Crisis climática
El Constitucional admite a trámite la demanda que reactiva el Juicio por el Clima

Lo daban por muerto, pero el proceso del llamado Juicio por el Clima está hoy muy vivo. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo que Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo presentaron el pasado junio, tras la desestimación por parte del Tribunal Supremo de la demanda contra el Estado español por inacción frente a la crisis climática que interpusieron en 2020.

El Constitucional señala que la demanda tiene una especial trascendencia constitucional porque el recurso de las cinco organizaciones versa sobre una materia relativa a un derecho fundamental sobre la que no hay doctrina en el Alto Tribunal. Con ello, los jueces deberán dictaminar ahora si el Supremo no tuvo en consideración la posible violación de derechos fundamentales en su sentencia de 2023 y si el cambio climático afecta a estos, como plantean las organizaciones.

Era el último cartucho del movimiento por el clima, que comenzó un proceso histórico en septiembre de 2020, cuando las cinco demandantes lanzaron el primer gran litigio climático del Estado español, una iniciativa que ya había ocurrido en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda, en algunos casos con fallos positivos para el clima.

Con un objetivo inicial de un 23% de reducción de emisiones para 2030 —ahora actualizado al 32%— desde las organizaciones se exige aumentar esa cifra al menos al 55%

El objetivo desde el principio era obligar al Gobierno a elevar su ambición climática y sus planes de descarbonización para cumplir sus compromisos climáticos internacionales en materia de clima. Estos incluye el Acuerdo de París y las recomendaciones del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) para limitar el calentamiento global a 1,5ºC.

PNIEC, un objetivo muy alejado de lo necesario para el ecologismo

En el centro del huracán está el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la principal hoja de ruta para la descarbonización en España que el Gobierno actualizó el pasado septiembre. Con un pobre objetivo inicial de un 23% de reducción de emisiones para 2030 respecto a 1990 —ahora actualizado al 32%— desde las organizaciones que luchan por el clima se exige aumentar esa cifra al menos al 55%, tal como dicta el Acuerdo de París y como se ha comprometido al Unión Europea.

Al respecto, los jueces del Supremo dictaron que, aunque España es parte de la UE y ésta tiene el compromiso legal de reducir sus emisiones un 55%, el Estado español no está obligado a esa cifra, pues los 27 debían conseguir dicho objetivo en bloque y no cada uno en particular.

Según el IPCC, las sociedades humanas deberían llegar este año al pico de emisiones, pero la realidad es que en 2024 los gases de efecto invernadero expulsados a la atmósfera crecerán un 0,8%

La decisión, un jarro de agua fría para el movimiento climático español, podría ahora quedar en nada si el Constitucional falla a favor de las organizaciones ecologistas. Como señalaba a El Salto Irene Rubiera, del equipo demandante, las cinco organizaciones anunciaron que estaban “estudiando estrategias legales para ver cómo continuar” con el proceso, algo que se materializó en junio de este año con la presentación de la demanda ante el Constitucional, hoy aceptada.

Según el IPCC, las sociedades humanas deberían llegar este año al pico de emisiones, pero la realidad es que en 2024 los gases de efecto invernadero expulsados a la atmósfera crecerán un 0,8%, según el informe anual de Global Carbon Project presentado en la COP29 de Bakú. En el caso español, mientras las emisiones deberían reducirse a un ritmo del 7,6% anual, en 2022 aumentaron un 9% y en 2023 se redujeron un 5,3%.