Argentina
El Gobierno de Milei se ensaña con la población mapuche en una nueva ‘Conquista del Desierto’

La declaración de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como “organización terrorista” por parte del Gobierno de Javier Milei es un paso más en la política de persecución y estigmatización contra el pueblo mapuche y contra los pueblos originarios Argentina. El Gobierno también eliminó la protección legal con la que contaban las comunidades para frenar los desalojos de sus territorios, derogó el Programa de Fortalecimiento Comunitario que les permitía contar con asistencia legal, y activó una nueva campaña en contra del pueblo mapuche que incluye allanamientos, detenciones y acusaciones de todo tipo y color.

Tanto el decreto 1083/2024 —que declara terrorista a la RAM—, como la resolución 8/2025 —que elimina el programa de acceso a la justicia—, forman para de una arremetida de años, pero recrudecida con el actual Gobierno. De hecho, la resolución que proclama a la RAM organización terrorista se enmarca en lo establecido por el decreto 918/2012, que reglamentó la Ley Antiterrorista impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2011.

La amenaza de desalojos destaca como una de las principales preocupaciones de las comunidades en un contexto en el que ven cuestionadas todas y cada una de sus reivindicaciones

Hace unos meses, la excusa para ir contra los mapuches fueron los imponentes incendios de la Patagonia del verano austral —se los acusa de ser sus gestores—, y un sinfín de otros motivos que van desde homicidios, pasando por ataques a maquinarias de empresas extractivistas o forestales, recuperaciones territoriales, movilizaciones, pintadas en la vía pública y cortes de rutas. Un verdadero compendio extraído de notas periodísticas antes que de sentencias judiciales, como se encarga de aclarar el periodista Santiago Rey, que reside desde hace años en la Patagonia argentina.

Ahora, la amenaza de desalojos destaca como una de las principales preocupaciones de las comunidades en un contexto en el que ven cuestionadas todas y cada una de sus reivindicaciones. En mayo pasado, la Confederación Mapuche de Neuquén se declaró en alerta, y las comunidades Quintriqueo y Melo, conformadas por unas 30 familias, luchan por evitar los desalojos ordenados por el juez Francisco Astoul Bonorino, ignorando su reconocimiento provincial y evidencias de ocupación ancestral.

Un poco de historia

Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel —dos jóvenes que reivindicaban la causa del pueblo mapuche—, dejaron al descubierto siglos de opresión, y la construcción de un enemigo interno que amenaza a la sociedad argentina y justifica ciclos represivos. “Nosotros somos pueblos milenarios, preexistentes a la construcción de las naciones”, sostiene Mauro Millán, lonko de la comunidad Pillán Mahuiza (provincia de Chubut). “Este fue uno de los pocos pueblos, en lo que hoy es América, que resistió la invasión de los conquistadores tanto anglosajones como de quienes venían de la Península Ibérica”. 

Las comunidades mapuches que son objeto de persecución se ubican principalmente en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Algunas gozan de reconocimiento jurídico y otras no, y se cuentan por miles a uno y otro lado de la Cordillera de los Andes. “El concepto de núcleo de la comunidad mapuche se denomina lovche, es la forma social más básica, que tiene su lonko (autoridad política), su machi (sanadora) y su weichafe (guerrero). Nosotros no usamos el consenso mayoritario ni votamos para elegir autoridades; es un pueblo que jamás se rindió y mantuvo la práctica de su idioma, su espiritualidad, pero sobre todo las leyes de la naturaleza”, cuenta Millán.

La Patagonia es la región más extensa del país y fue repartida sin ningún tipo de control entre millonarios extranjeros y corporaciones multinacionales con el aval del Estado y su aparato judicial

A partir de 1980 hubo un proceso de recuperaciones territoriales que derivó en una serie de reformas en las leyes que hizo que se estableciera en la Constitución la preexistencia de los pueblos originarios. “Para nosotros la recuperación es un principio ideológico”, aclara Millán. “En los territorios pensamos nuestra cultura, conectamos con la naturaleza y se desarrollan nuestros machis o chamanes, nuestros lonkos-líderes. Nosotros no profesamos ninguna religión que venga de afuera”.

En Argentina se encuentra vigente la Ley 24.071 (Convenio 169 de la OIT), que obliga a consultar a los pueblos indígenas sobre todo aquello que tenga que ver con sus territorios, aunque nunca se cumplió con este mecanismo. En 2006, la ley 26.160 reconoció su preexistencia, dispuso suspender los desalojos en las tierras habitadas por pueblos originarios y el relevamiento catastral por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Campaña del Desierto

La Patagonia es la región más extensa del país y fue repartida sin ningún tipo de control entre millonarios extranjeros y corporaciones multinacionales con el aval del Estado y su aparato judicial. Además de Benetton también forman parte de este selecto grupo el magnate Joe Lewis y el creador de la CNN Ted Turner. Benetton, sin embargo, acumula el mayor número de tierras —unas 900.000 hectáreas—, y desde 2024 controla un 70% de la producción de carne ovina patagónica. En los últimos tiempos, se han sumado una gran cantidad de capitales árabes.

“Todas las comunidades tienen algún tipo de reclamo, pero el reclamo de fondo tiene que ver con la recuperación de la libre determinación del pueblo”, remarca el escritor y periodista Adrián Moyano, investigador de la causa mapuche. “El pueblo mapuche se organiza de manera horizontal y circular, y se caracteriza por un ejercicio multitudinario de la soberanía y una descentralización del poder que fue lo que les garantizo una resistencia exitosa. Los mapuches no fueron doblegados por España sino por Chile y Argentina recién a fines del siglo XIX (Campaña del Desierto). Un genocidio que nunca fue reconocido por el Estado”. 

Moira Millán: “La llegada del ferrocarril impactó en el pueblo mapuche provocando el despojo cultural y territorial”

Mª Eugenia García Nemocón

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Pueblos originarios

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Entrevistamos a la lideresa y weychafe mapuche Moira Millán, impulsora del movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir que acaba de publicar El tren del olvido, novela que relata el periodo histórico de represión que supuso la llegada del ferrocarril a las comunidades mapuches en Argentina.

En el año 2022, la referente mapuche-tehuelche Ivana Huenelaf realizó una presentación ante los tribunales de Comodoro Py (Buenos Aires) para que se investigue como genocidio la persecución y matanza de pueblos originarios de la Patagonia durante las expediciones militares conocidas como Campaña del Desierto (1878-1890). La configuración del Estado-Nación, con el fin de la colonia, planteó la necesidad de imponer su soberanía sobre las regiones indígenas autónomas, se calcula que en la Conquista del Desierto fueron asesinados, o puestos prisioneros, unos 14.000 mapuches.

Los incendios y la RAM

Acusar al pueblo mapuche de iniciar los incendios es “una ridiculez, y es hijo de una enorme ignorancia y manipulación”, afirma Rey. “En parte, se tomó la palabra del lonko Facundo Jones Huala —cuando habló de ataques incendiarios en la presentación de su libro—, para argumentar sobre lo que sucedió en el sur este año, y que sucede todos los veranos por distintas circunstancias, con los incendios forestales. El pueblo mapuche no ataca su propio territorio, es imposible pensar que un pueblo pueda atacar el territorio que está defendiendo, y que protege de los avances extractivistas y de los emprendimientos turísticos que generan deforestación. También son protectores de la fauna y la flora autóctona, y del agua, y luchan en contra de los proyectos de represas, y de la privatización y extranjerización de los cursos de agua y la naciente de los ríos.”

El lonko Hernán Cañicul, de la comunidad Raquitue (Neuquén), también opina que la acusación es falsa y desconoce a la RAM: “Nosotros no somos parte de la RAM, ni la reconocemos como organización. Es un invento que se ha venido haciendo estratégicamente desde el sector político, y ahora resurge con el Gobierno de Milei”. Según Cañicul, si bien algunos incendios son provocados intencionalmente, “no son las comunidades mapuches, nosotros somos los primeros interesados en cuidar nuestro entorno natural, y no entra en nuestras cabezas incendiar algo que nos da vida y de lo que nos consideramos parte. Lo que hay detrás de estas acusaciones son intereses inmobiliarios. Nosotros tenemos un derecho constituido, tanto a nivel nacional como provincial, que no se respeta. Si ves el mapa de donde están los incendios, nunca se les quema el campo a los Benetton o a los Lewis, que son los que vienen tomando todas las tierras del sur”.

En declaraciones al portal Tierra Viva, y en referencia a la acusación por los incendios y la palabra de Jones Huala, el lonko Mauro Millán sostuvo que de lo que se trata es de asociarlos con una persona que tiene un mensaje que le es melodioso a la derecha represora. “¿Y nosotros nos tenemos que hacer cargo de una persona a la que refritan todo el tiempo para hablar y decir cosas que no representan en lo absoluto al gran Pueblo Nación Mapuche? Si nosotros nos guiamos por esos parámetros tendríamos que sentenciar a toda la Argentina de racista, homofóbica, o represiva, por lo que dicen personajes como Milei, o [el gobernador de la provincia de Chubut] Torres, o [la ministra de Seguridad, Patricia] Bullrich”.

“Al interior del pueblo mapuche hay personas dispuestas a llevar los reclamos de recuperación territorial más allá de la negociación política tradicional, pero no creo que eso sea suficiente para calificarlas de terroristas”

El debate sobre sí existe la RAM o no genera todo tipo de opiniones y posturas: “Yo no soy quién para decir si existen o no, eso les corresponde a los integrantes del pueblo mapuche”, opina Rey. “En todo caso, es una organización al interior de ese pueblo, cuya existencia no se puede explicar con los parámetros de las organizaciones revolucionarias de los 60 o 70. Yo entrevisté algunas veces a Jones Huala, y él dice ser integrante de esa organización —que comparte algunos lineamientos de la Coordinadora Ancestral Mapuche (CAM) de Chile—, y que se trata, sobre todo, de un estado de conciencia. Yo creo que al interior del pueblo mapuche hay personas dispuestas a llevar los reclamos de recuperación territorial más allá de la negociación política tradicional, pero no creo que eso sea suficiente para calificarlas de terroristas. Creo que esto es un paso más en el proceso de construcción de un enemigo interno”.

Para Cañicul, este especial ensañamiento del Gobierno de Milei con el pueblo mapuche, forma parte de “un plan que tienen hace tiempo y que ahora, que están al frente del Gobierno, lo llevan adelante reconociéndole derechos a los extranjeros que tienen las tierras, pero vulnerando los derechos de los pueblos originarios. Nuestra lectura política es que es un Gobierno de derecha que solo gobierna para un determinado sector social. Las comunidades y los pueblos originarios estamos por el diálogo, queremos ser parte de las discusiones sobre los conflictos y vamos siempre con la cara destapada”.

Disputa

La Patagonia ha sido y es un territorio en disputa, en tanto lugar con recursos naturales, fuentes de energía, agua y paisajes con potencial turístico. “Todo lo que se está armando en contra del pueblo mapuche tiene como fin último sacar una ventaja de esa disputa en favor de los sectores más concentrados de la economía”, opina Rey. “Hay una continuidad de lo que sucedió durante el Gobierno de Macri (2025-2019), con la misma ministra de seguridad de ahora [Bullrich], que necesita construir un relato sobre su propia acción porque en términos de combate de la inseguridad más tradicional, no tiene resultados”.

En diciembre pasado, el Gobierno derogó la ley 26.160 que obligaba al cumplimiento de las normativas que tienen que ver con la demanda constitucional de entrega de tierras

En diciembre pasado, el Gobierno derogó la ley 26.160 que obligaba al cumplimiento de las normativas que tienen que ver con la demanda constitucional de entrega de tierras: “El problema es que no se hace un relevamiento de las tierras ocupadas por los estancieros, o los privados, que ocuparon las tierras de las comunidades y las siguen ocupando”, señala Cañicul. “Incluso hay antecedentes de haber encontrado pinturas rupestres, o cementerios, rewes —el lugar ceremonial de las comunidades—, y todo eso, en las tierras que ocupan los estancieros. Era una ley que no nos venía a entregar nada, pero al menos sirvió para frenar los desalojos o las causas por defensa de los territorios. Acá en Neuquén tenemos más de 800 imputados en relación a esto. Milei dice: ‘Todo bajo la ley, nada fuera de la ley’, y nosotros estamos de acuerdo porque tenemos un derecho constituido dentro de la Constitución Nacional, pero este Gobierno no tiene intenciones de sentarse a hablar con las autoridades del pueblo mapuche para abordar la situación de fondo”.

“Lo que no ha habido es una política de Estado que haya cruzado todos los Gobiernos para generar instancias de diálogo político que permitan abordar este proceso histórico que tiene muchísima complejidad”, destaca Rey. “Ha habido picos represivos, pero la incomprensión, la falta de diálogo, y la falta de cumplimiento de las leyes ha sido una política de Estado que cruzó a todos los Gobiernos”.