Derecho a la vivienda
PP y Junts mantienen su oposición a la prórroga de los alquileres mientras el PSOE guarda silencio

Es difícil encontrar una declaración de algún alto cargo del PSOE a favor de la prórroga de los alquileres de dos años aprobada a través de un Real Decreto Ley (RDL) el pasado 20 de marzo. Es difícil encontrarla hasta en el discurso de Pedro Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de ese día. Entonces, el presidente español le dedicó apenas dos minutos de una presentación que duró 50 a la principal medida para hacer frente a la crisis de vivienda de toda la legislatura.

Antes de iniciar estos dos minutos de oro, Sánchez hizo un silencio incómodo, largo para el ritmo del discurso, se mordió el labio y comenzó a hablar a trompicones, trabándose, con una negación improvisada: “En fin, no contamos con el apoyo de todos los grupos para otro segundo Real Decreto que vamos a poner en marcha”.

De esos dos minutos, solo dos frases estaban dedicadas a defender la medida: “Somos conscientes de que no existe una mayoría parlamentaria para su validación, pero no por ello el Gobierno progresista va a dejar de dar una respuesta a la crisis habitacional”. Hacia el final de los dos minutos, el presidente dejó claro, eso sí, que “la vivienda es un asunto fundamental para los ciudadanos y por supuesto también para el Gobierno de coalición”. 

Además de Sánchez, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido el único alto cargo del PSOE que se ha manifestado por ahora en favor de la prórroga de los alquileres. El 30 de marzo, en una entrevista en la Cadena Ser, el vicepresidente primero apeló a “aprovechar” los días que quedan antes de la votación en el Congreso para conseguir una mayoría parlamentaria.

En las redes sociales del Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez, en sus declaraciones de prensa, comunicados y comunicaciones oficiales, la prórroga de alquileres no existe

Las declaraciones de este ministro chocan con el silencio imperante entre el resto de altos cargos del PSOE. El Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, no ha realizado hasta el momento ningún posicionamiento desde el lanzamiento del RDL. En sus redes sociales, en sus declaraciones de prensa, comunicados y comunicaciones oficiales, la prórroga no existe. No es extraño. La ministra Rodríguez se había opuesto en varias ocasiones a esta propuesta que surge de los sindicatos de inquilinos y de Sumar. Según criticaba en enero de este año, la prórroga de los alquileres de la “gran renovación” de 2026 y 2027 aumentaría el problema de oferta de vivienda y generaría “dudas jurídicas”, argumentos calcados a los que está utilizando el lobby inmobiliario en estos días.

La falta de compromiso del PSOE con el decreto de prórroga de alquileres, que el partido de Sánchez metió a última hora y contra su voluntad en el escudo social por la guerra de Irán, se evidenció una vez más en la soledad de Sumar en la ronda de conversaciones que inició con las formaciones políticas de la investidura y con el PP, una invitación que el partido de Alberto Núñez Feijóo ya ha declinado este 7 de abril. 

El investigador del CSIC y autor de Generación inquilina (Capitán Swing, 2026), Javier Gil, sostiene que el PSOE está apoyando esta prórroga “a regañadientes” porque “todo lo que sea avanzar en derechos de vivienda le cuesta mucho”. Según cuenta a El Salto, la “batalla es doble”. Por un lado, hay que presionar a Junts, el PNV y el PP para que se apruebe la prórroga, pero también al PSOE, que “puede hacer mucho más en la negociación con otros partidos”. Para ello, señala Gil, “el PSOE tiene que estar mucho más activo y tiene que convertir esto en una política central del Gobierno”. Y esta prórroga, continúa, no deja de ser una solución coyuntural, un “paso más hacia el objetivo de un alquiler indefinido”, que es el modelo que defienden los sindicatos de inquilinos.

Una “avalancha” de solicitudes

El silencio y la pasividad del PSOE no han impedido que las posibilidades abiertas por el decreto se difundan y ya se haya producido una “avalancha” de solicitudes, según declaraba en rueda de prensa el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, este 8 de abril. 

La página del Sindicato de Inquilinos de Madrid en la que se explica cómo pedir la prórroga y se pueden descargar formularios para solicitarla estuvo caída por el aluvión de visitas; en apenas unas horas más de medio millón habían pasado por ella. Asambleas, artículos en prensa, noticias y debates en televisión y foros de internet han hecho que hasta el ministro de Economía reconociera este 6 de abril que el Real Decreto había experimentado un “desarrollo interesante en estos días”. 

“Es un error pensar que pueden votar en contra sin un alto coste políticos, entre estos 2,6 millones también están sus votantes”, dice el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy

Una encuesta publicada por El Mundo el 4 de abril revelaba que la mitad de los españoles apoyaba la prórroga, incluso uno de cada cuatro votantes de PP y Vox. Cuerpo se mostró esperanzado de que “este tipo de información pueda ayudar” a que se consiga una mayoría suficiente. Hasta llegó a esbozar algún tipo de autocrítica sobre la posición del PSOE: “Yo creo que es algo que todos los partidos tendríamos que empezar a interiorizar para dar también un mensaje de tranquilidad”.

Para Bustinduy, cada día que pasa el conocimiento del Real Decreto es mayor y también el apoyo que genera, también entre votantes del PP y de Vox: “Es un error pensar que pueden votar en contra sin un alto coste políticos, entre estos 2,6 millones también están sus votantes”.

Dentro del gabinete del Gobierno, ha sido precisamente su ministerio el que más se ha movilizado para difundir la prórroga, la necesidad de que los inquilinos afectados la soliciten y que sea defendida también en las calles. El 30 de marzo, Consumo informaba por carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan más de 100.000 viviendas de la obligatoriedad de aceptar las prórrogas solicitadas de los alquileres que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

El Ministerio de Bustinduy también difundió la información detallada sobre el alcance del decreto. Sin contar al País Vasco y Navarra, de las que no hay datos oficiales, más de un millón de contratos y 2,6 millones de personas podrían beneficiarse de la prórroga. En Madrid, podrían acogerse 623.142 personas; en Catalunya, 474.814; y en Andalucía, 360.040.

El lobby inmobiliario ha desplegado su propia campaña con artículos en prensa y abogados en prime time que sostienen que la prórroga solo es válida para “aquellos inquilinos cuyos contratos vencen durante la vigencia del Real Decreto Ley”, una posición defendida por la Agencia Negociadora del Alquiler, entre otras empresas perjudicadas por este decreto. Sin embargo, esta interpretación restrictiva del decreto ha empezado a ser descartada por los propios medios de derecha. El Español recoge el análisis de Mercedes Blanco, CEO de Vecinos Felices y vocal de Pimec en el Consell Assessor de l’Habitatge de la Generalitat: “La clave no está en cuándo vence el contrato, sino en cuándo se solicita la prórroga”.

El análisis de esta abogada es compartido por el ministerio de Consumo, los sindicatos de inquilinos, los gabinetes jurídicos que defienden el derecho a la vivienda y el propio ministro de Economía. Todos ellos coinciden: si tu alquiler termina antes del 31 de diciembre de 2027 puedes pedir la prórroga y tienen que dártela; si tu contrato vence en diciembre de 2027, podrías alargarlo hasta diciembre de 2029 en las mismas condiciones, con una subida interanual del 2%. Eso sí, siempre que lo solicites antes de que el Real Decreto decaiga, en una fecha todavía no definida entre la última semana de abril y la primera de mayo.

El lobby inmobiliario ha desplegado su propia campaña en la que sostiene que la prórroga solo es válida para “aquellos inquilinos cuyos contratos vencen durante la vigencia del Real Decreto Ley”

Para Comisiones Obreras, el RDL tiene “suficiente fundamento jurídico” para que los inquilinos aprovechen la oportunidad de ahorrarse aumentos en el precio del alquiler superiores al 40%, incluso “ante la posibilidad de que determinados propietarios o fondos de inversión impulsen litigios con el objetivo de dificultar su aplicación”. 

Según recuerdan desde este sindicato, la prórroga “no es negociable”, sino que es un derecho que se aplica automáticamente cuando se solicita salvo en las contadas excepciones. Esta posible “litigiosidad” es una de las herramientas que está utilizando el lobby inmobiliario para desanimar una oleada de solicitudes de prórroga. El abogado de CAES Javier Rubio lo resumía así para El Salto: “Esa versión no cuela. Lo que buscan es generar un estado de opinión favorable de sus intereses que reste fuerza a una norma que no les gusta”. Según cuenta en el consultorio publicado en este medio, el efecto de la prórroga es “pleno e inmediato” y si luego el casero decide “incumplir la norma” tendrá que ser él quien tenga que ir a juicio para que se extinga el contrato.

Pese a la creciente aceptación que está teniendo el RDL, Junts mantiene su veto. El secretario general de la formación, Jordi Turull, confirmó este 8 de abril su negativa a apoyar la medida en el Congreso. “Los problemas no se tienen que suspender, se tienen que resolver”, declaró. Los votos que necesita el Gobierno para aprobar la prórroga tampoco parece que puedan venir del PP ni de Vox. Aún así, el ministro Bustinduy se mostraba optimista en la rueda de prensa: “Si los inquilinos piden la prórroga y la defienden esta votación saldrá adelante”.