Cárceles
Andalucía, líder en encarcelamiento y exclusión social en el marco de un sistema territorial injusto

“Estoy tan acostumbrao a perdéh, estoy tan acostumbrao a perdéh, que cuando gano me enfado”, dice una letra flamenca popular, de esas que aún se pueden escuchar por nuestros barrios, cantada por esas personas que todavía cantan por la calle, no para pedir dinero a los turistas, sino para compartir su alegría o espantar el dolor. En Andalucía nos hemos acostumbrado a perder, a ser las últimas en muchas categorías, y es que el clasismo territorial acaba interiorizándose y condenándonos a creernos inferiores. Sin embargo, hay un indicador en el que somos líderes indiscutibles, aunque es un liderazgo del perder, un liderazgo cruel que tenemos que sacudirnos.

El año 2019 cerraba con 12.477 hombres y 879 mujeres privados de libertad en Andalucía, lo que nos sitúa en una tasa penitenciaria de 160 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes, frente a la de 128 que existe en el conjunto del Estado. Si se compara con la región más rica, vemos que la brecha norte-sur también se aplica al ámbito penitenciario. El País Vasco es la comunidad autónoma con menor índice de pobreza y, al mismo tiempo, con menor tasa penitenciaria.

La situación penitenciaria andaluza no solo se caracteriza por el elevado número de personas encarceladas, sino también por el elevado número de problemas que existen en estas prisiones. Los centros penitenciarios andaluces acumulan el mayor número de muertes en los últimos años (77 personas reclusas fallecieron en 2018), especialmente por suicidios y sobredosis. En muchos casos las sobredosis no se producen por consumo de drogas ilegales, sino por el mal uso de la propia medicación de las personas internas,que no reciben la asistencia sociosanitaria adecuada. Las carencias sanitarias, en atención psicológica y social, y la disminución de los fondos para las entidades sociales que trabajan para la reinserción, contribuyen a esta situación catastrófica.

Esta situación de liderazgo encarcelador no es casual, ni tampoco se debe a que en Andalucía se cometan más delitos. Se debe a la posición subalterna de esta región en el sistema económico estatal. Con las características de una colonia, Andalucía se especializa —o más bien “la especializan”— en actividades económicas de escaso valor añadido (turismo y agricultura) conformándose una estructura productiva extractivista, generadora de paro y desigualdad.

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social andaluza es la segunda más elevada de España, solo por detrás de Extremadura. La precariedad laboral, el colapso de los servicios sociales, la debilidad del sistema público de atención a la salud mental, la ineficacia del sistema de renta mínima, la emergencia habitacional derivada de los altos precios de los alquileres por la burbuja turística y la carestía de vivienda pública... Todos estos factores colocan a la población andaluza en un estado de inseguridad social que es camuflado, en parte, activando el discurso de la inseguridad delictiva. La criminalización de la pobreza es el mecanismo que conecta esta elevada tasa de exclusión social con una igualmente elevada tasa de encarcelamiento.

¿Quiénes llenan las cárceles andaluzas?

En la cárcel acaban, fundamentalmente, personas en exclusión social pertenecientes a colectivos marginalizados. En las cárceles andaluzas hay una mayoría de hombres jóvenes sin estudios (un 80% no ha acabado los estudios primarios), que estaban en paro o vivían de la economía informal (solo un 16% tenían un empleo estable), que consumen drogas (un 66%) o tienen un trastorno mental grave (un 12%). La mayoría (un 77%) han cometido delitos contra el patrimonio (robos y hurtos) o contra la salud pública (menudeo de drogas). En el caso de las mujeres encarceladas, que son aproximadamente un 7% de la población penitenciaria, su situación desfavorable de partida es aún más evidente. La mayoría provienen de familias desestructuradas, la mayoría han sufrido violencia de género y la mayoría han cometido delitos relacionados con su precariedad económica. Un 30% de las mujeres encarceladas son gitanas. En Andalucía la pobreza se esconde en las prisiones.

Como dice Loïc Wacquant, autor de Castigar a los pobres. El Gobierno neoliberal de la inseguridad social, la criminalización es una estrategia para ocultar los problemas sociales: en vez de hablar del paro y la pobreza, se castiga a quien hurta para sobrevivir, en vez de hablar de la emergencia habitacional, se castiga a quien ocupa una vivienda vacía.

¿Cómo funciona el mecanismo de criminalización de la pobreza?

En primer lugar, el Código Penal selecciona ciertas conductas y las califica como delitos. En la selección de estas conductas hay un sesgo en favor —¿o sería en contra?— de aquellas conductas que es más probable que cometan personas en exclusión social. Por ejemplo, para que el hurto sea considerado delito debe superar los 400 euros. En cambio, el fraude fiscal solo es delito si supera los 120.000 euros. En el caso del delito fiscal, además, si se devuelve el dinero (“¡Ay, perdón! es que no me había dado cuenta de que estaba ingresando ese dinero en una cuenta en Suiza”) el procedimiento se cierra y la persona queda absuelta. En el caso del hurto, la devolución puede ser una atenuante (“Ahí tiene, señor juez, los frascos de colonia que me llevé del Mercadona para venderos en el barrio, ya veré yo cómo le doy de comer a mis criaturas”) pero la persona será condenada y tendrá antecedentes. Si reincide acabará en prisión.Hay muchos otros ejemplos: se pone especial énfasis en castigar la usurpación de inmuebles —es decir, la ocupación de casas o tierras— y la defraudación de fluido eléctrico, pero las malas prácticas de las compañías inmobiliarias o energéticas no se penalizan.

Para que el hurto sea considerado delito debe superar los 400 euros; en cambio, el fraude fiscal solo es delito si supera los 120.000 euros

Como expresó el escritor francés Anatole France: “La Ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan”. Hoy dirían los adalides del liberalismo que todo el mundo es igual ante la ley, cualquiera puede elegir ocupar una vivienda o abrirse un fondo de inversión inmobiliaria, es una cuestión de libertad de elección.

Después del Código Penal, que es especialmente punitivo con aquellas conductas que van contra los intereses de las capas medias-altas, la criminalización de la pobreza la continúa el resto del sistema penal. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejercen un control especialmente intenso a aquellas poblaciones consideradas peligrosas: pobres, minorías étnicas e inmigrantes. Del mismo modo que en Estados Unidos es mucho más probable que la policía te cachee si eres negro o hispano, en Andalucía los y las vecinas de los barrios desfavorecidos son objeto de un mayor control policial que las personas que habitan en zonas enriquecidas.

Posteriormente, los juzgados tienden a condenar más a las personas empobrecidas. Los sesgos ideológicos de los y las jueces resultan cada vez más evidentes y, además, las personas marginalizadas suelen recibir peor atención jurídica que las personas adineradas. No se trata de que las y los abogados de oficio sean peores profesionales, sino que suelen tener menos recursos para enfrentarse a sus casos que los bufetes multimillonarios.

Finalmente, el sistema penitenciario también privilegia a quien tiene mayor nivel socioeconómico y endurece su respuesta con las personas de escasas capacidades personales y materiales. Resulta mucho más difícil reclamar tus derechos si se es casi analfabeto, resulta mucho más difícil salir de permiso si no se tiene lugar a dónde ir.

Dejar de perder: hacernos cargo de nuestra economía y de nuestras cárceles

La situación penitenciaria andaluza hay que leerla también en el marco de una economía explotada y colonizada por intereses ajenos. El sector penitenciario se convierte en un sector económico propio de un país roto por la desigualdad. Nuestro déficit en gasto público social se compensa con un superávit de gasto público penal. En el análisis de Angela Davis, la activista autora de Democracia de la abolición. Prisiones, racismo y violencia, el complejo industrial carcelario es un sector económico especializado en extraer plusvalía de los cuerpos de las personas excluidas.

Para salir del hiperencarcelamiento hay que salir de nuestra posición económica subordinada, promoviendo una economía centrada en la reproducción de nuestras vidas y no en el mantenimiento de privilegios ajenos. Y para ello, sobre todo, hay que salir de nuestra posición política subordinada y adquirir la soberanía plena sobre nuestras políticas económicas y sobre la política penal y penitenciaria.

La Sanidad Penitenciaria, que debería haber sido asumida por la Junta de Andalucía en el año 2003, ha de ser el primer paso para una asunción plena de las competencias penitenciarias

Por eso hay que reclamar la asunción plena de las competencias penitenciarias. El Estatuto de Andalucía es uno de los pocos, junto con el catalán, el vasco y el navarro, que contempla la competencia en prisiones, pero, mientras que Cataluña tiene esta soberanía desde los años 80, y Navarra y País Vasco la están reclamando, en Andalucía se trata de una cuestión relegada al olvido. La Sanidad Penitenciaria, que debería haber sido asumida por la Junta de Andalucía en el año 2003, ha de ser el primer paso para una asunción plena de las competencias penitenciarias.

Mientras se avanza en conseguir esta competencia, habría que ejercer las que ya tiene Andalucía. Actualmente, no hay ningún departamento de la Administración andaluza que se dedique a políticas de reinserción. Solamente existe alguna pequeña, y cada vez más mermada, partida presupuestaria de apoyo a entidades sociales que trabajan con personas reclusas y ex-reclusas. Una política penitenciaria orientada a la reinserción, que apueste firmemente por medidas de cumplimiento en el exterior —comunidades terapéuticas para personas drogodependientes y con enfermedad mental, por ejemplo—, podría permitir excarcelar a mitad de la población penitenciaria, que se reinsertaría de forma más eficaz en estos recursos externos. Esto ahorraría 130 millones de euros al año, que podrían invertirse en políticas educativas, sanitarias y sociales. Pero para ello es necesario una movilización social que exija respuestas preventivas y no punitivas, restaurativas y no vengativas, que se dirija a solucionar las causas sociales de los delitos y no a endurecer las penas.

Las personas presas son vecinos y vecinas de nuestros barrios y pueblos, en ellos dejan familias y amistades rotas por el encarcelamiento, y a ellos volverán cuando acaben su condena. Deben tener garantizados sus derechos como ciudadanos y ciudadanas durante su estancia en prisión y al salir de ésta, para que se haga realidad el principio constitucional de reinserción.

Podemos acabar citando de nuevo una letra flamenca popular que, en este caso, solía cantar Camarón:

“Dos corazones tengo en una balanza, el uno pide justicia y el otro, venganza.”

Que sea justicia lo que pidamos desde Andalucía y para Andalucía, Justicia Social para reducir las desigualdades, Justicia social para dejar de ser líderes en encarcelar a nuestra gente.