Almería
ADIF desahucia a cuatro familias migrantes en Almería por las obras del AVE

Amal lleva 17 años viviendo en la Calle Ferrobús, en Almería capital, en un pequeño bloque anaranjado donde ha criado a sus dos hijos. Un edificio del que tendrá que abandonar de forma inminente, junto a otras tres familias, a causa de las obras de soterramiento de la próxima línea de AVE que se proyecta en la ciudad. “Llevo un año y medio tocando puertas y nadie quiere hablar con nosotros”, se queja Amal mientras explica que las instituciones no le están ofreciendo alternativa habitacional a estas familias. 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana expuso en junio de 2023, a través de una publicación en el BOE, la necesidad de expropiar 75 fincas, que declara « utilidad pública o interés social», un total de 98.705 metros cuadrados, en la ciudad para poder emprender las obras del soterramiento ferroviario “de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 56 de su reglamento de desarrollo”.

“No han valorado la situación de las familias, con especial vulnerabilidad, que residen allí”, explica la defensa de los vecinos

Lo que ha implicado la marcha de decenas de almerienses de sus casas; los propietarios de los inmuebles han recibido indemnizaciones por parte de ADIF. Solo resisten una treintena de vecinos de la Calle Ferrobús, en calidad de inquilinos, que se niegan a marcharse de sus casas hasta que la empresa les dé “una alternativa justa”.  La mayoría de estas vecinas son migrantes que llevan varios años trabajando en la provincia. “Solo quedamos extranjeros, los españoles eran propietarios, solo pedimos respeto”, insiste Amal.

Sin alternativa habitacional

La División de Expropiaciones Ferroviarias, que pertenece al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenibles, los vecinos recibirían una indemnización de 5010 euros. Una cuantía que consideran insuficiente, ya que según Amal: “no tenemos dinero, somos pobres, en nuestras casas pagamos un alquiler de 300 euros que en cualquier otro lugar es imposible de conseguir, no nos quedamos por gusto”.

Desde el pasado mayo de 2024, además de con la incertidumbre de no saber cuál es su destino, estas familias viven junto a una zanja enorme, rodeadas de polvo y con cortes eléctricos por la llegada de las obras. “Es para presionarnos; seguimos pagando la luz y el agua”, explica Amal sobre los cortes de suministro a raíz de la obra.

En junio de 2024, ADIF pidió al Juzgado de Almería que le diera la autorización para la ocupación inmediata de las viviendas. Una acción judicial recurrida por los vecinos. La Justicia almeriense ha resuelto a favor de la empresa y le ha dado una autorización para “el desalojo inmediato” de las viviendas; sin embargo, a principios de enero, los vecinos han elevado la cuestión al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con el objetivo de suspender el desalojo. “No han valorado la situación de las familias, con especial vulnerabilidad, que residen allí”, explica la defensa de los vecinos. 

“Mi hijo me pregunta que a dónde vamos a ir y no sé qué responderle; esta situación me está generando mucho malestar”, se queja Amal. El Grupo Municipal Podemos en el Ayuntamiento de Almería ha presentado una moción urgente ante el Pleno para exigir una solución inmediata a las familias afectadas. “Estas familias no encuentran ninguna alternativa en toda la ciudad para poder irse”, explica Alejandro Lorenzo, portavoz de la agrupación morada. Lorenzo insiste en que lo que las familias reclaman y exigen en la moción es “un alquiler asequible, con precios similares a lo que están pagando porque no se pueden permitir otra cosa”.

El portavoz de Podemos Almería además señala que la solución vendría por un entendimiento entre administraciones: “El Ayuntamiento tiene que encabezar la defensa de estas familias y ponerse en contacto con el Gobierno y la Junta de Andalucía para buscar alternativas”.

Amal insiste en que por ahora “nadie quiere hablar con nosotros, solo queremos encontrar una solución”. Una solución que si viene, vendrá de parte de una resolución a su favor del proceso judicial o de la actuación de las administraciones.