Derecho a la vivienda
Los movimientos de vivienda exigen en el Congreso respuestas urgentes a la crisis social

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Paco Morote, y el del Sindicat de Llogaters de Catalunya, Jaime Palomera, comparecieron este 5 de junio a media mañana ante una comisión del Congreso para proponer un “plan de choque” que atendiera las necesidades de miles de familias que están sufriendo la crisis social provocada por el coronavirus.

Un sector importante de la población, señalaba Palomera en la comparecencia, “está teniendo que elegir entre dar de comer a los hijos o pagar el alquiler” en un contexto que no es nada nuevo: “Si los alquileres ya eran abusivos, ahora es criminal”. El portavoz del Sindicato de Inquilinos de Catalunya se dirigió a los partidos partidos para que eligieran bando: con “los fondos buitre con o la gente, con la especulación o con los derechos fundamentales”.

📽️ VÍDEO

"Hoy venimos al Congreso a decirles que ustedes tienen que decidir si la prioridad son los fondos buitres o la gente. No vamos a permitir una nueva hola de desahucios. Si nosotras no podemos dormir, no les dejaremos dormir a ustedes." pic.twitter.com/clw0B9nvMT

— Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) June 5, 2020

“Ustedes tienen que decidir cuál es la prioridad. Si van a dar luz verde a una nueva ola de desahucios como en 2008 o si esta vez van a priorizar los derechos de las familias trabajadoras”, dijo Palomera ante el Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados del Congreso. Paco Morote, por su parte, advertía que la PAH no iba a permitir que las familias más vulnerables vuelvan a pagar, al igual que en la crisis de 2008, los platos del hundimiento económico: “En la PAH estamos acostumbrados a que nos digan, que no se pueden hacer ciertas cosas, pero siempre hemos terminado demostrando que sí se puede”.

Medidas insuficientes

Este 4 de junio activistas de la PAH intentaron presentar en los Juzgados de Plaza de Castilla una solicitud al juez decano para que suspenda los desahucios, dada la prolongación de la situación sanitaria de emergencia, según informa a El Salto Alejandra Jacinto, abogada de la PAH. No consiguieron registrar el documento. Se les informó que solo estaban admitiendo trámites urgentes. Simultáneamente, la policía procedió a identificar a las personas que formaban parte del grupo que apoyaba la acción.

Al mismo tiempo, la PAH difundió un comunicado  en el que denuncia como insuficientes las medidas adoptadas por el Gobierno de coalición. La plataforma alega que la administración “vendió como una moratoria de los desahucios” durante seis meses una medida que solo tiene vigencia para algunos pocos casos. La norma, según denuncian, solo ampara a aquellas familias afectadas que acrediten en los juzgados vulnerabilidad generada por el covid-19, según la acotada definición que hace de esta categoría el Real Decreto Ley 11/2020.

Llevamos 11 años reclamando #SiSePuede suspender los desahucios.
Por lo que ahora no vamos a permitir de ninguna de las maneras que vuelva “la curva de la vergüenza, la de los desahucios”.
Queremos una normalidad sin sufrimiento
#DesahuciosNuncaMás🫂 pic.twitter.com/FII7x2HdhQ

— Afectadas por la hipoteca (@LA_PAH) June 4, 2020

Asimismo, la PAH alerta de que todos los desahucios restantes, que no se ejecutaron por la suspensión de los plazos procesales debido a la pandemia, podrán reactivarse inmediatamente en virtud de una modificación legal del Consejo de Ministros efectuada a finales de mayo, integrada en el artículo 8 del RDL 537/2020, que prorroga el estado de alarma.

“Todos los desahucios que no entren en la reducida definición de vulnerabilidad del real decreto  pueden volver a nuestros barrios, pueblos y ciudades a partir de hoy mismo!”, según denuncian desde la PAH

En palabras de la PAH, “todos los desahucios de alquiler que no entren en la reducida definición de vulnerabilidad del real decreto antes nombrado, junto a los hipotecarios o de personas que ocupen viviendas, pueden volver a nuestros barrios, pueblos y ciudades a partir de hoy mismo!”.

Desde esta organización denuncian que se ha habilitado la segunda mitad del mes de agosto para que las comitivas judiciales y la policía puedan ejecutar desahucios. La consideran una innovación de suma gravedad y atentatoria de derechos, ya que hasta el momento en agosto solo se autorizaban actuaciones urgentes y esas comitivas no actuaban. Para poder introducir esta novedad, las autoridades declaran como urgentes todas las actuaciones judiciales y se consideran días hábiles para su realización del 11 al 31 de agosto, excepto sábados, domingos y festivos.

En su texto, esta organización apela a la definición que Leilani Farha, relatora de la ONU, hace del derecho a la vivienda, donde se afirma que “la vivienda es la primera línea de defensa frente al brote de covid-19”. Renglón seguido la PAH denuncia frontalmente que estas medidas están pensadas para “contentar los intereses de los de siempre: bancos, fondos buitre y especuladores”. Y advierte de los peligros derivados —ya no solo para los candidatos a desahucios sino también para la salud de toda la población— de tomar una medida de esta gravedad, sin que aún se haya desarrollado una vacuna y sin que existan condiciones para determinar si podría producirse un rebrote de la pandemia.

La PAH advierte que no van "a permitir de ninguna de las maneras que vuelva la curva de la vergüenza, la de los desahucios”

Para terminar, la PAH hace una apelación a la voluntad política de las autoridades para tomar cartas en el asunto y avisa que no van "a permitir de ninguna de las maneras que vuelva la curva de la vergüenza, la de los desahucios”.

TAMBIÉN desde los sindicatos de inquilinos

En términos similares se expresan el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y el Sindicat de Llogateres de Catalunya. En un comunicado estos colectivos condenan el intento de que la crítica situación social y económica derivada de la pandemia sea administrada a través de ERTE o de despidos directos y con indicaciones de que se podría intentar aplicar fórmulas parecidas, ante una crisis aún más severa que la de 2008. Entre ellas, señalan, la reapertura de los procedimientos y plazos judiciales que redundarían en el desahucio de miles de familias.

Estos sindicatos, en huelga de alquileres desde el 1 de abril, citan el caso de Barcelona, donde la Audiencia Provincial ha trabajado telemáticamente durante estos meses y ahora tiene pendientes de notificar más de 2.000 resoluciones. Algo que puede provocar que "miles de personas con procesos por finalización de contrato, impago u otras situaciones que puedan llevar a un desahucio recibirán una notificación de expulsión en las próximas semanas”, aseguran.

En el mismo documento mostraban cierta reserva crítica con la invitación al Congreso: “Es paradójico que el Congreso nos invite a participar en esta comisión mientras llevamos tres meses proponiendo medidas como la suspensión de alquileres y advirtiendo de una avalancha de desahucios. Es paradójico que ahora quieran escuchar nuestra voz, mientras llevemos muchos años denunciando el problema estructural de la vivienda y ofreciendo medidas claves como la regulación de los alquileres”.