Infancia
El Congreso aprueba la ley que aborda el reto de hacer efectiva la escucha a la infancia

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves 15 de abril el proyecto de Ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que pretende suponer un cambio de paradigma en el tratamiento de esta violencia y que, tras el proceso de tramitación desde su aprobación por el Consejo de Ministros en junio de 2020, amplía la escucha a la infancia. Un ejemplo de ello es que el texto revisado contempla la posibilidad de que un niño, niña o adolescente denuncie sin pasar por un examen de madurez, como inicialmente preveía. 

Las principales novedades que introduce esta ley son la ampliación hasta los 35 años de la edad (un cambio introducido esta misma semana, ya que inicialmente se planteaba el comienzo a los 30 años, en lugar de a los 18 como ocurre en la actualidad) desde la que empieza a contar el plazo de prescripción de abusos a menores, la prohibición del Síndrome de Alienación Parental (SAP) y la obligatoriedad de utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años.

Además, establece el deber de toda la ciudadanía de poner en conocimiento de las autoridades cualquier situación de violencia contra la infancia de la que tenga constancia. La Ley Rhodes, como se llama por la implicación del pianista víctima de abusos sexuales en su infancia, contempla además la retirada de la patria potestad para condenados por homicidio o maltrato.

Al texto se han incorporado más de 200 enmiendas de las casi 600 registradas por los distintos grupos, y más de 70 transaccionales, a su paso por la Cámara Baja, y ha salido adelante con amplia mayoría —han votado a favor PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, ERC y BNG, y en contra Vox y PNV, mientras que PDeCAT y EH Bildu se han abstenido—. El proyecto de ley de protección a la infancia frente a la violencia tendrá que seguir su tramitación en el Senado.

Entre las novedades que incorpora el texto están un tratamiento más específico de situaciones de violencia de género que involucren a niños, niñas y adolescentes y una mención simbólica a la violencia obstétrica

Entre las novedades que incorpora el texto están un tratamiento más específico de situaciones de violencia de género que involucren a niños, niñas y adolescentes, una mención simbólica a la violencia obstétrica y perinatal (que no tiene desarrollo) y, como valoraba ayer Save The Children en una rueda de prensa donde pedían que la ley siguiera, como hasta ahora, el trámite de urgencia, de modo que pueda estar publicada en junio. 

Andrés Conde, director de esta organización impulsora de la ley, ha recordado que la Policía recibe cada año en España 38.000 denuncia por delitos violentos que tienen a los niños y niñas como víctimas y uno de cada dos denuncia de abusos y agresiones sexuales tienen como víctima un menor. El texto tiene un amplio consenso no solo en el Congreso sino entre organizaciones de infancia, que han participado activamente en la elaboración de esta ley. Poco antes de comenzar el debate de la ley, Save The Children hacía entrega de más de 500.000 firmas en el Congreso para respaldar la urgencia de esta ley.