Ayuntamiento de Madrid
Comienza el derribo del CC La Ermita mientras el proyecto de viviendas de lujo continúa en los tribunales

Una nueva intervención urbana en Madrid que arranca recurrida en los tribunales y con oposición vecinal. Sería complicado elegir una, pero en este caso hablamos del futuro desarrollo urbanístico Ermita del Santo, también conocido como el proyecto de las ‘Torres de La Ermita’ o el ‘Pelotazo de La Ermita’. Un proyecto sobre el papel de “regeneración urbana” al que se acusa de jugada especulativa y que espera construir viviendas de lujo, pero también de protección oficial, en la zona del Paseo de la Ermita del Santo, en el Distrito de La Latina y las inmediaciones de Madrid Río.

En concreto, este mes de febrero han arrancado las obras de demolición del antiguo Centro Comercial La Ermita, en su fase final, operación clave para el arranque de las obras de cara a la construcción de 530 viviendas, de las cuales 159 estarán bajo algún régimen de protección pública por aclarar, un 30% del total, por encima del 10% que obliga la ley, pero que las asociaciones ponen en duda que vaya a cumplirse.

Unos trabajos que arrancan mientras el futuro de la obra se encuentra recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM), por parte de Ecologistas en Acción y la plataforma vecinal SOS Ermita del Santo. En su denuncia, consideran que se han cometido “graves irregularidades que desvelan un modelo de urbanismo especulativo, donde las administraciones públicas han cedido su potestad de planificación a los intereses privados”.

Este caso recuerda a operaciones urbanísticas similares en la ciudad y que la Justicia ha tumbado  como el caso de los párquines del Santiago Bernabeu o la reordenación de las antiguas Cocheras de Cuatro Caminos

Según la demanda, presentada el pasado noviembre, “no existe interés general alguno” en la modificación de la ordenación urbanística, tratándose de una operación en “exclusivo beneficio del propietario de los terrenos“ y recuerda recientes casos en los que la Justicia ha tumbado operaciones urbanísticas similares en la ciudad como el caso de los párquines del Santiago Bernabeu o la reordenación de las antiguas Cocheras Históricas de Cuatro Caminos.

Según la denuncia, el procedimiento de aprobación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para ese ámbito, el APE 10.24, “incurre en distintos vicios sustanciales”: durante la tramitación “se introdujeron modificaciones sustanciales en el plan sin reiterar el trámite de información pública, privando a la ciudadanía de su derecho a participar y a ser informada”.

Además, la delimitación de las áreas para aumentar el volumen de edificabilidad y permitir la construcción de más viviendas se considera “arbitraria y tramposa, diseñada a medida para obtener el máximo rendimiento económico del promotor”. La ordenación aprobada “provoca un desequilibrio en la ratio de dotaciones públicas (zonas verdes, equipamientos sociales, etc.) por habitante, empeorando la situación preexistente y saturando los servicios”, alegan en la denuncia.

El Consistorio ha vendido la operación como la creación de un “un centro urbano con servicios de proximidad se desarrollará a partir del zócalo comercial actual, lo que fomentará el comercio local y ayudará a generar un entorno más dinámico y atractivo, fortaleciendo así el impacto socioeconómico de la zona”. El proyecto “incluye una edificabilidad específica de 18.879 metros cuadrados para equipamientos públicos, que se utilizará para desarrollar nuevas infraestructuras deportivas. Estas nuevas instalaciones complementarán las ya existentes, como la piscina cubierta y las salas de gimnasio y fitness”.

Rechazo vecinal

“Continuar con el derribo del centro comercial, que puedes llamar como un intento de hechos consumados, es una estratagema o una especie de símbolo por parte de la propiedad”, opina Álvaro Domínguez, vecino y portavoz de la Plataforma SOS Ermita del Santo, que atiende a El Salto. “Querían deshacerse del centro comercial sí o sí como para decir que esto no hay quien lo pare”. El vecino, de 68 años, cree que responde al “nerviosismo de esa campaña que han lanzado en todos los medios para vender las viviendas de superlujo que se supone van a hacer. El propio Ayuntamiento está haciendo de promotor para intereses privados”.

Álvaro Domingo, de la Plataforma SOS Ermita del Sant, pone en duda la promoción de vivienda protegida “porque no es nada que se gane, está financiado con la cesión de bienes y terrenos del ayuntamiento...”

Domínguez pone en duda la promoción de vivienda protegida “porque no es nada que se gane, está financiado con la cesión de bienes y terrenos del ayuntamiento. El promotor los va a construir al mismo precio y luego se va a financiar que estén en un régimen público que aún no se sabe cuál es con más dinero público. Es todo humo”. Afirma que la plataforma “no tiene prisa, pueden ir derribando o construyendo. En el peor de los casos, que inicien el proyecto, tampoco pasa nada. El Bernabéu ha demostrado que la Justicia tiene sus tiempos pero puede darle la razón a los vecinos. Luego siempre hay otros mecanismos para paralizar la obra, derribarla o pedir alguna otra actuación que no sabemos cuál podrá ser”.

El rechazo vecinal explícito y sostenido desde hace años denuncia una operación especulativa para beneficio del empresario venezolano Alberto Enrique Finol Gaulé, de 87 años e implicado en casos como los Paradise Papers o los Pandora Papers.

Finol es el principal inversor de de la socimi (Sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria) Desarrollos Ermita del Santo, promotora del proyecto y que tenía su sede social en el mismo centro comercial ahora en derribo. En concreto, es propietario de Ibemetex, firma que es la principal componente de la socimi con un 30%, y entre sus socios se cuentan otros empresarios de su país como Juan Guillermo Álamo, que ha propiciado desarrollos inmobiliarios similares en Barcelona.

El empresario venezolano Alberto Enrique Finol Gaulé, implicado en casos como los Paradise Papers o los Pandora Papers, s el principal inversor de de la socimi Desarrollos Ermita del Santo, promotora del proyecto

Finol compró el centro comercial en 2012, tras finalizar las obras de soterramiento de la M30 y del parque de Madrid Río, en que se revalorizó la zona. En ese momento comenzó el desarrollo de esta operación, retrasada durante casi una década, y que en su día fue desestimada por el gobierno municipal de Manuela Carmena.

El proyecto se retomó en 2019, con Ciudadanos al frente del Área de Urbanismo, y ahora se remata con Borja Carabante, del PP, como concejal del ramo. Hubo una modificación en abril de 2024 que redujo la edificabilidad en 6.200 m² y aumentó los equipamiento, incluso bajando la altura de una de las “torres” de 28 a 23 pisos, y manteniendo la segunda en 21 pero cambiándola de lugar.

La última versión fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 1 de abril de 2025. En diciembre se constituyó la Junta de Compensación con el reparto de las parcelas entre los propietarios, es decir, los socios de la SOCIMI. Es público que para la financiación de la obra los propietarios han cerrado dos líneas de crédito por parte de Ermita del Santo con Maslow Capital, alcanzando un total de 43 millones de euros.