Derecho a la vivienda
29 familias de Bustarviejo temen ser desalojadas por la Obra Social La Caixa

Eva tiene unos bonitos ojos verdes, pero la mirada triste. Habla con precaución cuando cuenta por lo que están pasando y cómo han vivido el confinamiento ella y sus tres hijos de diez, nueve y siete años en este pequeño pero acogedor piso, que consideran su hogar y en el que llevan viviendo desde hace ocho años.

Esta mujer, de amplia sonrisa y tono dulce, ha recibido una carta de la Obra Social La Caixa, a la que El Salto ha tenido acceso, donde le informan de que tiene que abandonar la vivienda, “sin la posibilidad de firmar un nuevo contrato” antes del próximo 31 de julio, fecha de vencimiento del actual. Con membrete del pasado 13 de mayo, en pleno estado de alarma, la carta le informa que, antes de abandonar su casa, deberá firmar un documento de renuncia a la vivienda. Eso sí, con todos los pagos al día.

En esta misiva también se le ofrece la posibilidad de enviar al departamento correspondiente documentación acreditativa de su situación socio-económica, con el fin de “valorar la continuidad en el arrendamiento mediante la firma de un nuevo contrato de alquiler a renta de mercado”, situación completamente imposible para Eva y para otras familias, algunas de ellas muy vulnerables y entre las que también se encuentran pensionistas con ingresos muy bajos.

Situación de emergencia

En este momento y según el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, existe la posibilidad de solicitar una prórroga de la vigencia del arrendamiento por un periodo máximo de seis meses y si el contrato expira dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor del RDL hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma. También la suspensión de lanzamientos por falta de pago para hogares vulnerables sin alternativa habitacional o la suspensión del procedimiento de desahucio por un periodo máximo de seis meses.

La clave para tener acceso a estas medidas, aprobadas por el Gobierno, es ser arrendatario de un contrato de vivienda otorgado al amparo de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos y estar en situación de vulnerabilidad, estado en la que se encuentran muchas de estas familias, si bien esta ley es aplicable solo cuando la emergencia sanitaria por el covid-19 haya afectado a su situación socio-económica.

Las familias manifiestan estar muy asustadas. No pueden entender cómo es posible que en este momento y dentro de un programa al que denominan “Alquiler solidario”, se les quiera dejar en la calle con tan poco plazo para buscar alternativas habitacionales. En este contexto, con las administraciones cerradas y colapsadas, la situación creada es peor si cabe de la que tenían anteriormente.

Según fuentes de la Caixa, el programa de alquiler solidario concluyó el pasado 1 de Diciembre de 2019, pero si entras en la página de la Fundación Obra Social de la Caixa, aparece en vigor un programa de vivienda similar denominado “Alquiler Asequible”, se ha actualizado este primero de Junio 2020 y se puede solicitar una vivienda si se cumplen las condiciones establecidas por la entidad. En total, son diez mil viviendas entre ambos programas.

El portavoz de Criteria Caixa confirma que esta situación se está produciendo también en otros municipios repartidos por la geografía española, dado que el programa solidario ha vencido

En conversación con el portavoz de Criteria Caixa, confirma que esta situación se está produciendo también en otros municipios repartidos por la geografía española, dado que el programa solidario como tal, ha vencido. Que se estudia la situación de las familias caso por caso. Afirma que “nadie se va a quedar en la calle si su situación de vulnerabilidad queda demostrada y documentada” y que “se adaptará el importe de alquiler según cada familia”. “De momento no se ha recibido toda la documentación y no podemos saber cómo se resolverán finalmente“, explica el protavoz, ”pero estoy seguro que no habrá ningún problema para aquellas familias que puedan demostrar una situación vulnerable”, defiende.

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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los sindicatos de inquilinos interpelan al Gobierno y a los partidos políticos para que tomen medidas contra los desahucios y la burbuja del alquiler.

Según comenta, no se descarta que en aquellos casos que las familias afectadas no puedan demostrar esta situación de vulnerabilidad, las viviendas podrían destinarse a la venta o al alquiler. El programa Alquiler Solidario de la Caixa empezó en 2012 de la mano de Criteria Caixa, el holding de inversiones que gestiona el patrimonio empresarial de La Caixa, y que obtuvo un resultado neto consolidado de 1.098 millones de euros en 2019. La gestión del negocio, sólo por la parte inmobiliaria, generó a la firma unos ingresos por ventas y alquileres de 112 millones de euros en ese año, un 130% superiores a los de 2018. De esta forma, tanto por la parte de los beneficios como por la inmejorable publicidad que le genera, este programa de viviendas para familias con bajos ingresos, no deja de ser un negocio redondo.

Aunque el importe de alquiler es muy bajo, entre 85 y 150 euros, no todo son ventajas. Se trata de contratos bonificados dónde la Fundación Obra Social sufraga el importe restante hasta el alquiler fijado, que suele ser entorno a unos trescientos euros, y si la familia deja de cumplir los requisitos tiene que hacerse cargo del alquiler completo que figura en contrato, sin bonificación alguna.

La mayoría de estas 6.000 viviendas, propiedad de Criteria Caixa, se encuentran en la costa o en pueblos muy pequeños alejados de las grandes urbes. La lista de la oferta engloba a más de 200 ciudades españolas, pero sólo hay 10 que sean capitales de provincia. En su mayoría se trata de promociones que anteriormente, durante la pasada crisis, estuvieron en venta sin éxito.

La mayoría de estas 6.000 viviendas, propiedad de Criteria Caixa, se encuentran en la costa o en pueblos muy pequeños alejados de las grandes urbes, promociones que anteriormente, durante la pasada crisis, estuvieron en venta sin éxito

Otra de las condiciones para acceder a estos alquileres tan asequibles es domiciliar la nómina o la pensión en la entidad financiera. Con esta medida, el banco controla los ingresos de las familias, tiene garantía de cobro y gana clientes para su cartera.

En el proceso de adjudicación no se enseña la vivienda. Sólo se muestran referencias en las fotos colgadas en la web de la organización. Algunas muestran el interior, pero en otras únicamente se ven el edificio y los exteriores. Las familias desconocen qué vivienda les será asignada, ni cómo es en cuanto a distribución y número de habitaciones. Sin amueblar y sin electrodomésticos, la mayoría de los pisos que se ofertan están nuevos, pero vacíos. La cocina está montada pero no cuenta con frigorífico, lavadora, etc.

Desde la Concejalía de Asuntos Sociales y de la mano de su responsable Raúl San Juan López, en coordinación con la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte, se están manteniendo conversaciones con los encargados del Programa de Vivienda Obra Social “La Caixa”. Se trata de veintinueve familias, de las cuales tres han recibido la carta durante el estado de alarma. Lo que indica que se está enviando comunicación a todas las incluidas en este programa de alquiler cuando se acerca el vencimiento de sus contratos sin que se las haya advertido de su pretensión de no renovar, circunstancia que no había ocurrido hasta ahora.

Eva no ha perdido la esperanza. Tiene muy claro que seguirá luchando por sus hijos. Solo hace una reflexión: “Yo creo que si nos conocieran, si vinieran aquí a nuestra casa y se dieran cuenta de que somos algo más que números no podrían dejarnos en la calle y seguir durmiendo por las noches”.