Sareb
La posible liquidación de la Sareb, en el punto de mira

Colectivos de vivienda y representantes de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración Bancaria (Sareb, más conocida como el banco malo) y del Fondo de Reestructuración Ordenación Bancaria (FROB) se han emplazado, tras un encuentro mantenido este lunes, a una nueva reunión en el mes de junio para tratar la situación de las familias que tienen pendiente la negociación de sus alquileres sociales.

Según han explicado los representantes del movimiento de vivienda de Madrid tras la reunión con los responsables de ambas organizaciones, “el FROB y el banco malo admitieron mala gestión y lentitud en las negociaciones relacionadas con los alquileres sociales”.

“El banco no es capaz de gestionar la situación de las familias que tienen que renovar un alquiler social o con las que tiene que plantearse una regularización”

“Cuando hemos sacado el tema de que la deficiente política social de Sareb está generando una crisis y una avalancha de casos, ha habido un compromiso de sentarnos en junio”, explica Luis Díaz, uno de los integrantes de los colectivos de vivienda que ha formado parte del encuentro. “El banco no es capaz de gestionar la situación de las familias que tienen que renovar un alquiler social o con las que tiene que plantearse una regularización”, continúa, "los casos no se resuelven al ritmo que debería y eso crea situaciones insostenibles”.

Encierro en el FROB

El pasado 24 de marzo los movimientos vinculados al derecho a la vivienda protagonizaron un encierro simbólico en las oficinas del FROB, organismo dependiente del Ministerio de Economía que posee el 47% del capital del llamado banco malo. En la acción de protesta, como presentación del denominado #PlanSareb, entregaron una carpeta con los cien primeros casos de familias por las que se pedía una negociación colectiva de su situación, un número de familias “que ahora son muchos más, después de la incorporación de otras asambleas y sindicatos de vivienda del Estado español”, explica Díaz.

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La iniciativa nace en el marco de la campaña Plan SAREB que exige la mediación del Ministerio de Economía, el Ministerio de Derechos Sociales y el propio Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria en una negociación colectiva que de solución a 95 casos de familias afectadas por la Sareb, cuyas negociaciones están en “punto muerto”.

“Ellos se escudan en que cada caso se trata de manera muy individualizada y hemos planteado la necesidad de un tratamiento colectivo y no tanto un planteamiento asistencialista en torno a criterios de vulnerabilidad a cumplir, sino que tiene que haber un enfoque redistributivo, como sucede en otro tipo de recurso público, en base al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) por ejemplo, y no en base a que tengas un peor cuadro médico o más de tres hijos, motivos de inclusión por renta”, ejemplifica el activista.

Dudas razonables

El llamado de atención viene dado, para los colectivos, porque después de que Europa exigiera al Estado incluir en sus cuentas públicas a la Sareb, trascendió en medios periodísticos la intención de la retirada de los accionistas privados. También por el cambio de presidente de la corporación. “En concreto, está la inquietud ante la posibilidad de que la parte sustancial del parque de vivienda y el suelo de Sareb pasen a manos privadas”, admiten en un comunicado.

“Si los bancos salen van a pedir contrapartidas y esto puede significar, e insistimos en el puede, pero no es disparatado pensar que exista un proceso de liquidación en el que los mejores activos de vivienda acaben en mano de los bancos. Y ni desde Sareb ni desde el FROB nos han dicho claramente que puedn garantizar qué va a pasar con el banco malo en la junta de accionistas que tienen el día 27 de mayo, o que no vayan a tratar la liquidación la semana que viene”, afirma Díaz.

“Desde el FROB nos han señalado dónde están ciertas responsabilidades, a ciertas instituciones públicas, tendremos que ir allí también a que se incorporen a este canal de negociación”

Al respecto, el activista refiere a que desde el FROB “en todo momento” les han remitido a los organismos públicos que integran la Comisión de Seguimiento de Sareb. “Nos han remitido a las instituciones públicas involucradas tanto en la supervisión como en la dirección de las políticas del banco, han señalado dónde están ciertas responsabilidades y tendremos que ir allí también a que se incorporen a este canal de negociación”, ha anticipado Diaz.

Paralización inmediata

Como gesto de buena predisposición y voluntad ante el inicio de las negociaciones, desde los colectivos de vivienda llevaron a la reunión la propuesta de paralización inmediata de los procedimientos judiciales y de desahucio contra los bloques de vecinos adheridos a la campaña. “Se mostraron reacios a paralizar de entrada los procedimientos judiciales y de desahucio existentes contra 10 bloques de vecinos adheridos a la campaña en Villalba, Carabanchel y Puente de Vallecas”, han aclarado desde los colectivos.

Las representantes de la campaña #PlanSareb han valorado en forma positiva la disposición a escuchar por parte de ambos organismos, un espacio de diálogo generado a partir de la movilización del 24 de marzo. No obstante, insisten en la “necesidad de una solución dialogada colectiva a todos los casos reunidos en la campaña, así como en la urgencia de una auditoría pública sobre los recursos disponibles de Sareb y los acuerdos mantenidos por la propiedad con sus accionistas privados, sociedades intermediarias y clientes, y la creación de un parque público de viviendas a partir de los recursos de la entidad”.

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El truco de trilero del Partido Popular ya no cuela. Europa obliga a España a contabilizar las deudas y pérdidas del Banco Malo como públicas y dispara nuestra deuda hasta el 120% del PIB.

La Junta de Accionistas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración Bancaria, que tendrá lugar la semana próxima, será el momento que empiecen a despejarse las dudas sobre el futuro de la entidad y, por ende, sobre la situación de cientos de familias que esperan una resolución de su problemática de vivienda.