Airbnb
Consumo consigue que Airbnb retire 65.000 pisos ilegales de su web y detecta otros 55.000 irregulares

El Ministerio de Consumo ha logrado que la plataforma Airbnb retire de su web 65.000 anuncios de pisos sin licencia, según informan fuentes del departamento la mañana de este miércoles. La web ha acatado las órdenes del Ministerio tras varios recursos ante los tribunales, que siempre han respaldado la acción del Gobierno. Además de los 65.000 anuncios retirados, Consumo ha detectado otras 54.728 pisos que se anuncian ilegalmente.

La victoria para el departamento que dirige Bustinduy ha llegado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya avalado en dos ocasiones órdenes de Consumo frente a la multinacional, que ha evitado hasta el último momento retirar los anuncios ilegales de su web.

Al margen de los pisos retirados, la Unidad de Análisis de Consumo ha identificado otras 54.728 viviendas turísticas sin número de registro y anuncia acciones parar eliminar los anuncios

Al margen de los pisos promocionados que ya no aparecen en Airbnb, la Unidad de Análisis de Consumo ha identificado otros 54.728 pisos que no disponen del número de registro oficial, obligatorio por la legislación desde el pasado 1 de julio. Consumo “dará traslado de la información recabada conforme a lo previsto en el ordenamiento legal vigente con el fin de que los anuncios sean eliminados o subsanados por la plataforma”, anuncian desde el departamento.

Las mismas fuentes indican que la Unidad “va a continuar trabajando para identificar y denunciar potenciales anuncios ilegales en las diferentes plataformas digitales especializadas en alquiler de alojamientos turísticos”. Consumo ya consiguió el 26 de junio que Booking diera de baja algo más de 4.000 anuncios de alojamientos turísticos ilegales, la mayoría radicados en Canarias.

Pisos sin licencias o anuncios fraudulentos

Según explican desde la Dirección General de Consumo, los pisos cuyos anuncios han sido retirados contaban con hasta tres tipos de incumplimientos. El más común ha sido anuncios que no incluyen número de licencia. Además, muchos anuncios no indicaban la naturaleza jurídica de los arrendadores, lo que impide conocer si son profesionales o particulares, algo “fundamental para saber si la persona que alquila está cubierta como consumidora o no”, según la Dirección General. El último motivo es que muchos de los anuncios incorporan números de licencia que no coinciden con los expedidos por las administraciones autonómicas, lo que indica error o fraude.

“No vamos a cejar en nuestro compromiso de hacer cumplir la legalidad y garantizar el derecho constitucional a la vivienda por encima de los beneficios de las grandes multinacionales”, ha expresado el ministro Pablo Bustinduy en la red social BlueSky.

El departamento que dirige Bustinduy mantiene otras líneas de acción en materia de vivienda. Consumo tiene una investigación abierta contra los grandes gestores de pisos turísticos por posibles prácticas fraudulentas, como hacerse pasar por propietarios particulares cuando son profesionales. Además, el Ministerio investiga a varias inmobiliarias por cobrar comisiones ilegales a la hora de arrendar y ha abierto un expediente sancionador contra Alquiler Seguro por este motivo.