Derecho al agua
Doñana: primeras sentencias a propietarios por extracciones ilegales de agua y un nuevo retraso en la ley

Por primera vez en la historia del Parque Natural de Doñana, un juzgado ha emitido una sentencia contra latifundistas por extracciones de agua ilegal en el entorno protegido. El Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla ha procesado a cinco hermanos copropietarios de una finca, dedicada a cultivos rotativos como algodón y arroz, en Aznalcázar en el entorno de Doñana, por la extracción de 19 millones de metros cúbicos a lo largo de los años de forma ilegal del acuífero Almonte-Marismas que surte hídricamente al parque. Una cantidad de agua que supera la que tenían asignada en concepto de riego y labores agrícolas.

La sentencia los considera culpables de un delito contra el medio ambiente y de daños al dominio público hidráulico. El Tribunal ha sancionado a los terratenientes a tres años y cinco meses de prisión y a una multa de 12.000 euros. Además, tendrán que indemnizar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en concepto de responsabilidad civil con 1,9 millones de euros. Tras darse a conocer la sentencia se abre un proceso de apelación al que los acusados pueden acogerse.

Según la CHG, en el entorno de Doñana se encuentran más de 1.200 pozos ilegales que están causando la desecación del Parque Natural. Durante este verano la Confederación, organismo que depende del Gobierno Central, ha conseguido clausurar 38 de estos pozos y ha mostrado su objetivo de alcanzar los 400 antes de que acabe el año.

El PP no ha mostrado ningún signo de arrepentimiento a pesar de los meses de críticas y toques de atención por parte de las instituciones internacionales: “vamos a darle su propio espacio a la aprobación de la ley”.

El pasado agosto la UNESCO exigía al Estado español el cierre de estos pozos ilegales mostrando su “máxima preocupación” y demandando al gobierno central “un informe sobre el estado de conservación de Doñana y las medidas que piensa poner en marcha para revertir el deterioro del acuífero” que debe de ser enviado antes del 1 de diciembre de 2024.

A contracorriente de toda esta situación se encuentra el gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno Bonilla, que sigue en su empeño de hacer una realidad la Ley de regadíos que pretende amnistiar las extracciones ilegales.

El Partido Popular andaluz no ha mostrado ningún signo de arrepentimiento a pesar de los meses de críticas y toques de atención por parte de las instituciones internacionales: “vamos a darle su propio espacio a la aprobación de la ley”, sostiene Montesinos.