Los efectos del 155 tras seis meses de suspensión del autogobierno catalán

Doce presos políticos. siete personas en el exilio. 254 funcionarios cesados. 108 iniciativas normativas descartadas. Catalunya gobernada desde Madrid. El Parlamento paralizado.

Estas son algunas de las consecuencias de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en las instituciones catalanas. Algunas de estas cifras se encuentran en el Tercer Inventario de Daños que ha recopilado la Associació Servidors Públics de Catalunya, una entidad sin ánimo de lucro que realiza estos informes para “poner en relieve el impacto y las consecuencias reales de las medidas adoptadas por el Estado español en la aplicación del artículo 155”.

La amenaza de este polémico artículo, que se aplicó el 27 de octubre de 2017 después de que Carles Puigdemont no aclarara al Gobierno español si se había declarado o no la independencia, llevaba meses saliendo de los labios del presidente y de la vicepresidenta del Gobierno. Si el Govern desobedecía, esta ley, nunca aplicada hasta ahora y cuya definición es tan corta como imprecisa, iba a soltar sus tentáculos por las instituciones catalanas para “garantizar el orden constitucional”. Ya han pasado más de seis meses desde su aplicación, que deshizo el Parlament, destituyó a todo el Govern y convocó las elecciones del 21 de diciembre.

Parálisis

El 155 puede intervenir la administración catalana de una forma muy amplia pero, como explica la portavoz del sindicato independentista Intersindical CSC, Roser Palol, controlar 13 departamentos y más de 20 entes autónomos “es muchísimo trabajo”. En un principio, los ministros tenían que tomar las riendas la Conselleria que les correspondiera, “pero llegaron a Catalunya sin saber cómo funcionaban las instituciones catalanas, lo que ha provocado una parálisis”, denuncia Palol.

Con la finalidad de controlar que la Generalitat no gaste ni un céntimo en ninguna acción relacionada con la independencia, cada actividad se tiene que enviar a Madrid para que sea aprobada y se desbloquee la partida presupuestaria, pero la gran mayoría de acciones impulsadas “no tienen nada que ver con la república”, puntualiza la sindicalista.

El mayor efecto que ha tenido el 155 en el cuerpo de la policía catalana es que no saben quién da las órdenes políticas

Eso no ha impedido que el Gobierno central no apruebe, pese a que ya estaba en el presupuesto de la Generalitat del 2017, el millón de euros anuales para un programa de drogodependencia del Ayuntamiento de Barcelona, ni la subvención a la fundación Arrels para atender a los sin techo drogodependientes. El motivo que dieron, según el subdirector del Servei Català de la Salut, Josep Maria Argimon, fue “no se considera oportuno”.

Los departamentos de la Generalitat más intervenidos son el de Asuntos y Relaciones Institucionales Exteriores y Transparencia, antes liderado por Raul Romeva (privado de libertad desde el 24 de marzo), y el de Interior, antes presidido por Joaquim Forn (encarcelado desde el 2 de noviembre).

Por otro lado, el jefe de los Mossos d’Esquadra —que dependen de Interior—, el Major Josep Lluís Trapero, ha sido relegado a tareas administrativas y está investigado por sedición. Para el portavoz del Sindicato Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC), Josep Miquel Milagros, el mayor efecto que ha tenido el 155 en el cuerpo de la policía catalana es que no saben quién da las órdenes políticas. Las cargas policiales de los Mossos d’Esquadra el pasado 26 de marzo recordaron a la brutalidad policial del desalojo de Centro Social Autogestionado Can Vies de Barcelona, y Milagros defiende que se desconoce "si el equipo de la ARRO o de la BRIMO tomó la decisión de hacer ese operativo o si, en cambio, esas cargas fueron una decisión política".

Además, Milagros advierte que la policía catalana empezó a recibir ataques a partir de la gestión que hizo con los atentados que hubo en Catalunya. “La ejecución de los cortes de carretera, de los controles, la rápida actuación que tuvieron los compañeros de Cambrils… esto a algunos no les gustó”, claudica. La campaña de descrédito fue liderada por varios medios de comunicación estatales y por sindicatos de la Guardia Civil, quienes junto a la Policia Nacional fueron premiados con medallas por el ministro del Interior por su actuación durante el referéndum del 1 de octubre que causó más de 1.000 heridos, mientras que el ministerio de Interior se negó a condecorar a los Mossos por su labor durante los atentados.

Rechazo del funcionariado

En el edificio de Interior algunos de los funcionarios han decidido protestar en contra la intervención del Gobierno español, una iniciativa que se ha extendido en todos los departamentos de la Generalitat. A raíz de la huelga general convocada por la Intersindical el 3 de octubre, varios trabajadores de la administración decidieron agruparse en 39 ADIC (Asambleas de trabajadores/as en defensa de las instituciones catalans). La mayoría de sus protestas son puramente simbólicas (llenar los despachos de lazos amarillos, decorar con carteles en contra del 155 y con fotografías del 'Govern legítim'), pero hasta esto les está llevando problemas.

Un total de siete miembros de la ADIC de Interior, que prefieren mantenerse en el anonimato, explican a El Salto que cada lunes y viernes a las 11.30 horas se concentran delante de su trabajo durante su horario de descanso para mostrar el rechazo al 155, concentraciones que cada día tienen más apoyo de asociaciones y vecinos, pero que aún provocan cierto miedo en los trabajadores porque temen ser sancionados. También colgaban carteles en los pasillos y ascensores donde venían las visitas, pero ya no pueden hacerlo. Una persona —que los funcionarios prefieren no revelar su nombre por seguridad— vino a pedir subvenciones del Departamento de Interior, y al ver los carteles gritó en medio del pasillo “¿¡cómo permitís que haya delincuentes en las paredes!?”, por lo que llamó al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para informarle de la situación.

En la última conferencia de educación el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, votó en nombre de la Generalitat la misma opción que votaron las Comunidades Autónomas controladas por el PP

El 20 de abril los funcionarios recibieron una circular que les advertía que iban a retirar los carteles porque “el uso del espacio público del Departamento para mostrar públicamente determinado posicionamiento (…) interfiere con la necesaria neutralidad que corresponde a estos espacios y puede generar susceptibilidades”. El final del texto reza: “No dudamos del compromiso y colaboración de todo el mundo para conseguir los objetivos expresados”, mensaje que algunos activistas han percibido como amenaza.

Catalunya vota como PP

Otras de las consecuencias del 155 es que la Generalitat se ha personado en la causa del Tribunal de Cuentas contra Artur Mas por la causa del referéndum del 9 de noviembre. En la última conferencia de educación donde se discutía cuál tenía que ser el modelo de acceso a la función pública, el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, votó en nombre de la Generalitat la misma opción que votaron las comunidades autónomas controladas por el PP. “Están haciendo muchas cosas en nombre de la Generalitat que no haría nunca, gobernase quien gobernase”, denuncia una de las activistas.

El primer borrador de este artículo contemplaba intervenir los medios de comunicación públicos catalanes, medida que alertó a muchos medios internacionales. Frente a esta posible aplicación, los profesionales reaccionaron rápidamente y organizaron una rueda de prensa en la que expresaron que no iban a acatarlo. El director de TV3, Vicent Sanchis, explica a El Salto que finalmente el artículo no se aplicó en los medios públicos catalanes, pero el trabajo de la televisión catalana se ha visto afectado por los ataques de partidos políticos como Ciudadanos y el Partido Popular, que acusan a TV3 de dar “propaganda a un golpe de Estado”, así como la presiones económicas de las nuevas medidas sobre la ley del IVA, en la que Hacienda reclama actualmente 87 millones a la televisión catalana, cuya producción externa se ha visto afectada por la presión económica.

“Lo que se está pretendiendo es ahogar la economía de la televisión pública catalana. Es cierto que el cambio de la ley a las nuevas disposiciones afecta tanto a los medios de comunicación públicos como centros de investigación, pero responsables de otras televisiones de la FORTA (Federación de organismos de radio y televisión autonómicos) y varios partidos políticos dicen que es una obsesión para ir en contra de los medios públicos de la Generalitat”, puntualiza Sanchis.

Otro de los efectos es la autocensura. “Los trabajadores de esta casa no se sienten libres trabajando, se siente coaccionados. No hay 155 pero sí hay una campaña continua de difamación, de estigmatización, de criminalización”, lamenta.

Pese a que el 155 debería retirarse después de la formación de Gobierno en Catalunya, el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, advirtió en una entrevista el pasado 30 de abril que si fuese necesario se aplicaría de nuevo, pero precisó que sería “focalizadamente, con una cirugía más fina”. “El 155 ha venido para quedarse”, sentencia el diputado independiente de Esquerra Republicana de Catalunya Ruben Wagensberg.