Opinión
La reconfiguración del modelo turístico de Bilbao: entre la regulación selectiva y la promoción inmobiliaria

En los últimos años, Bilbao ha intensificado su intervención en el sector turístico bajo un discurso institucional centrado en la “ordenación”, la “sostenibilidad” y la “regularización” de la actividad. Ciertas políticas públicas se presentan como una respuesta a los efectos del crecimiento turístico sobre la población, especialmente ante la saturación del espacio urbano.

Sin embargo, un análisis conjunto de distintas medidas normativas, operaciones urbanísticas y dinámicas de inversión revela una lógica más compleja. Más que una contención efectiva del turismo, lo que se observa es una reconfiguración selectiva del modelo turístico urbano: no se trata de frenar su expansión, sino de orientar qué tipo de turismo se consolida y qué actores económicos salen beneficiados; mientras, se contiene el descontento social y la actividad turística sigue creciendo.

El alcance real de las medidas adoptadas

Una de las que mayor impacto mediático ha tenido es la relativa a la regularización de las viviendas de uso turístico. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bilbao de 2025 introduce una regulación precisa de este tipo de inmuebles: las viviendas de uso turístico (VUT) quedan limitadas a las plantas inferiores de los edificios residenciales y sometidas a condiciones específicas de implantación. En los ámbitos de mayor concentración se imponen restricciones adicionales, como la limitación a un único alojamiento por edificio, la exigencia de accesos independientes o la prohibición de determinados usos turísticos en inmuebles residenciales. La medida se ha implantado bajo un discurso de protección del uso residencial, contención de la presión sobre el mercado inmobiliario y alivio de la creciente tensión en torno al acceso a la vivienda.

Sin embargo, un examen de sus efectos invita a cuestionar hasta qué punto responden realmente a los problemas que dicen abordar. Estas restricciones no aseguran la recuperación efectiva de la función residencial de los inmuebles, cuyo destino sigue condicionado por criterios de rentabilidad y valorización inmobiliaria. Antes que regresar al mercado de vivienda habitual, las VUT pueden reconvertirse en formas de alojamiento más lucrativas, como el alquiler de temporada. A ello se añade que, al carecer de carácter retroactivo, la norma deja fuera buena parte de las licencias ya concedidas.

De hecho, en Bilbao existen actualmente en torno a 1.300 viviendas de uso turístico, una cifra que se ha triplicado en apenas seis años, y muchas de ellas podrán seguir operando pese al endurecimiento normativo. Cerca del 40 % de las licencias se concedieron solo entre 2023 y 2024, lo que evidencia que el crecimiento del sector ya se había consolidado antes de la entrada en vigor de las nuevas restricciones.

En paralelo, las tres diputaciones vascas tramitan la implantación de una tasa turística, un tributo gestionado por los ayuntamientos que prevé gravar entre 0,5 y 7,5 euros en función de la categoría del alojamiento. La medida se defiende como una vía para sufragar los costes que la actividad turística genera en los servicios públicos y el espacio urbano. Sin embargo, su alcance plantea interrogantes relevantes.

El impuesto turístico recae sobre el visitante individual, mientras las grandes cadenas hoteleras y plataformas como Airbnb o Booking permanecen intactas.

En principio, la lógica podría parecer razonable: quien disfruta de la ciudad contribuye a su mantenimiento. En la práctica, sin embargo, la medida no exige una contribución proporcional a los grandes actores económicos que se benefician de la expansión turística. El coste recae sobre el visitante individual, mientras que los agentes capitalistas con mayor impacto sobre el territorio urbano (las grandes cadenas hoteleras o plataformas como Airbnb o Booking) permanecen intactos.

El Gobierno Vasco contempla, además, reservar parte de la recaudación (en torno a 1,5 millones anuales, ampliables a dos) para “impulsar la competitividad y la sostenibilidad del sector turístico”, lo que introduce una paradoja: financiar con recursos públicos al mismo sector que se pretende corregir. Si esa recaudación no se vincula de forma clara a políticas redistributivas que refuercen los servicios públicos, la tasa corre el riesgo de funcionar como un simple mecanismo de financiación institucional, compatible con la continuidad del crecimiento turístico y sus impactos sociales.

Lo que revelan los datos

Mientras estas medidas se presentan como mecanismos de contención y corrección, la ciudad no deja de ampliar el sector. En 2025, un total de 1.396.841 turistas se alojaron en sus establecimientos, cerca de 157.000 más que en 2024: un incremento del 10,5 %.

El crecimiento no es solo cuantitativo, también es cualitativo: el turismo internacional creció un 14 % y ya representa el 52,7 % del total, por encima del estatal. Entre enero y noviembre de 2025 la ciudad recibió 1.301.554 visitantes, un 13,1 % más que en el mismo periodo del año anterior, y rebasó los 2,5 millones de pernoctaciones, con cifras récord en enero.

A esta demanda creciente se suma la ampliación de la capacidad de alojamiento, que ha pasado de 6.399 plazas en hoteles y apartamentos en 2020 a 11.494 en 2024: en torno a un 80 % más.

Este crecimiento no responde al azar, sino a una estrategia activa impulsada por Bilbao Ekintza y el Ayuntamiento, orientada no solo a atraer visitantes, sino a consolidar el peso económico del turismo. El propio alcalde, Juan Mari Aburto, recuerda que el sector ya representa alrededor del 8 % del PIB de Bilbao, lo que confirma su consolidación como motor económico y como eje estructurante del modelo urbano.

La expansión turística, por tanto, no se concibe en realidad como un problema que limitar, sino como un sector que optimizar. Las distintas medidas de regularización y de promoción, que podrían parecer dispares entre sí por el discurso político que las justifica, convergen en una misma lógica. Así lo refleja el Plan de Turismo Bilbao-Bizkaia 2030, que apuesta por reforzar la marca de destino, promocionarse a través de eventos, mejorar el posicionamiento internacional y aumentar el gasto turístico mediante la colaboración público-privada. La concejala de Desarrollo Económico, Empleo, Comercio y Turismo, Kontxi Claver, se jacta de que quien viene a Bilbao repite, bajo el lema de un “«turismo sostenible y de calidad”. Pero la sostenibilidad que se invoca no parece ecológica ni social, sino económica: la que garantiza la continuidad y la rentabilidad del modelo.

Políticas de expansión turística

Una de las formas de promoción más significativas que está tomando forma en Bilbao es el auge del turismo de lujo, diversas operaciones inmobiliarias revelan con claridad el tipo de visitante que la ciudad busca atraer. El caso del Hotel Mazarredo resulta ilustrativo: impulsado por la empresa Intelier, prevé abrir un hotel de cinco estrellas con 63 habitaciones en plena Alameda de Mazarredo. Su desarrollo no ha estado exento de polémica, pues ha implicado el desalojo de más de 200 oficinas y negocios, además de residentes particulares y una residencia de mayores. A ello se suma la transformación del histórico edificio de Correos, un inmueble de gran valor patrimonial adquirido por Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, que prevé reconvertirlo en un establecimiento hotelero de alta gama mediante un cambio de uso orientado a un turismo de alto rendimiento.

Estos procesos se apoyan en decisiones urbanísticas concretas, como la recalificación de suelo o el cambio de uso de los edificios, que permiten adaptar el tejido urbano a las nuevas dinámicas económicas. Otro ejemplo significativo es el del antiguo colegio de las Hijas de la Cruz, en el Casco Viejo, cuya reconversión plantea transformarlo en una residencia de estudiantes. Aunque no se trate estrictamente de un hotel, esta forma de alojamiento temporal se inserta en la misma lógica de intensificación de usos no residenciales en las zonas centrales.

En esta dinámica, el tejido urbano se reacondiciona: antiguos edificios históricos se convierten en alojamiento vacacional para turistas de alto poder adquisitivo, mientras el aumento de plazas dispara la rotación en determinados barrios. Esta transformación, sin embargo, no se limita a la dimensión material de la ciudad: Bilbao también se reacondiciona a través de una cultura concebida como activo económico.

Bilbao Ekintza promociona la ciudad mediante grandes eventos culturales y deportivos. Iniciativas como el BBK Live o la final de rugby proyectan Bilbao a escala internacional y refuerzan su atractivo como destino. Esta mercantilización de la identidad cultural alcanza también al movimiento LGBTIQ+: propuestas como el Bilbao Bizkaia HARRO incorporan la diversidad como atributo de marca y elemento de diferenciación competitiva, y reducen la integración del colectivo a su valor económico.

El perfil del visitante lo confirma. Según los propios organizadores de la final de rugby, cuatro de cada cinco compradores de entradas provienen de fuera, lo que refuerza la idea de que la oferta cultural responde más a una lógica turística e internacional que a las necesidades de la población local. A ello se añade la calidad del empleo que generan estos acontecimientos: el BBK Live, organizado por Last Tour, ha sido objeto de denuncias recurrentes por precariedad laboral, jornadas prolongadas, bajos salarios y falta de formalización de parte de su plantilla.

Mientras se plantea gravar al visitante con una tasa, la FIFA podría quedar exenta de tributación al amparo de un Mundial 2030 que costará unos 50 millones de euros públicos

En la misma línea, el estadio de San Mamés, junto con Anoeta, forma parte de la candidatura conjunta del País Vasco para organizar el Mundial 2030. El Gobierno Vasco negocia con la FIFA las condiciones del evento, que acarreará costes públicos significativos (en torno a 50 millones de euros), además de ventajas y exenciones fiscales. La paradoja es evidente: mientras se plantea implantar un impuesto turístico al visitante, la FIFA, un organismo de capacidad económica abrumadora, puede quedar exenta de tributación al amparo de un macroevento justificado, suponemos, por su proyección internacional y su rentabilidad.

Un modelo urbano en tensión

La consecuencia es una tensión creciente: entre la pretensión institucional de contener los efectos más visibles del turismo, sin renunciar a promoverlo como motor económico, y los impactos sociales y urbanos que de esa apuesta se derivan.

Como se ha señalado, las medidas regulatorias presentan límites importantes. Las políticas de promoción, en cambio, exhiben una notable eficacia: el ayuntamiento celebra récords y apuesta por seguir creciendo en 2026. En paralelo, Etxebide registra 30.590 solicitudes activas de vivienda protegida en el municipio, los hogares arrendatarios destinan de media el 47,6 % de sus ingresos al alquiler y el número de personas sin hogar en Bizkaia se ha triplicado desde 2012. Surge así una cuestión de fondo: ¿cómo se concilia el impulso institucional al crecimiento turístico con el reconocimiento simultáneo de una crisis de acceso a la vivienda?

El Ayuntamiento celebra récords turísticos mientras Etxebide acumula 30.590 solicitudes de vivienda protegida y el número de personas sin hogar en Bizkaia se ha triplicado desde 2012.

La respuesta revela las prioridades del modelo urbano en marcha. No se trata de una incoherencia coyuntural, sino de una tensión estructural: la que antepone los intereses del capital turístico e inmobiliario a las necesidades materiales de la población trabajadora.

Frente a ello, la respuesta social no puede limitarse a medidas de alcance reducido que, más que transformar las dinámicas existentes, sirvan sobre todo para desactivar el malestar sin tocar los intereses económicos que sostienen el modelo. Tampoco basta con señalar la responsabilidad del turista individual: el lema tourist go home reclama a la voluntad particular lo que corresponde a una política social, y acaba desviando la atención del lugar que de verdad importa, esto es, quién controla el suelo urbano y bajo qué criterios se decide su uso.

Si el objetivo es intervenir sobre las causas y no sobre sus capas más superficiales, hace falta pensar medidas capaces de actuar sobre las estructuras que sostienen el modelo. Cualquier propuesta que aspire a un impacto real debe entender el turismo no como un fenómeno aislado, sino como una actividad estrechamente ligada a los procesos inmobiliarios, financieros y urbanos que atraviesan la ciudad. De lo contrario, el problema no se resuelve: simplemente se desplaza.

Conviene preguntarse, por ello, qué lógicas políticas y económicas han convertido el turismo en un ámbito de acumulación de capital difícil de revertir, y qué procesos históricos han configurado esta transformación en Bilbao. Hacerlo implica interrogar al servicio de qué intereses se produce el modelo de ciudad actual, y desde qué formas de organización social y política podría cuestionarse esa lógica.