más opciones de vida”.

No se trata de un problema aislado. “El Cauca es ejemplo de lo que pasa en el país —asegura—. No se puede plantear una solución única a la conflictividad entre actores armados e intereses económicos. Hay que consolidar apuestas de desarrollo para que sea posible la Paz Total”. Uno de los principales desafíos es el desarrollo de vías de comunicación que permitan canalizar la producción agrícola hacia los mercados de consumo, dado el aislamiento en el que viven la mayor parte de estas comunidades.

El diagnóstico es similar desde otras fuentes y en otros departamentos cocaleros. La periodista María Jimena Duzán se refirió a este tema en un podcast del pasado 10 de abril: “Ya son varios los territorios donde los campesinos que cultivaban la hoja de coca se están quedando con sus cosechas. Bajó el precio de la hoja de coca y la gente está empezando a pasar hambre”. Duzán dio entrada en su programa a dos periodistas del medio alternativo El cuarto mosquetero, Lina Álvarez y Shirley Forero, que entrevistaron a muchos campesinos de la región del Guayabero, entre el Meta y el Guaviare, y realizaron un reportaje titulado “Hambre e incertidumbre en territorios cocaleros”. Aquí se documenta cómo los campesinos han perdido la antigua seguridad que les permitía usar trozos de pasta base de coca —pesados con báscula— como moneda de cambio, el llamado “dinero blanco”. Esta posibilidad se desvaneció desde los últimos meses de 2022: ya no hay quien les compre la producción, el dinero desapareció por completo y hay una enorme escasez de productos básicos.

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El camino hacia la paz total en Colombia no es nada fácil. A ella se oponen los enemigos políticos de Gustavo Petro, los partidos de la derecha, el grueso de los oficiales del Ejército y la Policía, y los grandes poderes económicos.

Como en muchas otras zonas rurales y selváticas de Colombia, aquí no existen vías de comunicación terrestre para dar salida a la producción local de alimentos. El líder social Pablo Vargas asegura en ese mismo reportaje que en el entorno del río Guayabero, afluente del Guaviare (cuenca del Orinoco), los campesinos cultivan la hoja de coca “porque no tenemos otra opción, porque si yo saco una carga de maíz, de plátano o de yuca a San José, cuando llegue ya llega deteriorada”. Además, Vargas añade que el transporte de esa producción agrícola sustitutiva le costaría tanto como el valor de la cosecha.

“Hay un congelamiento en la compra de hoja de coca, de pasta de coca y por supuesto también en la circulación de la cocaína. Los inversionistas que manejan todo el tema de la cocaína no sienten seguridad en las zonas para transportar la droga”

Por su parte, Lina Álvarez, directora de El cuarto mosquetero, asegura que la aplicación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) durante el anterior gobierno colombiano “fue realmente un desastre” porque se privó a los campesinos de su fuente de subsistencia “pero ni siquiera les han dado los proyectos a corto y largo plazo. Y esto hace que otros campesinos digan que no quieren sustituir” sus plantaciones de coca por otros cultivos. En esto coincide con Luis Felipe Cruz, investigador de la ONG Dejusticia, quien declaró en un encuentro sobre política de drogas que el nuevo Gobierno tendría que realizar una reforma del PNIS para que ese programa no se convirtiera en un “fracaso costoso” como lo había sido hasta la fecha.

En este encuentro, realizado en abril de 2022 en Bogotá, participaron una decena organizaciones no gubernamentales convocadas bajo el significativo lema ‘Políticas de Drogas y Alternativas para la Permanencia Digna en los Territorios’.

Por su parte Alirio Uribe, senador por el Pacto Histórico y uno de los fundadores del Movice, participó en el citado encuentro de este organismo celebrado recientemente en Bogotá. Sus consideraciones sobre el tema de la coca coinciden con lo que manifiestan los líderes sociales desde las regiones: “Hay un congelamiento en compra de hoja de coca, de pasta de coca y por supuesto también en la circulación de la cocaína. Los inversionistas que manejan todo el tema de la cocaína no sienten seguridad en las zonas para transportar la droga por algunas medidas que ha tomado el Gobierno. [...] Es el caso del Clan del Golfo, que ha sido el grupo que más ha protegido las estructuras de distribución de la cocaína, y también la guerra en algunos territorios entre el Clan del Golfo y el ELN, y con algunas disidencias, han llevado a que el negocio de la cocaína esté en este momento a la baja. Habría una oportunidad histórica para que el Gobierno colombiano llegara con propuestas reales de sustitución”.

Las inversiones del narcotráfico a gran escala se habrían desplazado en parte hacia Perú, Brasil y Bolivia. También se ha descubierto recientemente la producción de coca y laboratorios de cocaína en países centroamericanos sin tradición cocalera

Sin embargo, aunque el contexto sería favorable a la política de sustitución de cultivos, el Gobierno debería actuar más rápido para aprovechar la oportunidad: “No tiene esas propuestas a la mano, en lo inmediato, y esto está trayendo obviamente una crisis bastante fuerte en esas zonas cocaleras, porque la gente está aguantando hambre, porque no hay movilidad —digamos— de dinero, y porque los narcotraficantes prefieren comprar la cocaína en otros países”.

En efecto, las inversiones del narcotráfico a gran escala se habrían desplazado en parte hacia Perú, Brasil y Bolivia. También se ha descubierto recientemente la producción de coca y laboratorios de cocaína en países centroamericanos sin tradición cocalera, que antes eran sólo lugares de paso, como es el caso de Honduras.

“Nos dejaron ganar las elecciones, pero no nos quieren dejar gobernar”

Alberto Azcárate

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Ministro de Gobierno de Colombia “Nos dejaron ganar las elecciones, pero no nos quieren dejar gobernar”

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Daniel Rojas Medellín preside la Sociedad de Activos Especiales, encargada de administrar los bienes incautados a las organizaciones declaradas ilegales y a las vinculadas al narcotráfico.

La desactivación de los grupos criminales de alto impacto, consustanciales a la existencia del narcotráfico, no parece hoy posible —ni en Colombia, ni en el resto de América Latina— sin un cambio sustancial de la política global de drogas que permita secar las fuentes financieras de las organizaciones narcotraficantes, y ello sólo se conseguiría mediante la despenalización y comercialización regulada de la coca y sus derivados.