Asturias
La ley LGTB asturiana encara su tramitación pese la presión del lobby antiderechos

“Desmedida y victimista” son los adjetivos que utilizó Ramón Durán Rivaco en su intervención en la Junta General del Principado de Asturias en el marco de las comparecencias que ponen el punto de partida a la tramitación del proyecto de ley LGTBI después de que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobara el anteproyecto el 9 de marzo de 2026. “Compromete la seguridad de las mujeres en los aseos”, dijo Alicia Miyares, profesora de Filosofía UNED y uno de los nombres más destacados del feminismo que se ha dado en llamar “radical”.

Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía y socialista convocada a comparecer por el PP, calificó la ley como “antifeminista”. “Tiene como objeto que el colectivo pueda llevar a cabo su santa voluntad”, dijo. Y también: “Es la ideación de una minoría intrusa que le habla a un mundo que ya no existe”. Para Jose Errasti, profesor de Psicología en la Universidad de Oviedo, esta ley proveeré a la industria farmacéutica de “clientes de por vida”. Que dictará un “adoctrinamiento masivo” para el funcionariado, que es anticonstitucional o que viola el derecho “natural” de los padres sobre los hijos fueron otras de las afirmaciones que se escucharon el lunes 11 de mayo y el jueves 15 de mayo en las comparecencias.  

Asturias es una de las dos comunidades autónomas que no cuenta con una ley autonómica que recoja y regule los derechos de las personas LGTBI

Entre las más de cuarenta comparecencias que tuvieron lugar se escucharon también otras voces. Las de José Ignacio Pichardo, catedrático de antropología social en la Universidad Complutense de Madrid, defendió la pertinencia de la ley y sugirió una mayor concreción en cuanto a dotación para llevar a cabo la formación que se contempla o más especificidad en las medidas que apuntan a la necesidad de realizar estudios. La jurista Marina Echebarría Sáenz también defendió que la ley es “oportuna” y que ahonda en el derecho antidiscriminatorio y los mandatos de la ley estatal LGTBI. Entre sus aportaciones, la catedrática de la Universidad de Valladolid señaló algunos aspectos que considera “mejorables”: por ejemplo, señaló que el texto es mejorable en cuanto al compromiso que ha de pedirse al sector privado, y no solo público, e hizo notar también la contradicción de que el texto pueda establecer una barrera en la escucha a personas menores de edad en los 16 años, cuando la ley de infancia la establece en los 12 en este momento. Rosa Almirall,  creadora y responsable de Trànsit, atención a las personas trans* de Catalunya, apoyó el derecho a  las personas trans, no binarias e intersex a recibir una atención sanitaria de calidad.

En cualquier caso, el Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y sus familias —ese es su nombre completo— avanza en su tramitación en Asturias tras la aprobación del anteproyecto el 9 de marzo de este año. Y es que Asturias es una de las dos comunidades autónomas que no cuenta con una ley autonómica que recoja y regule los derechos de las personas LGTBI. De salir adelante, será la primera ley autonómica que se apruebe después de que entrara en vigor la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI aprobada en febrero de 2023.

Los colectivos Xega Asturies, Xunta y Diverses y Llar Trans, que han participado en la elaboración del texto, creen que se trata de un texto que cumple el mandado de la ley LGTBI estatal de trasladar las medidas. Las tres entidades coinciden en señalar una cosa: es una ley de mínimos y, pese a que algunos quieran trasladar al territorio asturiano la presión sobre la “T” que ya se vio en el proceso de elaboración de la ley LGTB y tras estatal aprobada de forma definitiva en 2023, la ley va más allá.

Xega: “Favorecerá a toda la sociedad asturiana”

Para África Preus, que Asturias pueda llegar a tener una ley autómica LGTB es de sentido común. Por ejemplo, porque algunas de las competencias fundamentales —salud, educación y servicios sociales— están transferidas y deben regularse en el ámbito autonómico, explica la coordinadora de Xente LGTBIAQ+ Astur (Xega).

Xega, que es una organización de referencia en el territorio por su trayectoria —fue creada en 1992— y por su actividad —es responsable del Observatorio contra la LGTBIQ+fobia del Principado de Asturias— recuerda que no es la primera vez que se intenta sacar adelante una ley atonómica: en 2019 ya hubo un intento que no vio la luz. Pero espera que esta la vencida, ya que se trata un compromiso del presidente, el socialista Adrián Barbón Rodríguez, que recogió en sun programa de 2023 impulsaer “al inicio de la legislatura” la “aprobación en la Junta General de la Ley del Principado de Asturias de Garantía de los Derechos y Libertades de las Personas LGTBI y sus familias, para articular políticas de ámbito autonómico y erradicar la discriminación de las personas LGTBI”.

Por eso en octubre de de 2023 la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI comenzó un proceso para elaboirar un texto. Lo hizo con los colectivos Xuntes y Diverses, Llar Trans, Colibrí, Faciendo Camin, además de Xega, junto a la red educativa y los sindicatos CC OO y UGT, explica Preus, en un proceso en el que se incluyó a la universidad para asentar las bases jurídicas del texto. Al borrador que se sometió a consulta pública y que también han visto las consejerías, explican los colectivos, le preceden unas cuarenta reuniones con entidades.

Sobre la pertinencia de esta ley, Preus dice: “Lo que hace la ley estatal es establecer los principios generales, pero cada comunidad autónoma tiene sus características, una cultura y un territorio propio, y hay que regular cómo se aplican las medidas en función de esas características”. Sobre medidas de calado, Preus destaca la formación obligatoria para todos los profesionales y para todo el personal del Principado de Asturias —lo que abarca el sistema educativo, sanitario y administrativo—, porque “si no hay una sensibilización y un conocimiento de cuál es la realidad de las personas que estamos en el colectivo, no va a haber un buen trato”. 

África Preus (Xega): “Las agresiones aumentan porque hay unos discursos desde partidos políticos, desde personas públicas que va calando en la sociedad”

Y, en la cercanía del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que tiene lugar el 17 de mayo, Preus da un dato: si el año pasado hubo en todo el año 46 denuncias en el Observatorio contra la LGTBfobia, solo en un cuatrimestre de 2026 se llega ya a las 26. “Las agresiones aumentan porque hay unos discursos desde partidos políticos, desde personas públicas que va calando en la sociedad”, lamenta. La ley, dice Preus, “favorecerá a toda la sociedad asturiana, porque ¿quién no quiere estar en un sitio donde nadie le va a cuestionar su orientación sexual, su identidad de género o su expresión, y dónde la normatividad en los cuerpos no va a ser lo que marque la mirada de todo el mundo?”.

Llar Trans: una ley participada que ha unido a los colectivos

“No queríamos de ninguna manera que volviese a hacerse un circo y un escarnio de las personas trans, pero no hemos podido evitarlo”, dice Ángeles Fal cuando se le pide una valoración de las comparecencias de estos días. Fal es presidenta de Llar Trans, una asociación de personas trans, familiares y aliadas nacida en 2021 y que da fe del cambio que se ha producido en las familias cuando tiene que afrontar las preguntas que se hacen sus hijos, hijas e hijes sobre su identidad.

“No es una ley trans, es una ley LGTBI que tiene un apartado evidentemente dedicado a esa T, pero que tiene muchos otros aspectos que recogen tanto la identidad como la orientación sexual de las personas, incluso la intersexualidad, que eso es muy importante”, insiste. Estos discursos, dice, se producen tres años después de la aprobación de la ley estatal, por lo que ahora sabemos que “no ha pasado ninguno de todos esos apocalipsis que decían que íbamos a tener”.

Fal insiste, como Preus, en que se limita a trasladar al ámbito autonómico los mandatos de una ley orgánica estatal. Y, pese a que algunas comparencias pusieron el foco en los niños, niñas y adolescentes trans, Fal aclara que, en ese sentido, la ley no contiene ninguna novedad y se limita a consignar las normas existentes, por ejemplo en cuanto a la atención sanitaria –que se guía en Asturias y en todo el Estado por la Ley de Consentimiento Informado—, la escucha a personas menores de edad —establecida en la Ley de Infancia— o la autodeterminación de género —donde simplemente Asturias se atiene a lo indicado en la ley estatal, ya que no tiene competencias en ese ámbito—. “Las familias que apoyamos a nuestros hijos y a nuestras hijas estamos muy hartas de estos discursos”, zanja.

Para Ángeles Fal, presidenta de Llar Trans, la formación al profesorado y los protocolos en el ámbito educativo son dos de los aspectos clave que aborda la ley

Para Fal, la formación al profesorado y los protocolos en el ámbito educativo son dos aspectos clave. El texto contiene medidas en el ámbito educativo formal y no formal y recoge las obligaciones de la administración educativa en cuanto a derechos de las personas LGTBI. “Asociaciones como la nuestra estamos recibiendo peticiones por parte del profesorado asturiano pidiéndonos ayuda porque tienen casos de niños y niñas trans y no saben cómo abordarlos. Creemos que las instituciones son las que tienen que asumir ese papel, aunque nosotras contribuyamos a ello”, explica Fal a este medio.

“Ahora mismo hay una situación de preocupación y al mismo tiempo de esperanza, y hay una unión en los colectivos mucho mayor que cuando se inició este proceso”, cuenta.

Xuntes y Diverses: actuar en el entorno rural

Gustavo García es presidente de la asociación Xuntes y Diverses, una asociación que creó un grupo de personas para visibilizar a las personas LGTBI en el entorno rural. “Si ya es un poco complicado para la juventud y para la infancia el visibilizarse en una ciudad, pues imagínate en los pueblos”, dice. Y es que esta asociación que ha participado en la elaboración del texto de la ley LGTBI asturiana está en Llanera, un municipio de 14.000 habitantes de Asturias. 

Para García, es difícil de explicar que una de las dos comunidades autónomas que no tenga una ley LGTBI sea Asturias: “Llevamos un porrón de años con un gobierno progresista y aún tenemos que estar así, sin una ley LGTBI”. García comparte la necesidad de incidir en el ámbito educativo y en ocuparse de detectar y frenar los discursos de odio.

Gustavo García es presidente de la asociación Xuntes y Diverses: “Sabemos de personas trans y de personas LGTB que se han ido a vivir fuera o que viven todavía en el armario en el año 2026… ‘pueblo pequeño, infierno grande’ que dice el refrán”

Pero apunta a algo más específico: la necesidad de mirar al ámbito rural. “Aquí en Llanera sabemos de personas trans y de personas LGTB que se han ido a vivir fuera o que viven todavía en el armario en el año 2026… ‘pueblo pequeño, infierno grande’ que dice el refrán”. “Imagínate si una ley de este tipo no nos vendría bien, muy bien a la hora de educar a la gente”, dice. En ese sentido, el texto del anteproyecto incluye un capítulo de medidas en el ámbito rural.

Sobre la oposición de PP y Vox, y los discursos contrarios a que salga adelante esta ley, mira hacia atrás: “También había pataletas cuando el matrimonio Igualitario que se iba a acabar el mundo, que se iba a abrir un pozo negro e íbamos a acabar con la familia”. 

Tras el periodo de comparecencias, el texto entrará en fase de propuesta de enmiendas. Los colectivos esperan que la tramitación siga el curso esperado y que esté aprobada antes de la convocatoria electoral de 2027.