Colombia
Daniel Rojas Medellín: “Nos dejaron ganar las elecciones, pero no nos quieren dejar gobernar”

Economista de 36 años, Daniel Rojas Medellín fue uno de los operadores de la transferencia de mando del gobierno de Iván Duque al de Gustavo Petro, coordinando el conocido como Pacto Histórico. Actualmente es presidente de la Sociedad de Activos Especiales (S.A.E.), encargada de administrar los bienes incautados a las organizaciones declaradas ilegales y a las vinculadas al narcotráfico. Una entidad clave en la estrategia para la paz en Colombia y relacionada con el redireccionamiento de esos activos hacia colectivos sociales. Defiende “una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas, por las cooperativas urbanas de jóvenes productivos, y por las asociaciones populares femeninas“. Por su labor al frente de la SAE, está recibiendo constantes amenazas de grupos paramilitares y narcos.

La Procuraduria del Estado le ha suspendido de funciones por tres meses, a usted y a otros dos altos cargos de la SAE. Hasta donde pudimos investigar, la medida se debió a que usted convocó a una asamblea para detener la operación de venta de la empresa estatal “Triple A”, valorada en 2,4 billones de pesos y que iría a ser vendida en 500.000 millones. ¿A su juicio, qué motivos inspiraron esta acción de la Procuraduría?
La Procuraduría es un órgano de control. Y particularmente en Colombia tiene la facultad de sancionar y de ejercer como policía política. Es decir, de apartar de sus cargos a funcionarios públicos. Las procuradurías en diversos países, tienen la potestad de ejercer controles, operar como garantía de derechos, pero no la facultad de sancionar a los funcionarios públicos. Es algo sobre lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado y ha sentenciado que no debería tener esta facultad con funcionarios públicos electos. Y tampoco por los designados por el Gobierno, pues de ese modo se podría utilizar la institucionalidad para gobernar e incluso perseguir a funcionarios que tuvieran pensamientos adversos a quien dirige la entidad. En mi caso particular, como usted lo señala, fue un gesto de responsabilidad que tuvimos como servidores públicos, con una empresa cuyas acciones irían a ser vendidas por valor aproximado de 500.000 millones de pesos. Cuando consultamos sobre la valoración de la empresa a la Superintendencia de Servicios Públicos, que es la entidad encargada de ponderar el patrimonio de este tipo de empresas, que son públicas, supimos que podría valer cuatro o cinco veces más de lo pactado en la operación de venta. Nuestro deber como servidores públicos es salvaguardar el patrimonio general de la nación, lo que es de todos, y lo que hicimos fue suspender esa cesión de acciones hasta que no tuviéramos la certeza de que no estuviera ejecutándose un posible detrimento contra el patrimonio público. Y esa decisión es la que la Procuraduría objetó. 

Y decidió su suspensión.
Sí. Sin embargo, ahora la Procuraduría ha levantado esa medida. Digámoslo en términos coloquiales: se echó para atrás en la suspensión, dado que no encontró fallas, ningún sostén jurídico para mantener en firme su medida. ¿Y por qué no lo encuentra? Porque lo que nosotros hicimos fue hacer un acuerdo con la alcaldía de Barranquilla para que las acciones pasen a ese distrito, es decir, se mantengan públicas. Y entonces, en caso de que hubiese el detrimento patrimonial que nosotros alertamos que podría existir, esa anomalía no estaría beneficiando a particulares, ya que se está haciendo una sesión de acciones de una empresa pública a otra empresa pública. En caso de que estemos vendiendo la empresa por debajo del valor, se garantiza que estamos atendiendo al interés general y no a unos particulares. Ese fue el acuerdo.

Tenía entendido que esta empresa estaba siendo vendida a particulares, al menos el capital mayoritario. ¿Quiere decir que ahora ya no pasaría a manos privadas, seguiría siendo pública, propiedad de la alcaldía de Barranquilla?
En un principio, efectivamente era así. Se estaba vendiendo a un consorcio que tenía capital público y capital privado y los públicos estaban apalancados en los privados. Si hubiese un detrimento patrimonial, que fue lo que nosotros alertamos de que podría estar sucediendo, se estaría beneficiando a unos intereses privados. Actuamos porque nos negamos a obrar, o a omitirnos, en privilegio de ningún interés particular. Y esa decisión fue la que suscitó la suspensión de la Procuraduría. Pero al llegar nosotros a un acuerdo con la alcaldía de Barranquilla, la Procuraduría no tuvo ya ningún sustento para mantener mi suspensión. 

Ese es el acuerdo. El tema del precio de la empresa todavía no está claro. Nosotros hicimos una valoración y cuando se revisó el contrato se hizo otra valoración. Está por esclarecerse, pero en caso de que se estuviera vendiendo por un valor mucho menor, que se privilegie a alguien que sea al interés público, al interés general. Por lo tanto, que la empresa se mantenga pública era algo que a nosotros nos interesaba y lo lo pudimos acordar con alcaldía de Barranquilla. 

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La empresa queda exclusivamente en manos públicas. ¿Usted confía en que se mantendrá ese compromiso?
Esperamos que ese compromiso se mantenga, pues quedó firmado en un acuerdo, en un contrato con unas cláusulas muy bien definidas. Un acuerdo que hay con la alcaldía de Barranquilla.

Actuamos porque nos negamos a obrar, o a omitirnos, en privilegio de ningún interés particular; esa decisión fue la que suscitó la suspensión de la Procuraduría

Pero le aclaro que aún cuando la suspensión que se libró en mi contra haya quedado levantada, la investigación continúa. La Procuraduría ha determinado que la investigación en contra mía y de los funcionarios de la SAE siga su curso. La preocupación que tenemos es que en Colombia se estén poniendo en riesgo las instituciones del Estado de Derecho. En la administración de la empresa todavía había miembros del anterior Gobierno (de Iván Duque) y, como es lógico, el nuevo Gobierno modificó la junta directiva introduciendo nuevos integrantes en la composición de la administración. Y lo que no parece muy normal es que justo el día en el que citamos a la asamblea de la empresa “Triple A” para valorar qué hacer con la operación de venta, la Procuraduría haya aparecido para suspender esa asamblea primero y, al no lograrlo, dos días después promulgó la suspensión en mi contra. Me parece sospechoso, este es un caso que hay que estudiar, llevamos cuatro meses analizándolo.

Suena todo un poco raro.
La situación es de alto nivel de complejidad. A pesar de que el contrato tiene unas cláusulas elaboradas con mucho detalle, resulta que en dos días la notaría ya lo había leído íntegramente y estudiado el caso. Me parece raro. Y segundo, cuando leo el auto de la Procuraduría, veo que se me acusa de algo totalmente insólito, tanto que pareciera que la persona responsable, el viceprocurador en este caso, nunca leyó el contrato, o no tenía ni idea de a qué se estaba refiriendo. Primero, porque la SAE nunca incumplió el contrato, jamás dijimos que íbamos a terminar unilateralmente el contrato, aunque se habría podido hacer. Segundo, nosotros estamos evitando un detrimento patrimonial billonario. Porque se alega que la suspensión es para evitar un detrimento patrimonial y ahí se contradice porque era precisamente lo que nosotros estábamos evitando. Tercero, la suspensión tiene el tufo de haber sido hecha para presionar a favor de la cesión de las acciones. Quiere decir que al suspenderme a mí, la persona que me reemplazaría tendría que ceder las acciones, porque si no, también iría a ser suspendido con el mismo argumento. En cuarto lugar, al viceprocurador los medios de comunicación le preguntaron puntualmente por qué investigan y por qué suspenden al funcionario Daniel Rojas. Y el viceprocurador responde “eso lo estamos investigando”. Fue como en aquella anécdota de guerra en la que el general ordena fusilar mientras espera la llegada de la orden. 

El Gobierno de Petro propone una transición hacia un modelo productivo profundamente democrático

¿Podría pensarse que estamos ante un caso de lawfare, tan al uso en latinoamérica?
Tiene todas las características de un caso así.

¿Esta viceprocuraduría alguna vez intervino, o descubrió, algún otro caso de corrupción anterior al suyo?
La opinión pública ha sido muy crítica. Incluso sectores de la Academia del Periodismo que no son afines al Gobierno, ni al pensamiento del presidente Petro, ni a mí, ni a nuestro partido, han sido muy críticos con la acción de la Procuraduría porque en sus palabras, que no son las mías, ha habido mucha laxitud en casos de alta corrupción y mucha celeridad en mi suspensión, lo que genera también suspicacias en la opinión pública. 

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Cuando usted tomó posesión de su cargo, dijo: “A partir de hoy, todos los bienes en extinción de dominio de la SAE pasarán a ser la base de una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas, por las cooperativas urbanas de jóvenes productivos y por las asociaciones populares femeninas”. Le hago tres preguntas en una: ¿cómo fue el proceso de incautación de esos bienes? ¿Qué criterios se utilizaron para entregar esos bienes a los destinatarios que ustedes eligieron? ¿A partir de ahí se formó alguna administración autónoma, o al menos participativa, o es solo del Estado?
Lo primero, aclarar que los procesos de incautación no le incumben a la SAE, sino a la Fiscalía General de la Nación. La SAE no forma parte de los procesos penales de extinción de dominio, sino que una vez que la Fiscalía ordena la extinción de dominio de estos bienes, hace acta de entrega a la SAE y a partir de la fecha de la firma de esa acta la SAE pasa a administrarlos. Nosotros no tenemos incidencia en lo que respecta a los procesos de incautación. Es un es un ejercicio meramente penal en el que la Fiscalía puede determinar la decisión de incautación. Nosotros lo que hemos hecho es atender a las denuncias e investigaciones de los medios de comunicación y a la queja generalizada que existía en la sociedad colombiana respecto del destino y gestión de estos predios, o inmuebles, activos en general. Porque hay de todo, bienes, muebles, inmuebles, sociedades, establecimientos de comercio, apartamentos, fincas, vehículos, etc. Esa administración o estaba muy concentrada, o en muchos casos los bienes volvían a sus antiguos propietarios.

Una acción reparativa sería que esos bienes tengan ahora una vocación productiva y que, quienes puedan hacer uso de ellos, sean estas comunidades

Estos activos pertenecieron en algún momento a economías ilícitas y, por lo tanto, no generaban un valor agregado de carácter público. No estaban encadenados en un sistema productivo legal que generara la riqueza. Una acción de reparación lógica es que sus activos pasaran ahora a ser parte de una nueva economía.

Nosotros lo dijimos en ese momento, pero para detallarlo más, los destinamos a una actividad productiva en la que se puedan vincular aquellas personas que han estado excluidas del mundo económico en Colombia. Si esas economías ilícitas, economías subterráneas, ilegales, tenían —o tienen— unos canales transaccionales, que además dejan como resultado sangre, masacre, pobreza y violencia, una acción reparativa sería que esos bienes ahora tengan una vocación productiva y que quienes puedan hacer uso de ellos sean estas comunidades. Nos hemos convocado a diseñar algo que en el programa de Gobierno lo dejamos consignado, es lo que hemos llamado alianzas público populares. ¿Y en qué consisten las alianzas público populares? El Estado, en este caso la SAE, otorga, bienes productivos, activos y factores de producción, como la tierra, o bienes de capital y las comunidades organizadas participan con mano de obra, ponen experiencia, modelos de negocio, y juntos, Estado y comunidades, podemos generar valor público, producir bienes. Y eso tendría que redundar en un encadenamiento que nos permita además generar empleo, hacer proyectos productivos sostenibles, evitando la lógica de un Estado que simplemente otorga subsidios y mantiene una ciudadanía ligada y sometida al subsidio. Y aquí entramos en una nueva lógica en la que el Estado es socio de la ciudadanía, pone un capital y la ciudadanía pone también un capital. En este caso no me gusta hablar de capital humano, digamos la mano de obra, la gente, la experiencia, la organización. Y juntos generamos valor.

¿Cuál es el criterio para escogerles?
La norma nos impide inmiscuirnos en eso. Lo que hemos hecho es ver cómo nos adecuamos a la norma, que tiene exigencias para ser designados depositarios de los activos de la SAE. Nos reunirnos con grandes organizaciones campesinas que, a su vez, recogen a las pequeñas, para que ellas sean las sombrillas en términos jurídicos. Y con ellas hacemos los contratos. Y la misma lógica se sigue con los jóvenes, y allí tampoco somos nosotros quienes caracterizamos a los jóvenes, ni quienes escogemos a los beneficiarios, sino que hicimos una alianza con la oficina del Gobierno, que es la Alta Consejería para la Juventud y ellos son los que caracterizan a los jóvenes. En esa línea vamos.

Diseñamos alianzas público populares evitando la lógica de un Estado que simplemente otorga subsidios

No podemos seguir gestionando este modelo que ha fracasado

Y en ese sentido, nuestro compromiso es precisamente poner estos activos al servicio de la gente y la garantía de no retorno a los grupos armados a los cuales se les han incautado. Es lamentable que en el marco de un compromiso de paz que se ha firmado y que el Gobierno ha mostrado la voluntad de cumplir, siga habiendo actos de índole terrorista y criminal, porque eso mina un poco la confianza. Pero yo espero mucho y tengo la confianza de que el Gobierno del Alto Comisionado y los compañeros y compañeras que están trabajando intensamente para acordar la paz, puedan superar estos escollos, porque el Presidente ha sido también muy claro en sus alocuciones. Y es que el Gobierno no se va a dejar tampoco engañar por ningún actor armado y que en caso de de verse engañado —y éstas han sido palabras del presidente—, el Gobierno también va a actuar. Entonces esperemos que las conversaciones tengan éxito y nosotros desde la orilla en las que estamos, vamos a poner nuestro granito de arena para que la paz total sea una realidad. 

Y hablando de violencia, aunque en este caso sea institucional, ¿qué opina de la destitución y prisión del presidente del Perú, Pedro Castillo? 
Es un poco a lo que me refería en la pregunta anterior. Es realmente lamentable que en Latinoamérica las fuerzas opositoras intenten impedir que gobiernos de origen popular no solamente ganen las elecciones, sino también que se atrevan a cumplir con sus programas de gobierno. Que se tenga como oposición a fuerzas que estén dispuestas a acabar con los vestigios de democracia que han construido nuestros pueblos y que pongan las instituciones de los Estados al servicio de sus pretensiones políticas particulares, haciéndole un daño, en este caso no al presidente Castillo, no a su partido político, no a sus a sus ministros y a las fuerzas políticas que lo acompañan, sino a la democracia peruana.

Lo sucedido en Perú genera precisamente focos de violencia y nos lleva a una situación que nosotros creíamos superada en el continente

Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con las políticas adelantadas por el equipo del presidente Castillo, pero en lo que sí deberíamos estar de acuerdo y tendría que ser un pacto entre las distintas fuerzas del continente, es en la protección de los estados de derecho, de las democracias, de las instituciones, eso debe estar por encima de cualquier pretensión política. Y por eso es muy lamentable lo que sucede en el Perú, porque es un retroceso, que esperamos que el pueblo peruano tenga la capacidad de superarlo y que este tipo de actuaciones no se propaguen por el continente. Porque, insisto, es un retroceso peligroso. Esto genera precisamente focos de violencia y nos lleva a una situación que nosotros creíamos superada en el continente. 

Pareciera haber un resurgimiento de la CELAC (Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe), a pesar de ciertos roces en su seno expresados en un reciente enfrentamiento entre los presidentes de Cuba y de Uruguay. ¿A usted le parecería válido resurgir la CELAC como instrumento de afirmación de los intereses de los países latinoamericanos, en vez de canalizarlos a través de la OEA, de Almagro, un evidente apéndice de los intereses multinacionales y del capital financiero?
Sí, es indispensable que Latinoamérica tenga un espacio de resolución, no solamente de resolución de conflictos, que siempre los va a haber porque nuestros pueblos son heterogéneos y porque de última, tenemos toda una historia, trazada por por discusiones entre pueblos hermanos. Pero es muy importante que esas discusiones se diriman en espacios en los que podamos ser totalmente autónomos y soberanos, y no solo para dirimir este tipo de discusiones, sino también espacios que nos permitan integrarnos como pueblos, porque tenemos unas posibilidades de generar ventajas comparativas, ventajas competitivas, frente a un mundo globalizado. Es una realidad en la que Latinoamérica, como pueblo unido, puede representar una fuerza productiva y, además, estratégica, geopolítica. Entonces la CELAC y este tipo de espacios permite que que por fin podamos tener una voz como pueblo, una voz como continente, con todas las diferencias que podamos tener. Pero también aprovechando las ventajas que pudiéramos sacar. El rezago que nuestro continente muestra frente al mundo pasa precisamente por esa balcanización que ha habido en Latinoamérica y que no nos ha permitido integrarnos. Y esta sería una oportunidad enorme. 

Entre los gobiernos progresistas de América Latina parecieran coexistir dos proyectos bastante diferentes. Uno, que se conformaría con administrar, con gestionar, lo que se ha heredado del neoliberalismo en retirada, una línea, diríamos, posibilista. Implica resignarse a las políticas de ajuste del FMI para servir a la asfixiante deuda externa. Y también mantener los paradigmas del neodesarrollismo, agronegocio, minería intensiva, extractivismo como fuente principal de divisas para solventar el gasto público y la generación de empleo. En parelelo, habría otra línea que se apoyaría más en producciones y mercados locales o regionales e intentaría salirse de la división internacional del trabajo impuesta por la globalización. Si coincide con esta pintura, cómo alinearía al actual gobierno colombiano en esta disyuntiva?
El programa de Gobierno que ganó las elecciones, del presidente Petro, claramente se suscribe en esta segunda línea, en la que no se hace una gestión del modelo heredado, denominado neoliberal. Sino que propone al pueblo colombiano una transición hacia un modelo productivo sí, pero profundamente democrático, en el que dejemos de ser simplemente exportadores de materias primas baratas e importadores de bienes y servicios con valor agregado caro, en el que dejemos de ser simplemente rentistas en el corazón de nuestra economía para pasar a ser productivos. Pero una producción profundamente democrática y con carácter climático, no monopolizada, no oligopólica, sino con base inclusiva vinculando y reconociendo lo que nosotros denominamos la economía popular, que es donde se inserta la gran mayoría de trabajadoras y trabajadores del país que hoy se denominan informales, pero que no por estar fuera de la formalidad institucional del legado neoliberal dejan de ser trabajadoras y trabajadores. Y, por lo tanto, para que esto no sea retórico, hemos propuesto unas reformas; por eso este gobierno podría denominarse radicalmente reformista o democráticamente reformista.

Transitemos hacia algo que no es el socialismo, podríamos incluso hasta denominar un tránsito hacia un capitalismo democrático, aunque eso pareciera un oxímoron

Y es precisamente eso lo que ha conllevado a que hayan surgido ataques como el que comentamos al inicio de esta entrevista. Porque en definitiva, en mi opinión, a nosotros nos dejaron ganar las elecciones, pero lo que nos están demostrando es que no nos quieren dejar gobernar, que no quieren dejar que llevemos a cabo las reformas para transformar este modelo que en 40 años de aplicación ha demostrado que fracasó, que nos tiene como uno de los países más desiguales del mundo, con tasas de desempleo de dos dígitos, con una inequidad desbordante. Y es lo que nos lleva a decir de que no podemos seguir gestionando este modelo que ha fracasado, que es inadministrable. Y que transitemos hacia algo que no es el socialismo, podríamos incluso hasta denominar un tránsito hacia un capitalismo democrático, aunque eso pareciera un oxímoron. Digamos, un modelo que nos permita por lo menos producir, porque Colombia, que es un país con vocación agrícola, hoy importa 14 millones de toneladas de alimentos. Se trata de producir y no simplemente depender de las rentas. Las rentas, incluso de la cocaína, que es además una parte de la historia sangrienta del país.

A cuenta de lo anterior: una tormenta se desató cuando Petro dijo que iría a asumir la regulación y control de las tarifas de los servicios públicos. Llovieron críticas de todo tipo y le dijeron que sería un error histórico. Él respondió que no se trata de ningún error, que sabe lo que hace y que mantiene su decisión de intervenir sobre las tarifas de los servicios públicos. Se trata de una clara intervención del Estado en la economía, eso que a los liberales les gusta llamar atentado contra la libertad de mercado, populismo comunizante, bolivarianismo, etc. Son medidas como de otros tiempos, donde los estados intervenían fuerte en la Economía. ¿Es una medida excepcional, o puede formar parte de un repertorio de respuestas gubernamentales de ahora en más? 
Digamos que es parte de la economía política, pero global. El mercado tiene fallas y cuando ellas aparecen, los Estados corrigen. En este caso cuando los oligopolios colusionan para establecer o acordar precios. Y no estamos hablando de cualquier tipo de bienes o servicios, sino de estos que están ligados con la provisión de derechos. Entonces es deber del Estado corregir este tipo de fallos. En todos los casos en que los derechos se vean mancillados, o haya una proclividad a que la provisión de derechos pueda verse en riesgo por las lógicas de los mercados, el Estado tiene la responsabilidad de intervenir para garantizar esos derechos. Y no sabría responder si esto se va a convertir en una lógica.

Así como en el control de precios de los servicios públicos, el Estado seguirá también interviniendo en clave de garantía de derechos

Pero lo que sí está muy claro, y un ejemplo es la reforma de la salud que actualmente se tramita en el Congreso, es que, para este Gobierno, la garantía de derechos está por encima de las lógicas tradicionales de los mercados, porque los derechos no son mercancías. Mientras sigamos pensando que los derechos son mercancías, entonces seguiremos creyendo que es irracional que los Estados intervengan para garantizar derechos, cuando lo irracional es que los mercados sean los perfectos asignadores, cuando llevamos 40 años de fracasos creyendo en este tipo de ideología. Así que muy seguramente, así como en la reforma de la salud, así como en la reforma pensional, así como en el control de precios de los servicios públicos, el Estado seguirá también interviniendo en clave de garantía de derechos. 

Petro fue contundente en el Foro de Davos, al decir que si este capitalismo no es capaz de enfrentar la crisis climática, o la humanidad se extingue con el capitalismo, o supera al capitalismo para poder vivir en el planeta. Y simultáneamente propuso una planificación pública, multilateral, democrática y global. Sé que la pregunta no tiene respuesta fácil, ¿podría enunciar algunos lineamientos generales de cómo se podría empezar a implementar esta propuesta? 
Bueno, esa materia no es de mi competencia y podría poner en aprietos a los ministros que vienen trabajando en este gobierno. No solamente en la planificación para la reindustrialización, sino además en cómo está la industrialización en Colombia, que demanda una acción climática y una transición energética. Lo que podría decir es que claramente hay dos retos en el país; el primero es lograr la agrarización y la industrialización y, a su vez, para conseguirlo, desde la oferta energética, se requiere transitar hacia unas energías limpias, que básicamente se sostienen en la ventaja geográfica que tiene el país de poder recibir radiación solar en mayor proporción que otros países. Por lo tanto, debería haber una fuerte inversión del Estado, en alianza con inversiones privadas, para cambiar la matriz energética; y desde la demanda, especialmente de los medios de transporte, que hoy en Colombia dependen mucho de los combustibles fósiles, tanto en las ciudades como los transportes de carga. La estrategia de las redes férreas y de cambios de modos de transporte en las ciudades también es una prioridad para poder dar inicio a una transición. Teniendo claro que en cuatro años de Gobierno no se va a hacer otra cosa sino sentar las primeras bases, porque debe ser una política de Estado a largo plazo. 

Frente a una resolución bélica nuestra única esperanza es la paz y la resolución dialogada de cualquier conflicto

Y, a propósito de la cuestión de nuevos paradigmas, ¿desde el Gobierno colombiano albergan alguna esperanza de que un eventual desenlace favorable a Rusia en la guerra de Ucrania podría beneficiar a los países de América Latina? 
No, no la tengo. Ni se me ha pasado por la cabeza, incluso. Nosotros vemos este conflicto como vemos los diferentes conflictos bélicos, con desesperanza, porque creemos siempre en el diálogo para la resolución de los mismos, ya que cuando se interponen las armas, cuando ellas son la única expresión válida, quienes pierden son los pueblos; en este caso el pueblo ruso, el pueblo ucraniano y todos los demás pueblos que queden en medio del fuego cruzado. Nosotros, que hemos vivido una historia de guerra, podemos decir con toda autoridad que esa nunca va a ser la salida y que no puede haber esperanzas en el ganador de una guerra. Porque en una guerra nunca hay ganadores, siempre es el pueblo el que pierde. Frente a una resolución bélica nuestra única esperanza es la paz y la resolución dialogada de cualquier conflicto.