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Carabanchel
Marlaska rechaza el centro de memoria en la cárcel en Carabanchel
La Plataforma Ciudadana por el Centro de Memoria de la Cárcel de Carabanchel ha recibido respuesta a su petición de crear un espacio para recuperar y proteger la historia de la prisión construida por presos durante el franquismo. El Ministerio del Interior ha denegado la petición alegando “planeamiento urbanístico sobre esos terrenos”
La Plataforma por un Centro de Memoria Cárcel de Carabanchel envió el pasado 22 de mayo una carta por correo certificado al Ministerio del interior para solicitar un espacio para recuperar, transmitir y reflexionar en torno a las luchas populares y la represión política durante el periodo y la dictadura y la transición.
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Tal y cómo relató El Salto, la mayor parte de la que fuera la cárcel más grande del Estado español fue demolida en 2008 por orden del Gobierno del PSOE, dejando la mayor parte del terreno como solar abandonado, a excepción del antiguo hospital, que fue designado como Centro de Internamiento para Extranjeros.
No es la primera solicitud que el colectivo enviaba, ya que en enero de 2019 cursaron la misma demanda con el apoyo de varias asociaciones, entre las que se incluía el Colegio de Arquitectos de Madrid, argumentando que no existía ningún impedimento urbanístico, económico ni legal para iniciar la reconversión del espacio.
Desde la plataforma manifiestan su “decepción” ante la respuesta recibida el miércoles 10 de junio, en la que la directora de gabinete del ministro, Rocío García Romero, alega escuetamente que “actualmente se encuentra en curso la tramitación de la promoción de la ejecución del planeamiento urbanístico de estos terrenos”.
La respuesta parece encaminada a continuar con el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) que, desde el cierre de la prisión en 1999 preveía que los terrenos servirían para la construcción de edificios de renta libre, a pesar de que las presiones vecinales consiguieron que se modificase el plan para incluir un hospital. Tras ello, se firmaron varios proyectos urbanísticos que no se han llevado a cabo en los que parte del terreno se cedía para viviendas y parte para el hospital, reservando siempre una parte para Interior.
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El anterior juez responsable del centro de internamiento de extranjeros ya ordenó en 2018 abrir una investigación sobre Antonio Montes Rodríguez por negarse a aplicar las medidas ordenadas por su juzgado en cuanto a los derechos humanos en el centro.
La respuesta va en contra del propio discurso del Gobierno y de la ley de Memoria Histórica, presentada por el propio PSOE, que habla de la protección de lugares en los que se hayan “desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la lucha del pueblo español por sus derechos y libertades democráticas, así como la represión y violencia”. Un relato que encaja en la historia de la prisión.
“Recibir respuestas con este nivel de desprecio solo revela que no contamos con interlocución solvente con este Ministerio, que elude cualquier solicitud de reunión”, señalan desde la plataforma. Aseguran que no cesarán en sus intentos de presión para impulsar ese centro de memoria. Un centro que, indefectiblemente, tendrá que contar que fue el propio PSOE el que ordenó derribar la mayor parte del histórico lugar.
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