Crisis climática
Litigación climática: “Nos va la vida en ello”

En septiembre de 2020, Ecologistas en Acción, Greenpeace e Intermón Oxfam iniciaron un litigio contra el Gobierno español por incumplir sus obligaciones en materia climática. Sus abogados, Jaime Doreste y Lorena Ruiz-Huerta, nos han contado en qué consiste esta demanda y los objetivos que persiguen, una explicación para legos en Derecho.

Saltamontes: Para empezar, de una manera general ¿Qué es una demanda climática?

Lorena Ruiz-Huerta: Nuestra iniciativa está dentro de una corriente de litigios climáticos que se da en todo el mundo. Hasta hace poco eran muy numerosas las demandas interpuestas contra grandes multinacionales; grandes empresas contaminantes como petroleras, hidroeléctricas, etc. Pero hace diez años empezaron a verse también este tipo de litigios climáticos contra gobiernos.

Este camino lo inició una ONG holandesa, Urgenda, que demandó al Gobierno de Holanda por su falta de ambición en la lucha contra el cambio climático. Urgenda demandó al gobierno holandés porque consideraba que sus políticas eran insuficientes para alcanzar los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de lucha contra el cambio climático. Iban a las COPs y a las grandes cumbres, y volvían llenos de promesas, compromisos y firmas rimbombantes, pero después las políticas que aplicaban eran insuficientes para alcanzar esos objetivos. Han ido ganando en todas las instancias judiciales, que el Gobierno, a su vez, ha recurrido; por eso llegaron hasta el Tribunal Supremo. Tras años de trayectoria judicial, en diciembre de 2019 obtuvieron una victoria en la que se condenó al Gobierno de Holanda porque sus políticas climáticas eran insuficientes, dando la razón a Urgenda.

En esta demanda se tuvo en cuenta lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre que si los Gobiernos no actúan adecuadamente para proteger el medio ambiente y luchar de manera efectiva contra el cambio climático, se vulneran los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras. Esta doctrina ha sido utilizada por otros Estados de la Unión Europea, porque lo que dice el Tribunal Europeo de DDHH es aplicable a los Estados que son miembros del Consejo de Europa. 

Además, hay que decir que estas demandas son innovadoras y muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en Derecho porque son multidisciplinares. Lo habitual es que las demandas estén dentro de una determinada jurisdicción, y en este tipo de demandas se mezclan muchas ramas del Derecho diferentes. Se  utilizan argumentos de Derecho Internacional Público, de Derecho Administrativo, Civil, de Derecho Constitucional y de derechos fundamentales. Por eso son complejas de hacer, innovadoras y también ahí radica la dificultad de que salgan adelante. En los sistemas judiciales que permiten un mayor nivel de creatividad judicial, en los que los jueces tienen un papel más de creación del Derecho, como en los sistemas anglosajones, es en los que es más fácil que prospere. En los sistemas más formalistas, como el nuestro, en el que el poder judicial solamente aplica la ley con muy poco margen para la creatividad jurídica, es más difícil.

S. ¿En qué consiste la demanda que ha interpuesto Ecologistas en Acción, Greenpeace e Intermón Oxfam?

Jaime Doreste: El Reglamento de Gobernanza Climática del año 2018 obligaba a todos los Estados miembros de la Unión Europea a aprobar, antes del fin del año 2019, unos Planes nacionales integrados de energía y clima (PNIEC), con el diseño de la ruta de mitigación que los distintos Estados iban a adoptar en cumplimiento del Acuerdo de París. Es decir, con los objetivos de reducción de emisiones y definiendo de qué manera van a alcanzarlos. El Estado español no solo no lo presentó a tiempo, sino que a fecha de hoy todavía lo ha hecho.

El incumplimiento de esa obligación comunitaria es ante lo que hemos reaccionado los grupos que planteamos la demanda. Pero además, no vamos solo contra que no se ha aprobado el PNIEC, sino que también planteamos que para que ese plan sea válido y suficiente de acuerdo con los compromisos del Acuerdo de París y lo que plantea el IPCC, tiene que tener un objetivo de reducción de emisiones para el año 2030 de, al menos, un 55%. Ese es, en resumen, el contenido de nuestra demanda: un incumplimiento de una obligación de Estado de cara a la Unión Europea y, cuando el Tribunal Supremo obligue a elaborar el PNIEC, que se haga con un determinado grado de ambición climática.

S: ¿Qué lleva a las organizaciones a interponer esta demanda, precisamente frente a un gobierno que dice que va a tomar medidas y que reconoce la emergencia climática?

LRH: Son dos razones. La primera es muy concreta: la oportunidad de iniciar este litigio está enmarcada en una corriente internacional en la que la sociedad civil comienza a ver en el Derecho y en la justicia una herramienta de activismo.

Por otra parte, se ha dado en este momento la ocasión porque el Gobierno ha dejado de aprobar un plan, el PNIEC, cuando tenía que haberlo hecho hace ya más de un año. Hay un incumplimiento objetivo de una ley que ha abierto la puerta para iniciar el procedimiento judicial. Por muy ecologista que se llame y por mucha declaración de emergencia climática que haya llevado al Parlamento, la realidad es que un año después no ha aprobado la herramienta fundamental para luchar contra la emergencia climática en la próxima década y a día de hoy no lo ha hecho.  Además, se ha  aprovechado la ocasión para impugnar los objetivos que tiene el Gobierno, que hemos podido ver en el borrador, porque son totalmente insuficientes para  cumplir con los objetivos internacionales y para estar en la senda de no superar los 1.5º C de subida de temperatura media, tal y como recomienda la comunidad científica y tal como España asumió firmando el Tratado de París.

Por otra parte, es más interesante presionar a este gobierno, porque es del que se puede esperar obtener algo. Evidentemente puede haber otros, como los anteriores, que no hicieron absolutamente nada y en términos morales o  éticos se lo pueden merecer más. Pero, precisamente a un gobierno con una vicepresidencia de Transición Ecológica y una vicepresidenta que se declara ecologista, creemos que es al que hay que presionar.

También pensamos que esto le ayuda a implementar políticas más progresistas. Tiene presiones brutales desde “el otro lado“ (petroleras, energéticas etc) que se lucran mediante las energías fósiles y la emisiones de CO2. El Gobierno también necesita la presión del lobby ecologista para forzar el viraje de las políticas a caminos más progresistas. Si no estuviéramos ahí, se vería únicamente arrastrado solo por el otro lado, como ya está sucediendo. En las políticas de recuperación económica tras la pandemia, estamos viendo como se está apostando por rescatar las energías fósiles: al automóvil, la aviación etc. Es importante presionar por este lado.

Además, en las distintas fases de información pública a las que se ha sometido este plan, por más alegaciones que los colectivos ecologistas han hecho, esa ambición climática, en ningún caso, se ha incrementado. Ni la presión ecologista, ni la ciudadana han tenido efecto, como tampoco las alarmas científicas constantes, que son muy claras con el grado de reducción de emisiones que necesita nuestro planeta. Ignorada la vía de la participación ciudadana, solo nos queda la vía judicial. Tenemos la obligación moral de utilizarla. No es del todo justo ni riguroso que se acuse justo a este Gobierno de inacción climática, pero la hay compromisos climáticos incumplidos y los objetivos planteados son absolutamente insuficientes.

S: Llama la atención que junto a Ecologistas en Acción y Greenpeace, esté también una organización no ecologista, Intermón Oxfam, cuyos objetivos son diferentes. ¿Qué aporta en esta demanda?

LRH: Es muy interesante esta pregunta, porque precisamente una de las reivindicaciones de esta corriente internacional de demandas climáticas está basada en la protección de los derechos humanos, es un argumento común a todas ellas: esta inacción desatiende o deja desprotegidos los derechos de las personas (vida, salud, medio ambiente, un futuro o vida que se pueda vivir dignamente). Ha sido una reivindicación histórica de las organizaciones ecologistas la presencia de las organizaciones de derechos humanos.

Es una buena noticia la presencia de Intermón Oxfam. Puede llamar la atención, pero la defensa del clima también es un tema de derechos humanos. Intermón aporta la visión de cómo el cambio climático afecta a los derechos de las personas y genera desigualdad, sobre todo material. Así, Intermón ha aportado un informe pericial evaluando como el cambio climático impacta sobre los derechos fundamentales, especialmente en cuanto a desigualdad material y de género.

JD: Uno de los efectos más llamativos o más fáciles de detectar tiene que ver con las comunidades indígenas en regiones insulares o regiones semidesérticas, un fenómeno ya existente y muy demostrado de las migraciones climáticas. Abordamos también esta realidad, no estrictamente ecologista; aunque tanto Ecologistas en Acción como Greenpeace, forman parte del ecologismo social. La presencia de Intermón Oxfam en la demanda termina de cerrar el círculo, permite abordar esa problemática y otorga la legitimidad al afirmar que la ambición climática debe estar alineada con los derechos de las personas.

S: ¿Cuáles son los resultados que se esperan de esta demanda? Sobre todo, en relación con los objetivos más ambiciosos que los del gobierno

JD: Los resultados de una demanda siempre son inciertos, pero podemos decir que lo que se espera es un tirón de orejas por parte del Tribunal Supremo al Gobierno por el retraso en la aprobación del instrumento normativo obligatorio. Si tan fan soy de la lucha contra el cambio climático, habrá que pasar de la musa al teatro y plasmarlo en un documento vinculante a nivel  nacional.

Segundo, que se fije un mínimo de ambición climática. Es un procedimiento ciertamente complejo. Estamos muy en el límite del papel jurisdiccional para decirle al Gobierno en cuanto tiene que fijar esos objetivos de ambición climática y en esa cuerda floja, puede caer de un lado o de otro la sentencia del tribunal. ¿Qué puede pasar a lo largo del procedimiento? Pues que la UE fije unos objetivos obligatorios para los estados o puede ocurrir que finalmente se apruebe el PNIEC con los objetivos insuficientes, por lo que habría que ampliar el objeto del procedimiento.

S: No estamos hablando de algo que se vaya a resolver rápido, ¿queríamos saber cómo influye esto y por qué se ha decidido optar por la vía jurídica cuando estamos hablando de urgencia climática?

LRH: Efectivamente es así, pero por eso no es la única vía de lucha contra el cambio climático. Seguimos teniendo mil pies en la calle, apostamos por la movilización activista ciudadana, somos organizaciones que apoyamos todo tipo de activismo, de presión, de incidencia política en la lucha que nos ocupa. Esta es otra vía interesante porque aunque sea más lenta tiene un potencial transformador tremendo. Una sentencia ganadora puede cambiar una ley, obligar a un gobierno a poner en marcha determinadas políticas, etc.

JD: Hay que desmitificar los plazos judiciales. Este recurso va directamente al Tribunal Supremo, que no tiene superior jerárquico, por lo que no estamos hablando de un pleito que dure décadas. La resolución definitiva probablemente la tengamos dentro de un año como mucho, que no parece algo exagerado. El “Vamos lentos porque vamos lejos” podría aplicarse a este tipo de litigación estratégica. En el caso de Holanda, se discutían los objetivos de reducción para 2020 y la sentencia fue en 2020. Es llegar tarde indiscutiblemente, pero aquí estamos hablando de objetivos para 2030 y la sentencia llegará en 2022. Parece razonable.

S: También nos gustaría conocer otros litigios climáticos... 

LHR: Conocemos otros casos y los hemos tenido muy en cuenta para la elaboración de nuestra demanda. Sobre todo en el ámbito europeo, no solo el holandés, también en Irlanda se ganó una sentencia histórica que condenó al gobierno por falta de ambición climática. También el caso alemán, que no tuvo la misma suerte. El caso de Francia también ha sido muy inspirador y en él también participan Intermón Oxfam y Greenpeace (Ecologistas en Acción no tiene representación en otros países). Los casos planteados en Europa tienen en común los argumentos de Derecho Internacional y derechos humanos, basados en la doctrina del Tribunal Europeo de Estrasburgo que mencionamos antes.

S: ¿Cómo creeis que las organizaciones ecologistas, más pequeñas o locales pueden utilizar el cambio climático en sus asuntos judiciales?

JD: Hace poco salió que la OCU estaba emprendiendo acciones legales contra Comunidad de Madrid y Cataluña por la calidad del aire utilizando la vía procesal que hemos utilizado nosotras.

Los pleitos climáticos requieren mucho tiempo y mucha dedicación (y a veces mucho dinero) por eso es normal que la emprendan grandes organizaciones, pero pueden servir como nueva vía para emprender acciones en defensa del medio ambiente. Uno de los grandes agujeros negros que tiene la protección del medio ambiente desde el punto vista legal y la propia jurisdicción contenciosa administrativa es la inactividad. Esta vía, lleva a que se puede obligar judicialmente a la administración a hacer, cuando ella no quiere cumplir con sus obligaciones.

Un ejemplo: en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, se establecieron plazos de hasta dos años para que el ministerio en cuestión aprobara una serie de planes y estrategias para la protección de la naturaleza. Haciendo una lectura de la ley, se detectan hasta 22 incumplimientos. Cuando se declara una especie en peligro de extinción, hay que aprobar un plan de recuperación, pero echando un vistazo al Catálogo Nacional de especies Amenazadas, muy pocos tienen ese plan. Esto abre una vía para forzar a la adminsitración a tomarse en serio esas obligaciones y para poder exigir legalmente a los tribunales que lo hagan.