Opinión
Los raíles de la ocupación: CAF y la banalidad técnica del mal

Sociólogo
En 2019 la empresa vasca CAF dio un paso decisivo en su internacionalización al asociarse con la constructora israelí Shapir para formar el consorcio TransJerusalem J-Net Ltd., hoy rebautizado como CFIR Light Rail Ltd.. Ese año el Gobierno de Israel les adjudicó uno de los mayores contratos de transporte urbano en Oriente Próximo: la ampliación de la Línea Roja y la construcción de la Línea Verde del tranvía de Jerusalén.
El acuerdo, firmado en septiembre de 2019, asciende a unos 1.800 millones de euros e incluye no solo la obra civil y el suministro de tranvías (114 unidades nuevas y la modernización de otras 46), sino también la operación y mantenimiento de la red durante un periodo de hasta 25 años. Desde 2021, la marca Cfiropera la línea existente, mientras las obras de ampliación avanzan con horizonte de finalización en 2027.
La controversia comenzó cuando se conocieron los detalles del trazado. Tanto la ampliación de la Línea Roja como la futura Línea Verde atraviesan Jerusalén Este, un territorio consideradoocupado por la comunidad internacional desde 1967. Los nuevos ramales conectan barrios palestinos con colonias israelíes como Pisgat Ze’ev, Neve Ya’akov, Gilo o French Hill, integrándolos de facto en el tejido urbano de Jerusalén Oeste. Para las organizaciones de derechos humanos, este tranvía no es un simple proyecto de transporte sino una infraestructura que consolida los asentamientos y fragmenta el espacio palestino, reforzando una situación que Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia califican de ilegal.
La polémica se intensificó cuando la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos comenzó a señalar a empresas vinculadas con actividades en los asentamientos. En 2023 actualizó su base de datos y recientemente ha incluido a CAF en la lista de empresas que operan en la Cisjordania ocupada. La lista no lleva asociadas sanciones, aunque la oficina de la ONU pide a las empresas incluidas que «tomen medidas adecuadas para abordar el adverso impacto en los derechos humanos» de sus actividades. Esto ya ha tenido consecuencias concretas: el Ayuntamiento de Oslo se plantea no renovar contratos con la empresa vasca, alegando incompatibilidad con sus políticas de responsabilidad social.
CAF no puede escudarse en la neutralidad técnica, al asociarse con Shapir -ya incluida en la lista de la ONU- y operar una infraestructura que enlaza directamente con asentamientos, la empresa vasca participa en la normalización de la anexión forzada e ilegal de Jerusalén Este
CAF, por su parte, ha defendido reiteradamente la legitimidad del proyecto. Sostiene que el tranvía presta un servicio público esencial e inclusivo, recuerda que alrededor de una cuarta parte de la plantilla de operación es árabe y afirma haber realizado procesos de diligencia debida reforzada en derechos humanos. La compañía se apoya en opiniones jurídicas independientes y en un fallo de la Corte de Apelación de Versalles sobre la fase inicial de la Línea Roja, donde se concluyó que el proyecto no vulneraba el derecho internacional. Desde la dirección de CAF insisten además en que la base de datos de la ONU no equivale a una condena legal y que su inclusión, de producirse, tendría un carácter meramente político.
Del otro lado, organizaciones como Who Profits o la campaña BDS señalan que CAF no puede escudarse en la neutralidad técnica: al asociarse con Shapir -ya incluida en la lista de la ONU- y operar una infraestructura que enlaza directamente con asentamientos, la empresa vasca participa en la normalización de la anexión forzada e ilegal de Jerusalén Este. Desde su perspectiva, el tranvía es parte de la arquitectura del apartheid israelí, y solo la retirada del proyecto sería coherente con los principios de responsabilidad social corporativa.
La retórica de la neutralidad técnica recuerda a las estrategias de defensa utilizadas por jerarcas nazis como Adolf Eichmann, que solo planificaba la “emigración”, o Albert Speer, que únicamente velaba por la continuidad de la producción de armamento
CAF insiste en defender su participación como un ejercicio estrictamente técnico: construir tranvías, operar líneas, garantizar un servicio eficiente y seguro. Esa retórica de la neutralidad técnica es, sin embargo, la parte más problemática de su discurso. Salvando todas las distancias necesarias, recuerda a las estrategias de defensa utilizadas por jerarcas nazis como Adolf Eichmann o Albert Speer. El primero alegaba que él solo planificaba la “emigración” –forzosa- de los judíos; el segundo, que únicamente velaba por la continuidad de la producción de armamento. En ambos casos, la responsabilidad moral quedaba diluida bajo el manto de la función técnica: obedecer órdenes, gestionar procesos, cumplir objetivos.
Resulta desazonador comprobar cómo ese tipo de lógica reaparece en la manera en que CAF justifica su implicación en un proyecto que contribuye objetivamente a consolidar la ocupación de Jerusalén Este. Decir “yo solo fabrico trenes” o “yo solo opero líneas” implica reducir un problema político y ético de primer orden a su dimensión más banalmente técnica. El ensayo de Johann ChapoutotLibres para obedecer, en el que analiza los vínculos entre nazismo y management moderno, debería hacernos saltar todas las alarmas. Cuando la gestión se presenta como neutral y eficiente, pero despojada de toda responsabilidad moral, lo que aparece no es inocencia técnica, sino la forma más sofisticada de complicidad.
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