Derecho a la vivienda
La multa de 3,6 millones a Alquiler Seguro sacude la impunidad de las inmobiliarias para saltarse la ley

Lucía L. vive sola y tiene 82 años. Su casero, después de subirle 300 euros el alquiler, le dijo por teléfono que se buscara otra casa. Cobra 1.800 euros de pensión, en principio una buena suma comparada con otras, pero no para los precios de su barrio en Madrid, de donde no quiere irse. Después de una decena de negativas, consiguió un piso de una habitación por 1.400 euros. La ley de vivienda de mayo de 2023 obliga a los caseros a pagar los honorarios de la inmobiliaria, pero en este caso y tantos otros, la intermediaria añadió en el contrato una “garantía adicional” de 1.400 euros para sufragar los gastos de gestión. Al igual que le ocurre a la mayoría de los inquilinos, poco pudo hacer esta pensionista, convertida en precaria por el precio de la vivienda, ante una verdad evidente: negarse a pagar a la inmobiliaria significaría perder el piso. 

No es un caso aislado. Es la regla. Así lo han denunciado, en acciones en la calle y demandas ante Consumo, los sindicatos de inquilinos y organizaciones de consumidores como Facua, OCU y CECU. Estas denuncias han conseguido prosperar y el 27 de octubre se confirmaba el monto de la sanción que tramite el Ministerio de Pablo Bustinduy contra Alquiler Seguro: nada menos que 3,6 millones de euros por el cobro de comisiones ilegales. 

En total, según la resolución hecha pública por Facua, la empresa habría cometido seis infracciones “muy graves” y una “grave” que vulneran los derechos de los inquilinos. La multa todavía no es firme y debe ser confirmada en los siguientes meses, pero, en caso de seguir adelante, se convertiría en la primera multa millonaria contra una inmobiliaria. 

El cobro de honorarios a los inquilinos es mucho más que habitual. Las tácticas para repercutir a los inquilinos los gastos de gestión son diversas, pero coinciden en el intento de disfrazar estos gastos en partidas que llevan nombres de “servicio de atención al inquilino”, “asesoramiento para las gestiones de cambio de titularidad de los suministros energéticos”, “garantía adicional”, “estudio de solvencia”, “asesoramiento jurídico” o “resolución de siniestros e incidencias”. 

Un “fraude masivo”

En marzo de 2025, el Ministerio anunciaba el inicio de un expediente sancionador contra Alquiler Seguro a raíz de denuncias interpuestas por sindicatos de inquilinos y organizaciones de consumidores contra lo que llamaban un “fraude masivo”. La decisión del Ministerio de Bustinduy, valoraron entonces desde el sindicato de arrendatarios, “abre la puerta a la devolución de millones de euros a las inquilinas que reclamen sus derechos” y ataca una de las razones que hace todavía más inaccesible la vivienda en tiempos de burbuja del alquiler: el lucro ilegal de las inmobiliarias. 

El mismo día que se filtraba la resolución de sanción de 3,6 millones, el Observatori DESCA se reunía con el ministro Bustinduy para plantear diversas medidas para proteger los derechos de los inquilinos, reunidas en un informe realizado conjuntamente. Según este documento, los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato son demasiado a menudo aplicados al inquilino en formato de “servicios o prestaciones adicionales que no pueden ser libremente rechazadas por el arrendatario”.

Las tácticas para trasladar a los inquilinos los gastos de gestión son diversas, pero coinciden en el intento de disfrazar estos gastos en partidas que llevan nombres de “servicio de atención al inquilino” entre otros

Entre las medidas recomendadas por esta entidad destaca el desarrollo de infracciones específicas ante prácticas abusivas como los contratos de temporada en fraude de ley, el cobro de honorarios o la retención ilegítima de fianzas. Otra medida propuesta es la creación de un Registro Obligatorio de Contratos de Arrendamiento, algo que “permitiría mantener un control de las condiciones generales de contratación de los empresarios vinculados a este mercado”.

Cláusulas abusivas

La resolución del Ministerio desestima las alegaciones de Alquiler Seguro, empresa que asegura haber actuado dentro de los márgenes de la ley con unas partidas “voluntarias”, que el inquilino podría rechazar si quisiera. El Observatori DESCA insiste en su informe en la asimetría de poder entre caseros e inquilinos, “la parte más débil de la relación contractual” y un “desequilibrio del poder negociador” que invalida esta voluntariedad de la que habla Alquiler Seguro. 

La cláusula abusiva del llamado “Servicio de Atención al Inquilino” constituye una de las seis infracciones “muy graves” que ha cometido Alquiler Seguro y solo por este caso la empresa debería pagar un millón de euros. “Se impone a los inquilinos un contrato por una serie de servicios que, en su mayor parte, no les reportan ningún beneficio y que solo es una forma de cargar sobre ellos una serie de gastos que debería afrontar el propietario del inmueble”, señalan desde Facua. 

Otra de las cláusulas abusivas señaladas por Consumo es el cargo a los inquilinos de un “seguro de hogar” convertido de facto en obligatorio, un gasto que correspondería en todo caso a los propietarios y por el que Alquiler Seguro deberá pagar otro millón de euros. Otras tres infracciones “muy graves” detectadas por el Ministerio están relacionadas con la imposición de cargos por deudas, reclamaciones judiciales y por introducir una cláusula de autorización para la inclusión en ficheros de morosos y solvencia patrimonial. Estas cláusulas abusivas le costarán a la empresa 1,5 millones de euros. 

Alquiler Seguro es solo una de las tantas inmobiliarias que han sido denunciadas públicamente y ante Consumo por las organizaciones de arrendatarios y consumidores. Tecnocasa o RedPiso son otras de las grandes inmobiliarias que han sido señaladas por cobrar honorarios a los inquilinos saltándose la ley de vivienda. Según cuenta a El Salto el abogado Víctor Palomo, desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid remitieron al Ministerio de Consumo denuncias contra una decena de intermediarias por cobros ilegales de honorarios, pero estas fueron remitidas a la Comunidad de Madrid al tratarse de casos que solo afectaban a este territorio. Tal como recuerda Palomo, Consumo “solo puede actuar cuando el abuso se comete en varias comunidades autónomas”. Desde entonces no se ha vuelto a saber más de estos expedientes en manos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. 

Los bloques en lucha 

La lucha de los sindicatos de inquilinos de Madrid y Catalunya se ha convertido en otro frente en la lucha contra la impunidad de las inmobiliarias y las cláusulas abusivas. El 16 de julio de 2025, el juzgado de primera instancia nº4 dio la razón al Sindicato de Inquilinos de Madrid y a las familias que denunciaron al fondo de inversión Nestar-Azora por el cobro de cláusulas abusivas en sus alquileres.

Los hogares del bloque en lucha de la calle Martín Muñoz de las Posadas (Vallecas) consiguieron, tras un año de huelga de alquileres y una demanda colectiva, que la Justicia declarara como nulas seis de siete cláusulas abusivas presentes en los contratos de miles de familias, marcando un “precedente jurídico” para futuras reclamaciones. Entre las cláusulas anuladas, destaca el cobro del seguro de impago, la penalización triple de la renta diaria para el caso de que no se proceda al desalojo al término del contrato o el derecho que otorgaba el contrato al fondo de inversión a realizar visitas periódicas para comprobar el estado de los pisos. 

En enero de 2023, el Sindicat de Llogaters de Catalunya consiguió vencer al mismo fondo de inversión —el tercer mayor casero de España con más de 10.000 pisos— con una sentencia que consideraba como abusivas y fraudulentas nueve de las diez cláusulas denunciadas. Si el de Catalunya fue la primera victoria judicial contra la inclusión de cláusulas abusivas, el del bloque de Vallecas, en Madrid, fue la primera ganada por un sindicato de inquilinos como representante de sus afiliados, “una nueva estrategia legal para enfrentar de manera colectiva los abusos del sector”.