Los problemas para acceder a una vivienda en alquiler han crecido en el último año como nunca antes lo habían hecho en Galicia. Con el precio medio del alquiler alrededor de los 500 euros en los siete grandes ayuntamientos gallegos, según los datos del Observatorio de Vivienda, y la oferta en esta modalidad en mínimos, la Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Popular, anunció para el último trimestre de 2023 la modificación de las normativas de habitabilidad. Trataba de modificar así la legislación para facilitar que “los bajos comerciales abandonados o sin actividad”, ubicados en zonas urbanas, pudiesen ser reconvertidos en viviendas.

La regulación de los alquileres de la Ley de Vivienda se estrenará en febrero en Catalunya

Martín Cúneo

Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda La regulación de los alquileres de la Ley de Vivienda se estrenará en febrero en Catalunya

Martín Cúneo

El Gobierno central destraba la aplicación de los topes en el alquiler en Catalunya. El Sindicat de Llogaters advierte contra posibles subidas antes de su entrada en vigor.

Iago Carro, del colectivo Ergosfera, un grupo de profesionales de la arquitectura que desarrollan proyectos de investigación e intervención urbana desde A Coruña, contextualiza el problema de la vivienda señalando varios factores. Por una parte, la falta de políticas públicas para incentivar el alquiler por parte de los propietarios privados; la escasez de vivienda pública de nueva construcción y en restauración; la venta de vivienda pública a manos privadas y el exponencial impacto de la vivienda turística en las grandes ciudades. Además, a nivel técnico, critica la ausencia de estudios sobre suelos edificables y sobre vivienda vacía, también el problema de entender la vivienda como un activo financiero o valor refugio, que determina que el capitalismo popular fije el precio medio de los alquileres; y la llegada de fondos buitre y grandes compradores de vivienda que limitan el acceso la este recurso para el resto de la población.

Mientras que entre 2006 y 2007 se levantaron 7.241 viviendas públicas en Galicia, en los trece últimos años de gobiernos de derechas se edificaron solo 6.313

Para entender cómo Galicia puede ampliar en cuatro años en un 50% el parque público residencial, tal como se promete ahora por parte del Ejecutivo gallego, se debe tomar en consideración el historial de políticas públicas en materia de vivienda desde que en el 2009, Alberto Núñez Feijóo ganó su primera mayoría absoluta. Mientras que entre 2006 y 2007 se levantaron 7.241 viviendas públicas, en los trece últimos años de gobiernos de derechas se edificaron 6.313 nuevos hogares con esta condición. Es decir, casi mil viviendas menos en un período 13 veces mayor.

“En 2023, en A Coruña se entregaron, después de muchísimos años sin que se hubiese hecho ninguna vivienda pública, 40 viviendas en régimen de alquiler construidas por la Xunta de Galicia en el barrio de Xuxán. Paralelamente, el Ayuntamiento, que también llevaba un montón de años sin promover, puso en construcción un edificio de cinco viviendas. Estamos hablando de un total de 45 viviendas públicas en régimen de alquiler para una ciudad de más de 240.000 habitantes”, reflexionan los expertos en vivienda de Ergosfera. Explican que, en la práctica, “son medidas anecdóticas que denotan que no se está entendiendo el problema de la vivienda como algo en el que la administración pública tenga que tomar postura”.

Según datos del Observatorio de la Vivienda de Galicia, desde 2014 el importe medio de la renta mensual por año de contrato subió en la comunidad de los 364 euros, a los 511 euros en 2023, poco menos de la mitad del salario mínimo interprofesional. Mucho más si ponemos el foco en las contrataciones a tiempo parcial de las personas más precarizadas del país. Tomando los datos de diciembre publicados por el organismo público, el precio medio de los contratos de alquiler fue de 621 euros en la ciudad de A Coruña, 599 euros en Vigo, 569 euros en Santiago de Compostela y 580 euros en la ciudad de Pontevedra. Alrededor de los 500 euros en Ourense, Lugo y Ferrol, por este orden.

Un fondo buitre contra una nonagenaria: cuando una urbanización de lujo te echa de tu casa

Javier H. Rodríguez

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Especulación urbanística

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Nueve familias se enfrentan a las administraciones gallegas y a un fondo de inversión para salvarse de una expropiación forzosa. La “razón de utilidad pública e interés social” que las desplaza es la construcción de pisos de hasta 800.000 euros.

En enero de 2010, la Consellería de Medio Ambiente del Gobierno gallego le comunicaba a 18 ayuntamientos gallegos que el llamado Plan Sectorial de Suelo Residencial, diseñado por el bipartito de izquierdas en 2008, quedaba sin efecto. Con él, también el objetivo de construir 45.600 viviendas protegidas en 57 municipios entre los años 2009 y 2017. Para el Partido Popular de Galicia este plan era irrealizable y contaba con una fuerte contestación institucional.

Además del acceso, otro problema importante derivado de no contar hoy con un parque de vivienda pública lo suficientemente amplio en Galicia como para poder tener algún impacto en los precios es que no hay un sector público que mantenga la titularidad sobre las obras que promueve. “Con un parque inmobiliario tan ridículo que sólo aspira a ser útil para las capas más desfavorecidas de la población y no para el conjunto de gallegos y gallegas, ni tenemos impacto en el sector inmobiliario ni tenemos capacidad para alojar a la gente que nos pide ayuda”, razonan desde el colectivo dedicado a la intervención urbana.

Ana Pardo, presidenta de la Rede Galega contra a Pobreza (EAPN) y Directora de Provivenda en Galicia, ahonda en esto último cuando dice que los datos de ocupación son mínimos en Galicia a pesar de que sí es esta una preocupación manifestada por el gobierno autonómico y que, por desgracia, se fue generando “un discurso sencillo”, de calado fácil, que fomentó el miedo en la gente. Para su organización, lo interesante del debate sería discernir el reparto de responsabilidades de los actores implicados. “Si una familia no consigue ninguna alternativa. Se ve en la calle. No hay un parque de vivienda pública, ni la ayuda social municipal dispone de cobijo para echar una mano, ¿en qué situación se ven? En la desesperación”, denuncian desde la Rede Galega contra a Pobreza.

“Debemos poner el foco en que las administraciones tienen los medios para dotarse de vivienda social y no estigmatizar a las familias que no la logran”, argumentan desde Provivienda.

“Cuando las administraciones, que son las responsables de garantizar el derecho a la vivienda, no son capaces de dar una respuesta, no creo que debamos poner el estigma en las personas o en las familias. Debemos poner el foco en que las administraciones tienen los medios para dotarse, bien de vivienda social, bien de viviendas de transición en las que las personas o familias puedan reorganizarse, bien de viviendas de emergencia para situaciones límite”, argumenta la también directora de Provivenda en el país. Cuantas más alternativas, mejor, dice Ana Pardo, porque el problema de la vivienda es una emergencia, sentencia la experta, que añade que desde las entidades sociales tienen la sensación de que la responsabilidad se deposita muchas veces en Política Social, y Política Social no es Vivienda: “Es verdad que en un momento determinado la vivienda fue parte de la gestión que se llevaba desde los servicios sociales de las administraciones, pero esa parte ya se perdió y por eso nacieron las consellerías propias de Vivienda y Urbanismo”.

Para Pardo, el Instituto Galego da Vivenda e Solo y la consellería del ramo perciben la vivienda desde una mirada “muy de la estructura”, ocupándose de todo el relativo a la planificación y edificación del bien personal, pero perdiendo la perspectiva del uso social para lo cual está concebida. La presidenta de la EAPN y Directora de Provivenda-Galicia explica que la vivienda está para darle respuesta a la sociedad, a las personas, y que por lo tanto no debería entenderse como capital de especulación: “Cuando se pierde esta otra perspectiva, encontramos que hay grupos de población que observan dificultades para acceder a un techo digno”.

La presidenta de EAPN ponen el ejemplo del Bono de Alquiler Social, que desde la Rede Galega contra a Pobreza valoran positivamente, pero que deposita toda la responsabilidad de conseguir una vivienda en la persona vulnerable: “Se les dice que se le paga al propietario de la vivienda el precio que este estipule, siempre que no supere los 550 euros en las principales ciudades. De nuevo, como nada regula el precio de la vivienda, los precios siguen el alza, y encontrar espacio para una familia por debajo de esta cifra ya sería complicado, pero suelen ser personas que soportan un fuerte estigma social y sobre las que de la igual que les des ayudas económicas directas o avales, que no les alquilan”.

Explica la representante de Provivenda en Galicia que finalmente lo que percibe la persona cuando le caduca la ayuda porque no ha encontrado vivienda es que de nuevo fracasó y que fue ella la que no lo supo hacer. Cuando la realidad es que no. No es viable para ciertos grupos sociales conseguir vivienda: “Sacamos ayudas que sobre el papel quedan muy bien pero luego dejamos toda la responsabilidad del lado de la persona en situación de precariedad”.

“Para la Xunta, las personas antes que ciudadanas, son propietarias”, denuncian desde el colectivo Ergosfera.

El portavoz de Ergosfera lo resume en un tema ideológico de quien gobierna: “Para ellos las personas son antes que ciudadanas, propietarias”. Precisamente uno de los debates contemporáneos en los que se ve la posición de la Xunta, explica Carro, es lo de las zonas estiradas que se definen en la nueva ley de vivienda: “El gobierno gallego habla, casi en términos defensivos, de la posibilidad de regular el precio del alquiler delimitando zonas en tensión, cuando podría tomar esta posibilidad que le brinda el Estado para trabajar e incidir dando solución a un problema”.

Provivenda y la Rede Galega contra a Pobreza han llevado a cabo experiencias piloto innovadoras como es el caso de una familia que fue a vivir la un ayuntamiento próximo a la ciudad de A Coruña, donde la escuela de la localidad estaba amenazada de cierre por falta de alumnos: “Nosotros teníamos una familia con pequeños que vivían en la ciudad de A Coruña pero que no lo estaban pasando bien porque la ciudad es compleja, difícil para integrarse, para acceder a los servicios, etcétera, y la administración municipal nos hizo el acompañamiento in situ”. El ayuntamiento facilitó la integración de la familia en el pueblo, tocó el tejido empresarial hasta conseguir un trabajo para el padre y se movió la opción de la vivienda para poder instalarse. Hoy va para cinco años que esta familia vive en la localidad y está integrada y feliz: “Me consta que tuvieron la posibilidad de volver a la ciudad y no quisieron porque realmente sienten arraigo y agradecimiento a la villa que les facilitó el proceso”. Pardo pone así la nota positiva la una situación que requiere de un abordaje holístico, que entienda la vivienda como parte de una existencia digna de ser vivida.