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Derecho a la vivienda
Una esperanza se abre para las familias del bloque La Dignidad de Móstoles
Fotógrafo
“Vamos a servicios sociales y nos dicen que no hay viviendas, nos dan ayuda de uno o dos meses para una habitación, eso realmente no es una solución, como es mi caso. Ahora mismo cobro 250 euros del paro porque el único trabajo que tenía era parcial. Soy madre soltera y ni siquiera me alcanzaría para una habitación”, declara Tatiana a El Salto la mañana en que junto con sus vecinas, organizadas en la asamblea Stop Desahucios Móstoles, han acudido a su Ayuntamiento a pedir cita con el alcalde. Y es que a los habitantes del bloque 'La Dignidad' no les ha quedado otro remedio que plantarse en el consistorio para exigir una solución ante la amenaza de desahucio, con fecha del lunes 17 de julio, que les tiene en vilo.
18 familias están amenazadas de quedarse sin vivienda en una semana, y hasta este viernes, no habían recibido ninguna respuesta a sus repetidas solicitudes de cita con el nuevo alcalde, el popular Manuel Bautista, investido el 17 de junio pasado. “Llevamos varias concentraciones pero nunca se nos ha prestado la atención suficiente como para hablar y que escuchen las alternativas que estamos pidiendo y un alquiler social”, apunta Tatiana. Después de dos horas de espera han conseguido una esperanza, una cita con el equipo de gobierno del Ayuntamiento para el próximo martes 11 de julio, en las oficinas de Servicios Sociales.
HOY hemos vuelto a encerrarnos en @AytoMostoles para conseguir una reunión con @mbautista_pp @RaquelManjavac1 y encontrar soluciones para #LaDignidadSeQueda pic.twitter.com/QMDenvsQLI
— Stop Desah. Móstoles (@StopDesMostoles) July 7, 2023
El pasado mes de junio fue el primer intento de desalojo del bloque pero quedo suspendido. En las semanas que han transcurrido hasta hoy nadie del ayuntamiento se ha interesado en encontrar soluciones, mientras que Stop Desahucios Móstoles sí ha presentado alternativas. Así lo afirmaba la mañana del viernes a El Salto, José, portavoz de Stop Desahucios Móstoles, mientras las familias esperaban una respuesta del alcalde. “Hemos hecho una propuesta en la que intervienen la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento y consiste en alternativas temporales para que a estas personas no se les considere okupas, y así la Comunidad podría adjudicarles una vivienda pública”. Asegura que han conversado con el juzgado y este está en la disposición de suspender el desahucio el tiempo necesario, si se cumple este plan, para que esas alternativas sean reales. “El único que no está cumpliendo es el Ayuntamiento de Móstoles” asegura José mientras urge a que haya la oportunidad de explicar al nuevo alcalde la situación en la que se encuentran las familias de La Dignidad.
Derecho a la vivienda
Derecho a la vivienda Suspendido el desahucio del edificio La Dignidad de Móstoles
“Hemos hecho todo lo administrativamente posible, ya solo nos queda ponernos en la puerta, que es lo que vamos a hacer, y resistir hasta el último momento”
“Nosotros hemos hecho todas las cosas que podemos hacer, hasta escribir a Naciones Unidas que ha sacado resoluciones para cada caso particular y dice que este desahucio se tiene que suspender o alternativamente dar vivienda a las personas vulnerables”, explica el portavoz mostoleño de Stop Desahucios. Insiste en que por su parte han agotado las opciones en Servicios Sociales y en la Concejalía de Vivienda, realizado todos los recursos judiciales posibles e incluso han conseguido dialogar con la Comunidad de Madrid. “Hemos hecho todo lo administrativamente posible, ya solo nos queda ponernos en la puerta, que es lo que vamos a hacer, y resistir hasta el último momento”, advierte.
Preguntado sobre la posibilidad de quedarse en el mismo bloque, el portavoz responde que sería muy difícil porque “el juez que lleva el caso parece que tiene prisa en desalojar el edificio”. Reprocha la actitud del magistrado ya que, si bien conoce caso por caso, se ha encargado de desmontar los informes de vulnerabilidad de los servicios sociales. “A cada familia le ha dicho que esos informes están inventados. Por ejemplo, una persona le dice que tiene una discapacidad del 66%, pero como no le consta ningún documento, la considera no vulnerable. Otro ejemplo, una familia dice que están casados y tienen un hijo, pero como no ha visto el libro de familia, no lo cree”, cuenta José. Señala que incluso los Servicios Sociales han tenido que enviar un documento al juez indicándole que los certificados de vulnerabilidad que emiten son oficiales y válidos y debe tomarlos en cuenta.
“Tampoco ha hecho un ejercicio de proporcionalidad entre las dos partes, por una, el fondo de inversión, y en el otro lado, familias vulnerables que no tienen a donde ir y con menores a los que hay que proteger sus derechos”
Para Stop Desahucios Móstoles el juez tampoco ha tenido en cuenta las resoluciones de Naciones Unidas, que sí ha comprobado la documentación y reconocido a estas familias como vulnerables, para dictaminar que desahuciarlas sería un acto ilegal. Consideran un agravio también que el juez “tampoco ha hecho un ejercicio de proporcionalidad entre las dos partes en litigio, por una, el fondo de inversión Midtown Capital, que tienen mucho dinero y muchas viviendas, y en el otro lado, familias vulnerables que no tienen a donde ir y con menores a los que hay que proteger sus derechos”.
José también subraya que el juez incluso incumple el Real Decreto 11/2022, que se emitió por primera vez en 2020 por la crisis del covid 19, donde se indica que a las familias vulnerables no se les puede desahuciar sin alternativa. Al mismo tiempo achaca a la administración en incumplimiento del mismo decreto ya que obliga a buscar alternativa a las familias en situación de vulnerabilidad, cosa que hasta el momento no ha hecho. Asimismo observa que en el caso de 'La Dignidad' se incumple el Decreto 42/2022, que es el plan estatal de vivienda con una partida de los fondos Next Generation de la Unión Europea, y que prioritariamente es para dar alternativa a las familias, personas vulnerables y mujeres víctimas de violencia de género que son objeto de desahucio, como es el caso de muchas personas de este edificio. “Aquí esta incumpliendo todo el mundo y nadie está mirando por el derecho a la vivienda de familias reales que están en una situación extremadamente crítica” sentencia.
“Aquí esta incumpliendo todo el mundo y nadie está mirando por el derecho a la vivienda de familias reales que están en una situación extremadamente crítica”
Aunque la situación del bloque es extremadamente difícil porque tiene una orden de lanzamiento en firme para el 17 de julio, la acción de este viernes en el Ayuntamiento de Móstoles al menos arrancó una cita con el equipo de gobierno para el próximo martes. El principal reclamo de las familias de 'La Dignidad' desde hace nueve años es una solución habitacional con un alquiler social. “No queremos vivir de gratis, eso es lo que estamos pidiendo” insiste Tatiana. Mientras José asegura que están buscando por todos los medios alternativas para las familias “porque evidentemente no las vamos a dejar en la calle”, pero advierte, “Si las familias son desalojadas, vendremos aquí a exigir al ayuntamiento. Y si tenemos que encerrarnos, lo haremos”.