Derecho a la vivienda
Un juzgado de Barcelona ignora qué es Sareb, el 'banco malo' con la bomba de relojería sobre la deuda española

La supuesta ignorancia del juzgado de instrucción número 44 de Barcelona le pudo costar a Laura Lunini ser desahuciada. En un auto dictado el jueves 22 de julio, un día antes del desalojo de esta vecina del barrio del Raval, el juez Alfonso Núñez-Cacho rechazaba el recurso presentado por la defensa para detener el lanzamiento. El motivo: que al juzgado no le constaba que la empresa demandante fuera multipropietaria, uno de los requisitos que establece el llamado decreto de escudo social para suspender un desahucio.

Pero la empresa no era una desconocida SL ni una inmobiliaria de barrio, sino Sareb, el gigantesco 'banco malo' creado por el Estado en 2012 para comprarle a los bancos el ladrillo invendible procedente de la anterior crisis financiera y económica mundial. Una bomba de relojería sobre la deuda pública española cifrada en 35.000 millones de euros, según Eurostat, y cuyas características dice desconocer el titular de este juzgado barcelonés. 

“En cuanto a la aplicación del Real Decreto 11/20, de 31 de marzo, no constando que el ejecutante sea gran tenedor, no procede la suspensión, debiendo procederse a mantener la resolución recurrida”, señala la notificación, que ha podido leer El Salto. Laura, una camarera actualmente en desempleo debido a las medidas de cierre por el covid, tuvo que esperar a la mañana misma del desahucio para enterarse de que el procedimiento se había suspendido. Ella y sus compañeras del Sindicat de Habitatge del Raval habían tenido que convocar un piquete frente al portal del número 7 de la calle Botella para detener el desalojo, como en tantas ocasiones han tenido que hacer los grupos por el derecho a la vivienda, y allí mismo recibieron la noticia de la suspensión por parte de la comitiva judicial.

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La pretensión del juzgado de no saber si Sareb es un gran propietario de vivienda puede resultar increíble en una ciudad donde Sareb afirma haber cedido 200 pisos al Ayuntamiento (y otros 900 a la Generalitat desde 2014). Solo desde la semana pasada, los grupos por el derecho a la vivienda agrupados en la campaña Plan Sareb han convocado cinco piquetes stop desahucios en viviendas propiedad de esta sociedad, dos de ellos en Barcelona: la mitad de las 10 viviendas que el decreto establece como límite para definir a una propiedad como “gran tenedor”. “Yo creo que ni lo miran, lo hacen por rutina”, asegura Laura Martín, portavoz del Sindicat de Habitatge del Raval. Según Martín, no se trata de la primera vez que un juzgado no detiene el desahucio por desconocer si la propiedad es o no gran tenedor, si bien precisa que esos otros multipropietarios han sido hasta ahora SL o particulares no especialmente conocidos.

Los agujeros del decreto

La 'anécdota' ilustra uno de los motivos por los que ha estado fracasando el llamado decreto de escudo social del Gobierno de coalición desde su ampliación en enero de este año: la escasa voluntad de muchos juzgados de aplicar esta medida que caduca el 9 de agosto y que prevé la paralización de los desahucios en viviendas de grandes tenedores, cumplidos ciertos requisitos de lo que el decreto llama “vulnerabilidad social” como los ingresos del hogar, ser víctima de violencia machista o presencia de menores o personas dependientes en la vivienda.

En el primer trimestre de 2021, con la ampliación del decreto plenamente vigente, los desahucios registrados en los juzgados subieron un 13% con respecto al mismo periodo de 2020. “O falla la legislación y es imprescindible mejorarla, o la judicatura se la salta y es necesario denunciarlo”, señalaba la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en un comunicado. 

En el caso de Laura, ese fallo del decreto empezó mucho antes de la demanda de la propiedad y de la orden de desalojo. El escudo social aprobado en abril de 2020 preveía la suspensión de los desahucios, pero solo para inquilinos. Su ampliación en enero ya incluía los casos de usurpación, como el de Laura, siempre sujeta a esa valoración sobre su vulnerabilidad social. Llegada la demanda, al menos en su caso el juzgado sí reconoció esa categoría, pero no es necesariamente la situación más común.

“No está más acreditada esta vulnerabilidad [de Laura] que otras que hemos acreditado [y han sido rechazadas por el juzgado]”, señala Martín. Uno de los motivos recurrentes mencionados por la portavoz del sindicat es que en el hogar se esté cobrando la Renta Garantizada (el programa catalán asistencial de renta mínima). “Nos están diciendo que no son vulnerables familias de 4 miembros que cobran 600 euros de renta garantizada”, dice escandalizada.

La misma semana del intento de desahucio en el Raval, la PAH de Terrassa denunciaba la exclusión de la moratoria de una cuidadora con ingresos totales de 700 euros y dos hijos menores. El juzgado consideraba no probada su situación de vulnerabilidad previa entrega de sus nóminas, de un informe médico con la discapacidad de uno de los menores y de un informe de servicios sociales. El caso no era aislado y motivó la presentación de una queja al decano de los juzgados de Terrassa junto con el colegio de abogados y la oficina de defensa del ciudadano (síndic de greuges) de la localidad barcelonesa. Fuera de Cataluña, los desahucios mediáticos de dos familias con menores en el distrito madrileño de Puente de Vallecas también habían sido relacionados por la PAH del distrito con el fracaso del decreto y sus criterios de vulnerabilidad. 

De momento, Laura ha visto detenido su desahucio sin fecha, con una posible negociación abierta con Sareb, uno de cuyos escollos será entrar en los criterios de alquiler social de la entidad, que rechaza todas las solicitudes de personas que viven solas. Y la rueda de desahucios no para: según denuncia PAH Barcelona, esta misma entidad desconocida para el juzgado número 44 de la ciudad quiere desahuciar el jueves 29 a un vecino todavía convaleciente de su operación de corazón abierto.