Andalucía
Una ley señalada, una crisis social aguda y un movimiento organizado: radiografía de la vivienda en Andalucía

Mientras la campaña electoral lo llenará todo de promesas, sonrisas y mensajes de preocupación la  inaudita crisis de la vivienda que sufre Andalucía seguirá sin freno alguno. Las andaluzas y andaluces seguirán con la incertidumbre de cómo podrán acceder a una casa mientras las noticias nos seguirán informando de desahucios día tras día como el que dejó dejado a más de 300 personas sin hogar en Manilva (Málaga) o las familias de Sonia y Estefanía en Cádiz que pronto se verán en la calle.

Tampoco cesarán historias como la de Albert, el anciano que se suicidó el pasado octubre en Torremolinos tras ser desahuciado ni el acoso por parte de empresas de Desokupación ante personas con procesos de desahucio activados como el caso de Eduardo en Sevilla Este.

En Andalucía hay 641.572 viviendas vacías según el INE.

Sin embargo en la propaganda electoral de Moreno Bonilla no faltará sacar pecho sobre la ley de vivienda andaluza, señalada por el Gobierno central, que da facilidades a los caseros y no aporta soluciones a la mayor preocupación de andaluzas y andaluces, y el anuncio de beneficios fiscales de viviendas heredadas. Por su parte, María Jesús Montero promete derogar la ley de vivienda aprobada hace unos meses por la Junta de Andalucía y abaratar la vivienda para la juventud andaluza. Montero ha formado parte de un Gobierno central en el que no se han topado los precios de los alquileres a pesar de la presión social y que ha permitido la caída del escudo social que paralizaba miles de desahucios.

La vivienda andaluza en datos

Andalucía es, tras Catalunya, la comunidad donde más desahucios se producen, un puesto que llevamos años revalidando según los datos del Consejo de Poder Judicial. En 2025 se produjeron un total de 6466 desahucios, concentrados especialmente en Sevilla, Málaga, Cádiz y Almería.

La falta de capacidad para poder pagar una vivienda sea en alquiler o en compra es una realidad que viven decenas de miles de andaluces. El precio del alquiler en los últimos siete años ha aumentado de forma exponencial especialmente desde 2021 hasta ahora.

En 2019 el €/m2 de vivienda en alquiler se situaba en 7.8 ahora se encuentra en 13,4. En ciudades como Málaga la subida ha sido más acuciante incluso que en la media de todo el territorio de 9,2 €/m2 a 16,7 €/m2.

Andalucía se encuentra entre las comunidades en las que el precio del alquileres más ha subido en los últimos años  y sin embargo está a la cola en cuanto a salarios. Una combinación de variables que hace que la brecha entre el sueldo y el alquiler se haga cada vez más grande antes de 2019 el porcentaje que un persona destinaba de su dinero al alquiler era menos a 50% y actualmente está rozando el 60%. A pesar de que se estipula que tan solo sea un 30% del presupuesto mensual.

Hay quienes consideran, como el presidente andaluz, que el problema habitacional se trata de una cuestión de oferta y demanda y ven la solución invirtiendo en la construcción. Una visión recogida en la ley de vivienda andaluza. Sin embargo colectivos y expertas denuncian que se trata del uso especulativo que se está dando a las viviendas que ya existen.

El último censo de población y vivienda elaborado por el INE en 2021, un estudio que se realiza cada diez años exponía que en Andalucía había 641.572 viviendas vacías, gran parte de las mismas en zonas donde la crisis habitacional es más profunda.

A pesar de que Juanma Moreno durante su entrevista en Ana Rosa Quintana juró que en Andalucía no hay grandes tenedores los datos le desmienten. Según una investigación elaborada por Civio en 2023 más del 29% del mercado del alquiler está en manos de megatenedores. Entre los que destacan la Junta de Andalucía con 18.082 viviendas, Caixabank con 7.453 viviendas, el Ayuntamiento de Sevilla con 2.630 viviendas y Unicaja con 1.787 viviendas.

La ley de vivienda andaluza puesta en el foco

Tampoco faltará en la propaganda electoral del PP la defensa cerrada de la ley de vivienda andaluza, convertida ya en uno de los principales frentes de confrontación con el Gobierno central y foco de descontento social. Desde la Junta se insiste en que la norma permitirá reforzar la construcción de vivienda “ dinamizar el mercado” mientras endurece medidas contra la ocupación y dando beneficios a los propietarios. Lo que como señalan colectivos y expertos supone una “criminalización de la pobreza”, al impedir a las personas que hayan okupado acceder a las viviendas sociales.

El Gobierno ha impugnado 16 artículos de la ley andaluza de vivienda.

El Gobierno considera que la normativa andaluza va contra la ley nacional de vivienda y ha impugnado 16 artículos y una disposición de la ley andaluza, señalando discrepancias en aspectos clave como la colaboración público-privada, la regulación de la vivienda protegida o la gestión del parque público. Sin embargo, tanto el Ejecutivo central como la Junta de Andalucía han abierto una vía de negociación y han acordado reunirse para tratar de resolver estas diferencias y para evitar que el conflicto termine en el Tribunal Constitucional, en un intento de rebajar la tensión institucional sin que, por el momento, se vislumbre un acuerdo claro.

La ministra de vivienda, Isabel Rodríguez García ha expuesto en diversas ocasiones que Moreno Bonilla “no está haciendo nada por la crisis de la vivienda”. La gestión de Rodríguez también ha sido señalada por distintas cuestiones relativas a ello como la bonificación a los caseros por no subir el alquiler.

Un movimiento fuerte

Las organizaciones por el derecho a la vivienda en Andalucía llevan años reorganizándose y enfrentado al negocio inmobiliario en distintos puntos del territorio: denunciando a los propietarios, asesorando a inquilinas e inquilinos y poniendo el cuerpo en los desahucios. Un movimiento que en los últimos años ha pasado de ser una fuerza limitada a constituirse como un movimiento de presión que goza de buena salud.

 “Todos los partidos coinciden en que la vivienda sea una mercancía aunque se hagan matices sobre su precio, su gestión o quién la construye”, exponen desde el Sindicato de Vivienda de Granada

“La situación es cada vez más insostenible”, explica Dani Machuca del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga “los caseros van a una, mintiendo e intentando que a gente no se organice”. El nuevo panorama tras la caída del escudo social va a suponer un nuevo reto para los movimientos de vivienda que tendrán que adaptarse a las circunstancias y que deja  según Machuca que la vivienda “es una cuestión de clases y hay una lucha de clases abierta pero por arriba”.

Desde el Sindicato de Vivienda de Granada exponen “un clima de abusos continuos por parte de caseros e inmobiliarias de prácticas impunes y normalizada” en la crisis de la vivienda en Andalucía. De cara a las elecciones de 17 de mayo señalan las políticas de Moreno Bonilla que “se basan en la liberalización del suelo, rebajas fiscales y la vivienda como un bien de mercado”. Desde el SVG también consideran que ninguna de las opciones políticas afronta la problemática de la vivienda desde la raíz misma, incluida los partidos a la izquierda del hemiciclo: “todos coinciden en que la vivienda sea una mercancía aunque se hagan matices sobre su precio, su gestión o quién la construye”.