Opinión
El agravio al honor de Isabel Pantoja que no sufre el rey Juan Carlos en España

Los escándalos de corrupción de la Casa Real en España, en la figura del rey emérito Juan Carlos de Borbón como máximo responsable de la institución desde su recuperación tras la dictadura del general Franco, marcan un antes y un después en la historia del país, y advierte el agravio con el que la sociedad española trata a sus figuras públicas. 

Mientras con dinero público se han venido costeando lavados de imagen a la Monarquía en los escándalos que se habían conocido hasta el momento, y el propio Felipe VI lanza finalmente un mensaje a la ciudadanía esta semana para abordar la crisis sanitaria tratando de recuperar la confianza quebrada después de descubrirse la fortuna del patriarca de la familia, la cantante sevillana Isabel Pantoja fue repudiada por la Junta de Andalucía en un Consejo de Gobierno que ordenó la retirada de la Medalla de Andalucía que le concedieron por su trayectoria artística en 2002 después de la sentencia que le condenó a dos años de cárcel por blanqueo de capitales.

La situación del rey Juan Carlos de Borbón, cuya figura ha sido repudiada por su propio hijo en una institución unipersonal, familiar y hereditaria, parece no resentirse aún en cuanto a la defenestración pública. No obstante, las caceroladas desde los balcones han lanzado un mensaje unísono contra las prácticas mafiosas de la Casa Real, y la connivencia del heredero hasta que se hicieron públicos los papeles que atestiguan la supuesta corrupción real. 

La suerte de la cantante Isabel Pantoja en Andalucía se truncó cuando el Tribunal Supremo confirmó la pena de dos años de cárcel por un delito de blanqueo de los fondos obtenidos de forma ilícita por su entonces pareja, Julián Muñoz, durante su paso por el consistorio de Marbella. La ciudadanía reclamó entonces al Gobierno de Andalucía la retirada de una condecoración, la de mayor rango que concede el ejecutivo andaluz para distinguir a referentes que se han destacado en defensa de su tierra, que le habían concedido en 2002, cuando la artista aún no conocía al ex alcalde marbellí.

Lejos de lanzar un mensaje de aliento a la población ante la crisis que se avecina por el impacto del coronavirus en la economía familiar, Felipe VI aprovechó la situación excepcional y la tarde de domingo para reconocer en un comunicado que tenía conocimiento de los hechos ilícitos desde 2019 y los había comunicado a las “autoridades”, confirmando la información que la prensa internacional ha ido desmenuzando en las últimas semanas y evidenciando la deslealtad de la monarquía con una España sacudida por la crisis. 

La renuncia de Felipe de Borbón a la herencia de su padre es apenas un ejercicio de retórica vacío, toda vez que es un extremo no previsto en el Código Civil, ya que en España no se puede renunciar a una herencia en vida del testador. Y la retirada de la asignación pública que percibe todavía hoy Juan Carlos de Borbón de los Presupuestos Generales sería ejemplar de no haberse producido solo después de la publicación en prensa suiza y británica de los excesos del monarca emérito.

Para defenestrar a Isabel Pantoja, la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía habilitó un procedimiento, en virtud de lo recogido en el artículo 11 del decreto andaluz que regula la concesión del título de Hijo Predilecto y de las medallas de Andalucía, que preveía que la concesión de la medalla pudiera ser revocada “como consecuencia de la condena de su titular por algún hecho delictivo, así como por la realización de actos o manifestaciones contrarias a la Constitución, al Estatuto de Autonomía de Andalucía o a sus Instituciones de Autogobierno, o que atenten gravemente a los intereses de nuestra Comunidad Autónoma”.

El origen desconocido de la fortuna que la Familia Real de España atesora fuera del país, con la que Juan Carlos de Borbón costeaba presuntamente “el cariño” de Corinna Larsen, y del que son beneficiarios otros integrantes de la misma familia, deja al emérito al margen de los preceptos de la Constitución de 1979 que regula en el artículo 65.1 que durante el reinado y posteriormente el monarca no puede percibir más ingreso que el de los Presupuestos Generales del Estado. Los ingresos al margen de la asignación pública son en sí mismo un dinero irregular y corrupto. Con independencia de que este provenga de comisiones, sobornos o cualquier otra justificación fruto de los contactos de la Casa Real con la comunidad internacional y la estructura de poder global. Tampoco hay constancia de que la fortuna de Juan Carlos de Borbón en paraísos fiscales haya sido declarada a Hacienda, por lo que convierte estos fondos en dinero irregular.

La Casa Real ha acumulado en los últimos años distinciones de todo tipo y honores por parte de administraciones públicas, universidades, hermandades y exponentes de la sociedad civil que ahora, descubiertos los excesos y abusos del que ha sido máximo dignatario, y con su honorabilidad discutida, quedan en entredicho. ¿Actuará la sociedad española con la misma premura con la que defenestró a Isabel Pantoja? La sevillana pagó por sus cuentas y ha recuperado con tesón y trabajo su brillante carrera artística, que estaba en todo caso a salvo de las cuitas judiciales a las que se enfrentó como cualquier otro ciudadano. ¿Se sentarán más integrantes de la Casa Real ante el juez salvando la inviolabilidad y los aforamientos?

Hasta en tres ocasiones la Mesa del Congreso ha impedido que la Casa Real rinda cuentas de sus movimientos financieros, la última este mes de marzo fue tumbada por seis representantes de PSOE, PP y Vox frente a tres de Unidas Podemos. Este bloqueo del Congreso evita que la Monarquía española pueda liberarse del lastre de opacidad que la más alta institución ha usado como escudo con plena connivencia de los medios establishment para protegerse de los escándalos que le salpican y hacen tambalear su continuidad ante la ciudadanía. A falta de una investigación en España para ahondar en las implicaciones y conocer en profundidad la manera en que ha venido operando la Casa Real, el comunicado de Felipe VI desde el Palacio de La Zarzuela constata la existencia de una enorme irregularidad.

El Papa Francisco se pronunció esta misma semana sobre el coronavirus y lanzó un mensaje duro contra los defraudadores. “Es evidente que los que no pagan impuestos no sólo cometen un delito, sino un crimen”, citó el pontífice, y añadió: “si faltan camas y aparatos de respiración, también es culpa suya”. Diferentes colectivos han pedido a la Casa Real que done la fortuna fruto de prácticas corruptas a la sanidad pública, y han reprobado públicamente al rey emérito.

El momento excepcional de estado de alarma en el que la Corona ha reconocido la existencia de dinero ilícito y corrupto por parte del que ha sido su titular y jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón, hace que las decisiones que ciudades, pueblos, instituciones educativas, hermandades y demás entidades de la sociedad civil respecto a los honores y distinciones que el emérito ha acumulado a lo largo de su trayectoria queden, de momento, postergadas hasta la recuperación de la actividad cotidiana.