Dos décadas de acuerdos incumplidos

No solo los medios de comunicación apuntaron su foco hacia El Ejido durante el conflicto. A un mes de las elecciones generales de ese año, en las que el PP sacó mayoría absoluta, representantes de distintas administraciones, asociaciones empresariales, de migrantes o sindicatos mantuvieron reuniones para intentar calmar los ánimos y tomar medidas para evitar más enfrentamientos.

El 8 de febrero de 2000, tras varios días de ataques racistas, los trabajadores migrantes marroquíes convocaron una huelga por las precarias condiciones de trabajo y vivienda en las que estaban obligados a vivir. Y el 10 de febrero fue desconvocada después de que los sindicatos, la patronal y los portavoces de los migrantes llegaran a un preacuerdo que luego fue ratificado por las asambleas de afectados.

En el Acuerdo El Ejido 2000 —que contó con el visto bueno del delegado de la Junta de Andalucía (PSOE) y el subdelegado del Gobierno (PP)— se proponían una serie de medidas vinculadas con la normalización, es decir, la vuelta a la situación previa y al trabajo, y otras destinadas a la integración, para solucionar los problemas que habían llevado al conflicto.

Muchas empresas pagan entre 32 y 35 euros por jornada, esto siempre hablando de trabajadores con contrato

El acuerdo establecía que una comisión, formada por los firmantes —empresarios, migrantes, ONG y sindicatos—, la Junta de Andalucía y el Gobierno central se reuniría periódicamente para evaluar si se estaban tomando las medidas oportunas y analizar cómo iba evolucionando la situación en El Ejido.

“Aquello fue un acuerdo para salvar la situación y las pérdidas sufridas debido a la huelga, pero no ha habido voluntad de cumplir nada”, señala José García Cuevas, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de Almería. Para García Cuevas, desde entonces poco se ha hecho para fomentar el diálogo y disminuir los elementos que generan problemas de convivencia, entre ellos los bajos salarios o las situaciones de infravivienda.

El hogar pendiente

El acuerdo recogía numerosas medidas relacionadas con los problemas de vivienda que sufren los migrantes en El Ejido, entre ellas algunas con carácter de emergencia para alojar a las personas que se habían quedado sin casa por los disturbios —entre 400 y 600 personas migrantes—, unida a una propuesta de erradicación de los asentamientos para convertirlos en vivienda normalizada. Sin embargo, tal como señala Juan Miralles, presidente de Almería Acoge, gran parte de las promesas no se han cumplido y los asentamientos siguen existiendo.

Un año después del acuerdo, en un informe para la Junta de Andalucía, el entonces Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, señalaba: “Una de las políticas sectoriales que, no es que haya fracasado, sino que, sencillamente, no se ha puesto en marcha, es una política eficaz de vivienda, no solo para construir viviendas y alojamientos públicos a los que puedan acceder, además de los nacionales, los inmigrantes extranjeros, sino de sensibilización y fomento para que los agentes privados oferten estos bienes básicos de los que tan necesitados están los inmigrantes”.

El problema de la vivienda sigue de actualidad en El Ejido. Persiste una notable segregación residencial. Aunque la mayoría de los migrantes trabajan, buena parte de ellos no lo hacen de forma continuada y, muchas veces, sus ingresos no alcanzan para vivir dignamente. Aun disponiendo de los recursos, la escasa oferta hace que el acceso a la vivienda sea muy limitada. Las infraviviendas, cortijos y autoconstrucciones muy deterioradas, lejos del núcleo principal urbano, siguen formando parte del paisaje de El Ejido.

Condiciones laborales

Otra de las medidas del acuerdo fue el cumplimiento del convenio colectivo vigente en ese momento. Hoy, el convenio sigue siendo papel mojado: el 30% de las empresas pagan salarios similares a los de 2002, cuando el último acuerdo colectivo es de 2013, según señala José García Cuevas. En lo que sí parece que ha cambiado la situación es en la regularización y los contratos de trabajo en la zona del poniente almeriense.

“La inmensa mayoría de los empresarios agrícolas tienen a sus trabajadores regularizados, lo que significa solo contrato de trabajo, pero ni pagas, ni horas extras, ni indemnización por despido, ni vacaciones. Están dados de alta en muchos casos con contrato de obra y servicio, aunque muchas veces no se pague convenio”, afirma Francisco Checa, catedrático de Antropología de la Universidad de Almería (UAL).

Un mar de plástico en un desierto institucional

María Usero

Almería

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Teniendo en cuenta el último convenio de 2013, como auxiliar de producción —el puesto más bajo de la escala— un empleado fijo debería cobrar 767,31 euros al mes y un empleado eventual 46,8 euros por ocho horas de jornada. Sin embargo, José García Cuevas señala que muchas empresas “están pagando entre 32 y 35 euros” por jornada, esto siempre hablando de trabajadores con contrato.

Respecto a las medidas específicas para la integración, la Junta de Andalucía puso en marcha distintos planes en este ámbito que se paralizaron en su mayoría cuando llegó la crisis de 2008. Sin embargo, para Pablo Pumares, director del Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones Interculturales (CEMyRI), la cuestión no está en si hay o no políticas sociales: “Claro que hay políticas sociales, los servicios del Ayuntamiento y las ONG las hacen, pero eso no es suficiente, también hay que ver las peculiaridades de este entorno, la mentalidad no ha cambiado, la distancia con los marroquíes, africanos en general, no se reduce”.